El Consejo Escolar del Estado estudia mañana el proyecto de orden que el Ministerio de Educación ha preparado para regular las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para este curso, y que fija de nuevo que tenga solo finalidad diagnóstica.
Mientras se trabaja en un pacto educativo en el Congreso para consensuar un nuevo texto que posibilite una ley que sustituya a la Lomce, tal y como acordaron los grupos parlamentarios, el Gobierno decidió el curso pasado que la prueba de final de ESO fuera solo de carácter diagnóstico y la de segundo de Bachillerato muy similar a la anterior Selectividad.
Y al igual que en el anterior curso, para este 2017-18 el Ministerio de Educación ha vuelto a preparar un proyecto de orden para regular la prueba de cuarto de la ESO que difiere mucho de lo establecido en la Lomce en cuanto a que fuera necesario aprobarla para obtener el título de Secundaria.
El Consejo Escolar o máximo órgano de consulta educativo para el Ejecutivo estudiará un documento que apenas se diferencia del año pasado. No obstante, en vez de decir que se hará entre mayo y junio se especifica esta vez que se hará “en el último trimestre lectivo del curso 2017-18”.
La evaluación final de ESO “tendrá carácter muestral y finalidad diagnóstica y se aplicará a los alumnos de cuarto curso con independencia de sus calificaciones”; versará sobre competencias matemática, lingüística y social y cívica, teniendo como referencia el bloque de asignaturas troncales cursadas.
La selección de alumnos y centros será suficiente para obtener datos representativos, aunque las Administraciones podrán elevar el número de centros participantes y hacer la evaluación con carácter censal.
Entre las enmiendas presentadas al documento que va a estudiar el Consejo se encuentra una del sindicato de docentes STES, a la que ha tenido acceso Efe, y en la que se ha abogado por garantizar la confidencialidad de los informes por centros, pues argumenta que si la finalidad es la evaluación del sistema educativo en su conjunto, “no se entiende la necesidad de elaborar informes para cada uno de los centros seleccionados”.
Las pruebas tendrán una duración de cuatro días, cinco para las Administraciones con lengua cooficial, y cada una de las pruebas distintas materias tendrá una duración máxima de 60 minutos, con quince minutos mínimo de descanso entre ellas.
Se podrán aplicar cuestionarios de contexto, para los que, según ha criticado la Confederación estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) también a través de una enmienda, se debe asegurar que se realicen en el centro educativo en horario lectivo.
En la prueba podrá haber preguntas de opción múltiple o test pero también semiabiertas (preguntas con respuesta correcta inequívoca pero que exigen construcción por parte del alumno) y abiertas (no tienen una sola respuesta correcta inequívoca y exigen construcción por parte del alumno).
Por otro lado, el Consejo Escolar del Estado también va a estudiar un proyecto de orden por la que se regulan los Premios Nacionales de Bachillerato y las enmiendas y propuestas que han hecho los miembros de este organismo al documento técnico del Informe 2017 sobre el estado del sistema educativo.