Los consejeros del PP tumban el plan nacional sobre salud mental pero respaldan las medidas contra el suicidio

El plan de acción de salud mental que este viernes encaraba la última votación antes de aprobarse no ha salido adelante. Los doce consejeros del Partido Popular se han opuesto al texto final aunque sí han respaldado, por unanimidad, el primer plan nacional para la prevención del suicidio. Ambas iniciativas, que normalmente forman parte de una sola estrategia, se han abordado esta vez por separado. Las dos habían recibido el visto bueno previamente de los técnicos de las comunidades.

Sin embargo, la consejera de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha vinculado la retirada del apoyo a última hora a la queja de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), que ha anunciado en un comunicado hecho público esta mismo viernes que se desliga del plan. La iniciativa había sido trabajada tanto con los técnicos de las comunidades autónomas como con sociedades científicas, según se recoge en el documento. “Por mayoría absoluta lo hemos retrasado hasta que los profesionales aporten las mejoras para el tratamiento de los pacientes”, ha dicho Matute.

“No han especificado qué parte del plan no les gusta, se han remitido a una carta de una sociedad científica”, ha respondido la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa posterior a la reunión en la que ha avanzado que el Ministerio devolverá el texto a los órganos técnicos para intentar aprobarlo más adelante “sin inconveniente de incluir algunas de las aportaciones” que ha reducido a “la letra pequeña”. Para García, el plan ha quedado sujeto “al bloqueo caprichoso e interesado del PP” pese a ser “los planes más ambiciosos de salud mental que ha tenido nuestro país”.

Los psiquiatras de la SEPSM aseguran que el Ministerio no volvió a remitirles el documento definitivo del plan tras presentar alegaciones y consideran que el resultado final “no refleja puntos considerados como prioritarios”, como el “aumento de profesionales para atender la creciente demanda”. “El documento final no solo no incrementa el número de profesionales, sino que el indicador que promueve (90 %) supone un decremento del 10 %, toda vez que este último año se ha ofertado el 100 % de las plazas de psiquiatría infanto-juvenil, el 98 % de las de psiquiatría y el 99 % de psicología clínica”, explican en el comunicado.

“Siempre apostamos por el aumento de plazas, quien haya querido tergiversarlo para dedcir que aprieba una reducción o no se lo ha leído bien o tiene mala fe a la hora de hacer esas afirmaciones”, ha replicado García, que ha subrayado que el plan “está consensuado con 32 sociedades científicas, profesionales y asociaciones de pacientes”.

La polémica de la “deprescripción”

Tampoco ha gustado a los psiquiatras que se mantenga el término “deprescripción” de psicofármacos, que ha generado polémica con una parte de los profesionales que no comparten la iniciativa del Ministerio de reducir el uso de estos medicamentos cuando sea posible en favor de otras opciones. “También se deprescriben o desescalan otros fármacos, como los antibióticos, es la vida cotidiana de cualquier médico de Atención Primaria. Los fármacos se ponen pero el problema es que muchas veces no se quitan y la palabra deprescripción alude a eso”, ha defendido la ministra.

Por otro lado, el PP critica que ninguno de los planes, pese a que uno de ellos sí ha sido respaldado, tiene asignada una financiación concreta. García ha rebatido este extremo asegurando que hay al menos 38 millones para el plan de salud mental rechazado por los conservadores y 18 más para las medidas relacionadas con la prevención del suicidio. “Habrá financiación haya o no presupuestos y el reparto de cuantías lo tenemos que aprobar en otro Consejo Interterritorial”, ha añadido. Pese a la oposición, los conservadores dejan la puerta abierta a terminarlo aprobando si se toman en cuenta las demandas de los psiquiatras.

Qué medidas sí se han aprobado

De hecho, esta iniciativa para prevenir un problema de salud pública que en 2024 costó la vida a 3.952 personas en España, según el INE, se ha aprobado por unanimidad. El plan viene a buscar soluciones a varios agujeros detectados en la atención a la conducta suicida: a las instituciones les faltan datos, no existe la continuidad de atención que necesitan las personas en esta situación –tampoc los familiares y amigos– y flaquea la coordinación entre recursos. No solo sanitarios, sino también sociales y comunitarios, a los que este documento sitúa en un lugar más preminente.

Incluye medidas como un Observatorio para la prevención del suicidio para “analizar datos rigurosos y diseñar estrategias efectivas”, ha subrayado García; o un sistema de vigilancia en salud mental, integrando estas dolencias en “los mecanismos de seguimiento y alerta de salud pública para detectar tendencias y responder de manera más ágil y coordinada”. Esta última medida también se contemplaba en el plan de salud mental que se ha tumbado.

Entre las acciones también hay algunas mejoras del teléfono de atencion a la conducta suicida 024 –gratuito y accesible en toda España–, como la creación de convenios con las comunidades autónomas que se pueda dar seguimiento a quienes llaman al recurso en los servicios de salud regionales. Ahora, más allá de las intervenciones de emergencias que pueda realizar el 112 o de la conversación puntual, no una continuidad asistencial. El plan promueve también que las autonomías creen equipos de atención telefónica para situaciones de crisis.