Andreas Fernández González murió en abril de 2017 en la unidad psiquiátrica del Hospital Central de Asturias después de 75 horas atada a una cama. Le habían diagnosticado una enfermedad mental, pero tenía meningitis. Su historia salió a la luz gracias a un reportaje de El País. Después, más de 60 asociaciones se sumaron a un manifiesto de repudio por el caso que decía que Andreas, más allá de haber sido tratada de manera supuestamente negligente, “no debería haber sido atada porque nadie merece ser contenido mecánicamente”. Cuestionaban “como tal” una práctica que se realiza “constantemente”.
En las unidades de psiquiatría suele haber, preparadas, correas que se colocan alrededor de las muñecas, tobillos y tórax del paciente y se sujetan con imanes, en principio para casos agudos. En España, según un informe del Comité de Bioética nacional de 2016 que recomendaba la “protocolización” y “humanización” del proceso, recurrir a su uso “es más frecuente que en los países de nuestro entorno”. Nel González, presidente de la Confederación de Salud Mental afirma que es “una práctica demasiado habitual en el ingreso en salud mental cuando el paciente está muy ‘disparado”, es decir, presenta agitación. Lo saben en primera persona por los pacientes y familias que acuden a ellos y, defiende, “no es una terapia y solo añade mayor sufrimiento”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las contenciones mecánicas como “métodos extraordinarios con finalidad terapéutica, que según todas las declaraciones sobre los derechos humanos sólo resultarán tolerables ante aquellas situaciones de emergencia (...) para la vida y/o integridad física del propio paciente o de terceros”. En el informe de 2013 del Relator Especial de la ONU sobre la tortura se recomendaba la prohibición de los métodos tanto de inmovilización como de medicación forzosa, negando cualquier “justificación terapéutica”. En España, está regularizada en leyes autonómicas y guías internas de los centros: en la Comunidad de Madrid, el Plan de Salud menciona aplicarlo en “circunstancias excepcionales”.
Para Nel González, habría tres medidas que tomar al respecto para llegar al objetivo de “tendencia a 0 de las sujeciones. Es imposible que nunca se usen, pero que sea lo excepcional”. La primera razón que describen es la “Falta de recursos. Es la clave. Muchas veces, se hace porque los profesionales no tienen medios y solo así pueden contener al paciente. Jamás se me ocurriría responsabilizar a los médicos o enfermeros”. La segunda, educacional: “Explicar la importancia que tiene, la vulneración de los Derechos Humanos que supone. Formar a los profesionales para que conozcan las alternativas, que haya personal especializado”. Y la tercera, estadística: “Más transparencia. Indicadores que nos digan en qué comunidades y hospitales se realizan más, por ejemplo, que nos permita llevar una registro”.
“No es tan difícil acabar con ello”
¿Y cuáles son las alternativas? “No es tan difícil acabar con esta práctica. Se vende como que sí lo es, y efectivamente no es algo simple porque si no, no se haría, pero con varios elementos comunes en varios países o centros concretos han conseguido que ni se conciba”, contesta Ana Carralero, miembro del colectivo Locomún, que ha suscrito la carta por Andreas y autores de la campaña 0 Contenciones. “Un trato más humano, monotorizar las prácticas, auditorías siempre que haya algún problema, que el paciente dé su opinión... sería el resumen. Andreas también pidió que la desataran y le hicieran pruebas, pero no se le hizo caso”. Sistemas que se han aplicado en sitios como Módena (Italia).
La mayoría de protocolos, también el de la Consejería de Sanidad de Asturias, citan que, cuando se requiera una contención en un estado agudo, primero se aplique la verbal –tranquilizar con palabras al paciente– y luego la farmacológica. “Este es un discurso muy repetido y nosotros pensamos que hay que tener cuidado con él”, aclara Carralero, que también es enfermera y ha trabajado en unidades psiquiátricas. “Parece que sea el curso natural y deseable: primero hablar, luego fármacos y en última instancia, atar. Pero un paciente también puede ver peligroso y humillante que se le medique sin consentimiento, perder la voluntad. Como las cámaras de vigilancia sin consentimiento. Todo eso va en la misma línea que la mecánica. Y no creo que se justifique por la falta de personal porque la correcta aplicación requiere de que haya igualmente gente supervisando siempre”.
Celso Arango, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, sostiene que la contención mecánica como una práctica que “es traumática, debe ser evitada y excepcional. Ha de estar protocolizada y aplicarse únicamente cuando se han agotado el resto de alternativas y el no hacerlo supone un riesgo mayor para la persona y terceros”. Sin embargo, reconoce que “es fácil hablar desde la teoría y decir que no debe haber ninguna sujeción mecánica. Como decir que no debe haber ningún trastorno mental, cáncer de pancreas o pobreza infantil, ¡ojalá! Eso es lo que quisiéramos todos. Pero no se debe confundir lo desiderativo con la realidad del día a día en la práctica clínica”.
Desde la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME), que también firmaban el manifiesto por Andreas, recuerdan que el tema de las contenciones, “recurrente”, también es un problema en geriatría o en urgencias, no solo en salud mental. Para su presidente, Francisco Megías, hay que buscar las “contenciones 0”, “plantearlo como que se pueden recurrir a ellas en última instancia es hacer que escape del control”. Sus soluciones pasan por un Plan Nacional que ponga de nuevo el foco en más recursos para las unidades y, también, las técnicas “de desescalada”.
“Asertividad, comunicación, trabajo en equipo. Que todo el personal esté formado y sensibilizado para abordar estas situaciones y, ante todo, el refuerzo de la plantilla: que nadie se vea solo ante una situación difícil”, describe Megías. El de Andreas ha sido el caso más mediático por extremo, unos llegan a la prensa y otros no, “pero el debate lleva muchos años”. Y añade Ana Carrelero que “es estructural, hay que mejorarlo todo: muchas situaciones que se dan en las unidades son lo que agravan el estado del paciente. Que no se les escuche, por ejemplo, les pone más nerviosos y desemboca en las correas. Pero no hay un interés social, solo se ha avanzado por el movimiento activista. Estos enfermos no le importan a nadie”.