El Constitucional rechaza el recurso de Vox y avala que el acoso a mujeres que abortan sea delito

El pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que Vox presentó contra la reforma que convirtió en delito el acoso de grupos ultracatólicos a mujeres que acuden a abortar a una clínica. La decisión se ha tomado con el voto en contra de los cuatro integrantes del sector conservador del tribunal de garantías.

La reforma del Código Penal recibió luz verde definitiva del Senado en abril de 2022. Un nuevo epígrafe en el artículo 172 para castigar con condenas de entre tres meses a un año de cárcel, o trabajos para la comunidad, a quien intente obstaculizar el derecho al aborto de una mujer mediante “actos molestos, ofensivos, intimidatorios, o coactivos que menoscaben su libertad”. La misma condena si se acosa al personal sanitario y no directamente sobre las mujeres que allí acuden.

El Constitucional rechaza el recurso de Vox. Alega la mayoría del pleno que los términos de la reforma legal no son vagas ni imprecisas ni, por tanto, implica consecuencias penales imprevisibles para quien decida hostigar a las mujeres que acuden a estas clínicas. Es un delito que, además, protege un derecho: “La garantía de la libertad de las mujeres para interrumpir de forma voluntaria su embarazo”.

Desde hace años distintos colectivos ultracatólicos han buscado coaccionar a las mujeres que acuden a estas clínicas a interrumpir un embarazo con diferentes métodos: desde rezos multitudinarios en la puerta de los locales hasta apostar ambulancias y repartir folletos informativos con información falsa y sesgada.

Algunos de estos centros, como la clínica Dator de Madrid, han sido atacados en los últimos años y según la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, una encuesta de 2017 y 2018 reveló que más de 250 mujeres de distintos puntos del país fueron acosadas al ir a abortar.

El Constitucional admitió a trámite el recurso de Vox en septiembre de 2022. Un recurso que cuestionaba el único artículo de la reforma al entender que vulneraba varios derechos fundamentales, entre ellos a la libertad de expresión, reunión y manifestación de los grupos ultracatólicos que acosan a las mujeres que acuden a las clínicas a abortar.