El Consejo Fiscal ha apoyado por unanimidad la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como ley del “solo sí es sí”, uno de los principales proyectos del ministerio que dirige Irene Montero. Fuentes fiscales han informado a EFE de que el Consejo ha avalado acabar con la distinción entre agresión y abuso sexual, y que todas las violencias sexuales sean consideradas agresión, uno de los cambios de calado de la norma.
El organismo, uno de los órganos consultivos por los que deben pasar las leyes, ha emitido su correspondiente informe tras estudiar el texto, sobre el que sí ha propuesto un ligero matiz en la definición de consentimiento que se propone incorporar en el Código Penal. La redacción actual entiende que “no existirá” consentimiento cuando la víctima “no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto”.
El Consejo Fiscal sugiere modificar esta parte en positivo para introducir la frase “solo se entenderá que existe consentimiento cuando la víctima manifieste libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos” su voluntad.
El objetivo de la parte penal de la norma, que ha sufrido cambios tras las objeciones y aportaciones de asociaciones y otros ministerios, es adaptarse al Convenio de Estambul, que obliga a que la regulación de los delitos sexuales se haga en base al consentimiento y no a otros elementos. Actualmente, para que haya agresión sexual se requiere violencia e intimidación, mientras que si no se dan estos requisitos, el hecho es considerado abuso. La nueva ley termina con esta diferencia, de forma que todo acto sin consentimiento será considerado agresión sexual.
Según adelantó la Cadena Ser, la definición de consentimiento ha generado dudas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), otro de los órganos consultivos. Sin embargo, aún no se ha conocido públicamente el informe definitivo.
Junto a las reformas del Código Penal, la norma inaugura un marco integral de medidas de prevención, atención y reparación de las víctimas. Lo hace al estilo del sistema que ya existe para las mujeres que sufren violencia de género en el seno de la pareja o expareja, y su objetivo es que social, jurídica y legislativamente se considere a la violencia sexual una forma de violencia machista. Algunas de las reformas incluyen formación especializada a todos los agentes que intervienen en estos procedimientos o la implantación de los llamados 'centros de crisis' 24 horas para atender a las víctimas independientemente de que denuncien o no.