Reconocimiento a las medidas tomadas en el ámbito de la violencia de género por parte de la pareja. Y petición de que se tomen más acciones contra la violencia machista en otros ámbitos. Éstas son algunas de las principales conclusiones del primer informe de evaluación de la aplicación por parte de España del Convenio de Estambul (el tratado internacional de referencia en la materia), realizado por el Grupo de Expertos en Acción contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO) del Consejo de Europa.
Así, GREVIO destaca “la sólida agenda” de políticas de las autoridades españolas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y “su papel pionero” al adoptar en 2004 una ley integral sobre violencia infligida por la pareja que incorpora una aproximación centrada en la víctima y en la naturaleza de género de este tipo de violencias. El informe reconoce “las medidas de apoyo y protección a las víctimas que se ofrecen sobre la base de la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los tribunales especializados en violencia contra la mujer, los servicios de salud y las entidades que brindan asesoramiento jurídico a las mujeres”.
El grupo del Consejo de Europa también saluda que “la ley se haya complementado con la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contienen un conjunto de medidas para mejorar las respuestas institucionales a la violencia de pareja”, explica el informe.
Violencia sexual
GREVIO, sin embargo, “expresa su preocupación por que los servicios de apoyo integral a las víctimas y la cooperación entre múltiples agencias en España se han concentrado exclusivamente en la violencia relacionada con la pareja en detrimento de otras formas de violencia, en particular la violencia sexual, el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina”.
“Teniendo en cuenta el alto nivel de autonomía regional y local de España”, explica GREVIO, “el informe lamenta las variaciones regionales en la implementación del Convenio de Estambul, a pesar de las medidas de coordinación adoptadas por las autoridades españolas”.
Como consecuencia, “no se garantizan niveles comparables de protección y apoyo en todas partes, en particular en lo que respecta a las formas de violencia de la pareja no íntima. Muy pocas comunidades autónomas ofrecen servicios especializados para víctimas de agresión sexual y violación, y aún son menos los servicios de apoyo especializados, si es que existen, para mujeres en riesgo o en situación de matrimonio forzado, mutilación genital femenina, acoso, esterilización forzada y aborto”.
En los últimos tiempos, explica el informe, “las interpretaciones del delito de violación y abuso sexual ofrecidas por los tribunales y el apoyo y la protección disponibles para las víctimas de violación han sido ampliamente discutidos por la ciudadanía”.
En este contexto, el informe “observa con preocupación un marcado aumento de las violaciones colectivas en los últimos años, así como que los casos se refieren cada vez más a víctimas o perpetradores menores de edad”.
“El Código Penal se ha sometido y sigue sometiéndose a revisión para adaptarlo a los requisitos del Convenio de Estambul”, afirma el informe: “Sin embargo, en relación a los procesos por agresión sexual y violación, se identificaron varios factores que impactan negativamente en las experiencias de las mujeres víctimas con el sector de la justicia penal. La duración de los procedimientos, la exclusión del uso de pruebas forenses recopiladas sin la orden de un juez, así como el umbral muy alto para probar la violación en los tribunales pueden fácilmente dar lugar a la revictimización de las víctimas y contribuir a bajas tasas de condena”.
“A pesar de la disponibilidad de medidas legales para garantizar la seguridad de las mujeres y los niños víctimas de violencia doméstica”, continúa GREVIO, “las deficiencias en su implementación dan como resultado la custodia compartida y amplios derechos de visita que se otorgan a los perpetradores condenados, y los regímenes de visitas frecuentemente ordenados o mantenidos a pesar de evidencia de violencia y abuso proporcionados por los propios niños o profesionales. El personal de los puntos de encuentro familiar, así como los jueces, a menudo parecen juzgar mal las situaciones de abuso o desconocer la dinámica de género de la violencia de pareja íntima, así como el impacto en los niños de presenciar el abuso de sus madres y el uso de la custodia y las visitas de padres violentos para continuar con el abuso”.
Cuestiones prioritarias
Si bien GREVIO aplaude “los esfuerzos realizados en la implementación del Convenio de Estambul”, identifica una serie de “cuestiones prioritarias que requieren una mayor acción” por parte de las autoridades españolas: “Fortalecer las medidas para prevenir y combatir la violencia que afecta a mujeres expuestas a discriminación interseccional”; “asegurar la asignación adecuada de recursos y su uso por las autoridades regionales, así como desarrollar sistemas de financiación que permitan a las ONG de mujeres desempeñar un papel activo en la prestación de servicios de apoyo”; “reforzar los esfuerzos de formación de profesionales como agentes policiales, trabajadores de la salud y docentes, y evaluar las diferentes capacitaciones disponibles para el poder judicial”; “mejorar la prestación de servicios de apoyo, en particular mediante la adopción de medidas efectivas para garantizar una provisión de alojamiento suficiente”; “reforzar el marco legal sobre violencia psicológica, acoso, violencia sexual, acoso sexual y mutilación genital femenina”; y “garantizar la seguridad de las víctimas” con órdenes de protección que sean “debidamente emitidas por el poder judicial y respetadas por los perpetradores”.
Otra preocupación que presenta el informe de GREVIO tiene que ver con la financiación de servicios de apoyo especializados mediante licitaciones públicas. GREVIO señala que dichos procedimientos “tienden a favorecer al postor más bajo, lo que a veces resulta en que los contratos públicos se atribuyan a empresas privadas no especializadas en servicios de apoyo a víctimas de violencia. Hay preocupación en torno el deterioro de las condiciones laborales en los servicios de apoyo a cargo de empresas privadas”.
“En algunas regiones”, explica el informe, “este problema se ha resuelto regulando la prestación de servicios por entidades sin ánimo de lucro (País Vasco), lo que GREVIO agradece. Sin embargo, representantes de la sociedad civil en otras regiones del país han facilitado información preocupante sobre sus precarias condiciones laborales y de financiación. La reforma a la ley de licitaciones públicas ahora permite que los procedimientos de contratación pública requieran que los licitadores basen su prestación de servicios en un enfoque de género, pero esta reforma aún no ha desarrollado todo su potencial”.
En este sentido, GREVIO “señala la necesidad de garantizar que todos los proveedores de servicios para víctimas de violencia contra las mujeres operen y respeten los estándares mínimos esenciales que han sido desarrollados por el movimiento de mujeres y han sido revisados ​​exhaustivamente en las publicaciones del Consejo de Europa”. Además, el organismo “recuerda que el apoyo y la asistencia óptimos para las víctimas, atendidos a sus necesidades específicas, están mejor garantizados por personal especializado y experimentado con un conocimiento profundo de la violencia de género”.