Salvo cambio de criterio de algún partido mayoritario durante la tramitación, que parece poco probable oídos los argumentos de todas las formaciones, el Congreso modificará la Ley Orgánica de régimen electoral general (Loreg) para que unas 100.000 personas, en su mayoría con algún tipo de discapacidad intelectual que han sido declaradas incapaces por un juez, puedan recuperar su derecho a voto.
No llegarán a tiempo para las elecciones catalanas del 21-D, que se rigen por la Loreg a falta de normativa propia y donde residen 14.650 de estas personas privadas del derecho al sufragio, pero a priori sí para las municipales y autonómicas de 2019.
Según se han encargado de recordar uno a uno los representantes tanto de la Asamblea de Madrid, de donde parte esta iniciativa que el Congreso ha aprobado este martes, como de los partidos de la Cámara Baja, España incumple en la Loreg la convención de de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que el Parlamento ratificó en 2008.
“La ley terminará con una situación de vulneración de derechos humanos y civiles”, resumió la diputada de la Asamblea de Madrid Beatriz Gimeno, de Podemos, quien sostuvo que estas personas han sido privadas del voto “de manera arbitraria”. Todos los partidos que pasaron por la tribuna (PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, Compromís, PdeCat, Foro Asturias) dieron su apoyo a la reforma normativa con argumentos parecidos. El Pleno ha aprobado por unanimidad tomar en consideración la propuesta de la Asamblea de Madrid.
Presentarse sí, votar no
“Es insostenible generalizar estos procedimientos, hay que buscar vías para revertirlo”, opinó Alfonso Serrano, diputado madrileño del PP, quien también planteó alguna duda: “¿Es viable hacer desaparecer decenas de miles de sentencias judiciales con el cambio de una ley?”.
Muchos diputados recodaron una paradoja que se da con el sistema. “La Loreg no impide a un discapacitado presentarse como candidato sin pasar examen alguno”, expuso Mikel Legarda Uriarte, del PNV, haciendo referencia a la práctica de que los jueces hagan un examen sobre conocimientos de política y los partidos a las personas con discapacidad para determinar si pueden votar o no.
“A ningún ciudadano de este país se le exige que explique con qué independencia se vota, ni siquiera hace falta saber leer y escribir”, observó Gimeno el agravio comparativo, a decir de los diputados. En España, una persona con síndrome de Down puede ser concejal (hay varias), pero en muchos casos no puede votar a uno.
Colisión de leyes
En su artículo 3, la Loreg establece que carecerán de derecho al voto “los declarados incapaces en virtud de sentencia firme, siempre que la misma declare la incapacidad de derecho a sufragio”, hechos ambos que en este país generalmente van de la mano. Declarado incapaz, incapacitado para votar.
Pero este artículo contraviene la citada convención de la ONU, que manda a los Estados “asegurar que las personas con discapacidad plena puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás (...) incluidos el derecho y la posibilidad (...) de votar”.
Y cuando hay dos leyes contradictorias prevalece la de mayor rango, en este caso la convención de la ONU, según explica Inés de Araoz, asesora jurídica de Plena Inclusión. Esta colisión normativa es que la pretende subsanar el Congreso.
La idea que subyace detrás del articulado de la Loreg es que se considera, explica Jesús Martín, delegado de Derechos Humanos en el Cermi, que las personas con alguna discapacidad intelectual que han perdido su capacidad jurídica “pueden ser manipuladas” y se les prohíbe votar.