Cuando el Gobierno renunció a la reforma del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, advirtió de que prohibiría la interrupción del embarazo de menores de edad sin el consentimiento de sus padres. Para modificar uno de los aspectos más batallados por el PP de la ley de plazos de Zapatero, la vía elegida por el Ejecutivo fue el anteproyecto de Ley de Protección de la Infancia, que se encuentra en fase consultiva. Pero el Consejo de Estado ha dado por tierra con esa opción. “Una ley ordinaria no puede modificar una ley orgánica”, resumen fuentes de esa institución.
Así que el Gobierno de Mariano Rajoy deberá buscar un plan alternativo al que había anunciado públicamente y que debía completarse en “semanas”, según afirmaba la vicepresidenta del Gobierno el pasado 21 de noviembre. Con esa estrategia en vía muerta, la modificación de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, de 2010, queda en el aire.
Aunque no desaparece de las prioridades del Ejecutivo, como se desprende de las declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros de este viernes. Santamaría, —que ha asumido las riendas de la cartera de Sanidad tras la dimisión de Ana Mato— ha reiterado la intención del Ejecutivo de obligar a las menores a contar con el consentimiento de sus padres para interrumpir sus embarazos. Para ello se buscará “la vía legal” necesaria, ha afirmado ante las advertencias del Consejo de Estado.
Una ley de rango menor
La conclusión del dictamen del Consejo de Estado (no vinculante), que ha adelantado El País, afecta a los propósitos del Gobierno aunque en el órgano consultivo insisten en que no se han referido en ningún momento a la vigente ley del aborto. “En el texto que nos ha enviado el Gobierno no aparece en ningún momento la mención a la ley del aborto y el dictamen no se refiere a esta”, apuntan.
Sin embargo, el anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia sí incluye la modificación de la ley de 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Respecto a esta norma, el anteproyecto modifica el consentimiento de los menores emancipados o mayores de 16 años por la obligación de la autorización de los representantes legales. “El Consejo de Estado lo que ha hecho es recordar que no se puede regular el consentimiento de leyes orgánicas en una ley ordinaria, que las modificaciones solo afectarán a leyes ordinarias”, explican fuentes del organismo.
“Es que es obvio. No se puede modificar una ley orgánica a través de una ley ordinaria, porque tiene un rango de ley inferior”, explican desde la institución. “El consentimiento en una ley orgánica necesita de otra ley orgánica para ser modificado”, insisten.
Muy pocos casos
La vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo obliga a las jóvenes de 16 y 17 años a que informen a sus padres de su intención de abortar, tal y como recoge el artículo 13 de la normativa. Solo cuando “la menor alegue fundadamente que ello [el conocimiento paterno] le provocará un conflicto grave” se prescinde de la información.
Solo 113 chicas de 16 y 17 años de un total de 913 que decidieron abortar entre enero y septiembre de este año lo hicieron sin el conocimiento de sus padres, según un estudio realizado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). Ello significa que casi el 90% de las menores que interrumpieron sus embarazos lo hicieron con el acompañamiento de sus padres.
Con este nuevo contratiempo, uno de los proyectos estrella con los que Rajoy llegó a La Moncloa queda nuevamente congelado. De aquel primer anuncio del hoy exministro Alberto Ruiz-Gallardón de que la reforma estaría lista en otoño de 2012 al retoque con el que la hoy exministra Ana Mato prometía zanjar el tema en pocas semanas, han pasado casi tres años. Mientras tanto, los grupos más conservadores del PP salen a la calle a reclamar “el compromiso por la vida” que el partido llevaba en su programa de Gobierno. Quedan ocho meses para un plan B.