Los órganos consultivos a los que el Gobierno está obligado a enviar el anteproyecto de Ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada ya tienen el borrador en sus manos. Al menos dos de ellos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal.
La máxima institución de consulta del Gobierno, el Consejo de Estado, será el último en recibirlo. Según explican en el Ministerio de Justicia, prefieren esperar y ver las recomendaciones que hacen los otros dos órganos, y otras instituciones a las que se ha enviado el texto, por si finalmente se realiza alguna modificación.
Así, el Consejo de Estado tendría un texto más definitivo. En ello se refugiaba otra vez Gallardón ayer para no pronunciarse claramente sobre si estaría dispuesto a considerar la incorporación del supuesto de malformación que sí incluía la ley de 1985.
Y ello no es probable que ocurra hasta por lo menos abril, o incluso después de las elecciones europeas que se celebran en mayo. Aunque los órganos consultivos tienen un mes de plazo para emitir sus informes, pueden pedir prórrogas, y el Consejo Fiscal ya lo ha hecho por una cuestión meramente organizativa: el mandato del actual órgano ha finalizado y el 6 de febrero hay convocadas elecciones para elegir a sus nuevos miembros.
El recuento de votos no se realizará hasta el 14 de febrero y, según señalan fuentes del Ministerio Fiscal, hasta finales de mes no tomarán posesión los nuevos consejeros. Es muy probable que por lo menos hasta finales de marzo o principios de abril no esté listo y aprobado el informe del Consejo Fiscal.
Fuentes del Ministerio de Gallardón apuntan que, cuantos más informes se soliciten, más se alargará el proceso. Según estas mismas fuentes, “todos estos organismos tienen que hacer sus informes y devolver sus aportaciones. Tenemos que estudiar los matices y ver si se hacen o no los cambios que nos propongan. Para que todo eso ocurra, pueden pasar meses”.
El PP también sabe a estas alturas que la ley Gallardón gusta poco fuera, pero también dentro del partido, y que la controversia en torno a una cuestión tan sensible no beneficia de cara a las próximas elecciones europeas.
Cuando en 2009 la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ahora en vigor, fue sometida a consultas, el Consejo Fiscal fue el único que la declaró inconstitucional.
De hecho, en una situación muy inusual, se enviaron al entonces Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero dos informes desde este órgano consultivo. Uno, aprobado por la mayoría –todos, vocales conservadores–, que decía que el anteproyecto era inconstitucional, y otro, que determinaba que el aborto libre dentro de las primeras 14 semanas de embarazo se ajustaba a la Constitución, apoyado por los cinco vocales restantes. De los 11 vocales que formaban ese consejo, sólo había una mujer, Ana Belén Gil Muñoz, del grupo progresista.
Tampoco fue nada usual lo ocurrido en el órgano de gobierno de los jueces, donde por primera vez en su historia el CGPJ no logró ponerse de acuerdo para aprobar el informe preceptivo –aunque no vinculante– del entonces anteproyecto de la ley de plazos. El texto, elaborado por la vocal propuesta por el PNV, Margarita Uría, señalaba que el texto era constitucional. Pero no fue aprobado por el Pleno del Poder Judicial, aunque el texto finalmente se envió al Gobierno.
Un acuerdo difícil
Nada descarta que en esta ocasión vuelva a ocurrir lo mismo, aunque las reglas del juego son distintas. Ahora, tras la entrada en vigor de la nueva normativa que regula el CGPJ, serán dos las vocales que elaboren el informe al anteproyecto, que sólo permite abortar en caso de violación y enfermedad psíquica y física de la mujer, y obliga a ésta a seguir un sinfín de trámites para poder interrumpir su embarazo. El presidente del Consejo, Carlos Lesmes, ya ha designado que sean ponentes Carmen Llombart, del grupo conservador, y Pilar Sepúlveda, progresista.
El CGJP espera que ambas vocales lleguen a un acuerdo y se vote un solo informe pero, de no ser así, serían dos los textos a dirimir, según explican fuentes del propio Consejo. Se prevé que el texto, o los textos, se estudien en el Pleno que se celebrará el 28 de febrero.
En el Consejo de Estado, aunque el texto no es probable que llegue hasta abril o mayo, ya se sabe quién será el ponente del informe: Miguel Rodríguez-Piñero. Forma parte de la Comisión Permanente, encargada de estudiar las leyes orgánicas. Es a estas secciones a donde llegan los anteproyectos en función del departamento que los haya elaborado.
El que fuera magistrado del Tribunal Constitucional y presidente de esa institución está ahora al frente de la Sección Segunda, a la que está asignada el Ministerio de Justicia, junto con Trabajo y Asuntos Sociales. Rodríguez-Piñero es catedrático de Derecho del Trabajo y fuentes jurídicas y del propio Consejo de Estado le consideran de corte progresista.
En 2009 le correspondió a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución y presidente de Alianza Popular –ahora PP–, elaborar el informe. El Ministerio de Igualdad estaba asignado a su sección. Fuentes conocedoras del trámite llevado a cabo entonces explican que fue un texto muy consultado y estudiado por el propio consejero.
El texto, que dice que la ley de plazos se ajusta a la Constitución, fue aprobado de forma unánime por los ocho miembros de la Comisión Permanente. Ahora también forma parte de esa comisión la que fuera seis años vicepresidenta del Gobierno de Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega.
Todos los informes emitidos por los órganos consultivos preceptivos en 2009 recomendaban que las jóvenes de 16 y 17 años infomaran a sus padres en caso de someterse a un aborto, con la excepción de que estas sufrieran desamparo o se dieran especiales circunstancias como malos tratos o abusos en el ámbito familiar. Así quedó incorporado en el texto que el Gobierno envió después al Congreso de los Diputados. La razón no era otra que sumar a favor de la ley los cinco votos del PNV, partido democristiano, que por primera vez no dio libertad a sus diputados para votar respecto al aborto.
Los elegidos con acceso al anteproyecto
Además de los órganos consultivos a los que el Gobierno está obligado a enviar el anteproyecto, el Ministerio de Justicia ha remitido el texto a una treintena de asociaciones y entidades, un trámite que suele efectuarse antes de la elaboración del texto y que en esta ocasión no ha sido así.
El departamento que dirige Gallardón espera ahora los informes de las comunidades autónomas, así como de la Agencia Española de Protección de Datos, del Consejo Nacional de la Discapacidad o del Comité de Bioética, entre cuyos miembros hay varios contrarios al aborto en cualquier circunstancia.
Llama la atención que en el listado de entidades a las que se ha enviado el borrador, facilitado por el propio ministerio, no esté la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), y que la semana pasada publicó una nota de prensa precisamente criticando que no se le haya consultado acerca de la nueva ley cuando es un tema que les afecta muy de lleno y al que pueden aportar “conocimientos científicos y experiencia ante esta realidad social”.
Es especialmente significativo que no se les haya consultado cuando el propio Gallardón aseguró que la legislación respecto a las malformaciones fetales se había elaborado siguiendo las indicaciones del Comité de Bioética de esta sociedad.
Sí han recibido el texto el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y la Organización Médica Colegial o el Consejo General de Colegios de Enfermería.
También ha sido enviado a organizaciones de mujeres como la Federación de Mujeres Progresistas, la Fundación Mujeres, la Comisión de Investigación de Malos Tratos o la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. El texto les ha sido remitido después de que una veintena de asociaciones remitiera una queja por no haber sido consultadas a través del Consejo Estatal de la Mujer, donde están todas representadas, así como exigiendo la retirada del anteproyecto.