Los seis sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad de Madrid (SATSE, CC.OO., Amyts, CSIT-UP, UGT y USAE) han convocado una huelga general el 26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre en contra del plan de medidas de garantía de sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, en oposición a iniciativas como la externalización de los seis hospitales mixtos de la región.
Según han explicado en una comparecencia conjunta, la finalidad de la huelga es exigir la retirada del plan de medidas de garantía de la sostenibilidad y la derogación del artículo 13.dos 1.2.3. de la ley de modificación de los Presupuestos de la Comunidad para 2012, que “supondrá la pérdida de más de mil puestos de trabajo”.
De hecho, los sindicatos presentes para informar de esta convocatoria de huelga critican la “agresión privatizadora” del sistema sanitario público y la “falta de diálogo”.
El responsable Jesús González (CSIT-UP) ha explicado este viernes que esta convocatoria de huelga afectará a 75.000 profesionales sanitarios y no sanitarios de la sanidad madrileña.
Por su parte, Manuel Rodríguez (CC.OO.) ha afirmado que es la primera huelga general convocada por todos los sindicatos de la mesa sectorial en la historia de la Comunidad de Madrid.
En este punto, se ha referido a la externalización que va a tener lugar en los hospitales de la Comunidad de Madrid y ha considerado que su aplicación puede afectar a 7.000 u 8000 trabajadores, repartidos entre los mil empleados a los que afectó la modificación de los presupuestos de 2012 aprobada este verano y los que se van a ver afectados por el plan actual.
A este respecto, ha indicado que lo que quiere la Comunidad de Madrid es “transformar los puestos de trabajo que hoy tiene el personal estatutario y pasarlos al convenio de residencias privadas que cobran entorno a un 30 o 40 por ciento menos”. “Y ése es el beneficio que se vana llevar empresas privadas”, ha recalcado.
En este sentido, se ha referido a las palabras del presidente regional, Ignacio González, y del consejero del ramo, Javier Fernández Lasquetty, diciendo que se prestará la misma asistencia sanitaria pero con un menor coste y ha aseverado que “es mentira”.
Respecto a este mismo tema, ha afirmado que “quedan 23 años de pago de intereses de los hospitales” y ha aseverado que “no es verdad que la gestión privada sea más rentable y barata que la pública”.
Así, ha resumido que este plan va a tener una “repercusión brutal” en estos seis hospitales que se “privatizan”; en el Hospital universitario de La Princesa, así como en el Instituto de Cardiología.
“Vamos a apoyar cualquier medida que se tome, dentro de la ley, que en defensa de la sanidad publica madrileña y en defensa de las condiciones de sus trabajadores”, ha recalcado y ha dicho que el día 5 “no termina nada”, ya que a partir de entonces, valorarán cualquier otra movilización de los trabajadores de estos centros, porque ellos están para ayudarles.
En este punto, ha considerado que “lo que está en riesgo es el sistema de salud”, que es el “más eficiente y envidiado del mundo” y ha opinado que con estas medidas lo que se busca es “trasladar el negocio de la sanidad a las empresas del sector privado”.
Centros de salud
Por su parte, la representante de UGT, Carmen Medranda, ha destacado que estas medidas también afectan a los centros de salud y a los centros de salud mental, que se “privatizan”.
La representante también se ha referido a cómo van a afectar estas medidas a la calidad en la atención sanitaria para los usuarios y ha señalado que “dudan de que la atención sanitaria a los pacientes que tengan asignados estos centros sea igual a la que se estaba dando”.
En este mismo sentido se ha expresado Ángeles Torres, de USAE, que ha considerado que tras adoptar estas medidas “el sistema no va a ser igual que hasta ahora”.