La noticia cayó el miércoles pasado como una bomba en la sede de la Convención de la ONU para el Cambio Climático: Chile renunciaba a albergar la cumbre climática que llevaba organizando desde hace diez meses a falta de 30 días para la inauguración. La secretaria ejecutiva, Elena Espinosa, se enteraba el mismo día que el presidente chileno, Santiago Piñera, hacía público el anuncio. Y no había un plan B.
La prioridad pasó a ser conseguir que la COP25 no se suspendiera. El mensaje, explicaban, habría sido nefasto para los esfuerzos del secretario general de la ONU, António Guterres, que convocó una cumbre en Nueva York el pasado septiembre para exigir a los Estados medidas concretas contra el cambio climático. Tres meses después, la cita para desarrollar el acuerdo internacional para contener el calentamiento de la Tierra se había quedado en el aire.
Se trata de un momento crucial: el año que viene los países tienen que presentar sus planes de acción climática mejorados, según establece el Acuerdo de París. El Panel de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU ha publicado recientemente tres informes alertando de la necesidad de tomar medidas urgentes y de calado contra la crisis climática.
Dejar pasar la cumbre de 2019, más allá de que no sea un encuentro con la agenda más significativa de los últimos años, apuntalaba la postura de dirigentes como el presidente Donald Trump o el brasileño Jair Bolsonaro. De hecho, Brasil había sido la elegida para albergar esta COP y solo tras la renuncia del gigante sudamericano en diciembre de 2018 (pocos días antes de que Bolsonaro jurara su cargo) hizo que Chile asumiera la organización que correspondía a Latinoamérica por turno rotatorio.
Al poco de conocerse el paso atrás de los chilenos surgieron candidatos: Alemania, Polonia y Canadá (a iniciativa de Quebec). La posibilidad de repetir en Polonia (que organizó la cumbre de 2018) dejaba dudas, según fuentes cercanas a la negociación. El país de Europa oriental está en el corazón de la industria minera del carbón para conseguir energía. Y trasladar esta COP de un país latinoamericano del sur a norteamérica también chocaba.
Así, las cosas en el Gobierno español se aceleraron. Menos de 24 horas después del discurso de Piñera, la decisión entre Presidencia y el Ministerio de Transición Ecológica estaba tomada. A mediodía del pasado jueves el plan estaba en marcha y la idea transmitida tanto al Gobierno chileno como a la ONU, según cuentan los implicados. Todas las partes hicieron público el acuerdo, al que solo le faltaba la rúbrica de la oficina de la Convención de Naciones Unidas (UNFCCC).
Aunque la reunión de la UNFCCC para rubricar el cambio de sede estaba prevista para el próximo lunes en Bonn (Alemania), la confirmación oficial no se ha alargado tanto. Este viernes, el secretario de Estado de Energía y Medio Ambiente polaco, que presidió la cumbre climática en 2018, Michal Kurtyka, aseguraba en Twitter que Madrid sería sede y confirmaba las mismas fechas.
La secretaria Espinosa ha informado que la UNFCCC daba el visto bueno a Madrid poco después. La COP25 se celebrará en la ciudad española entre el 2 y el 13 de diciembre bajo la presidencia de Chile. La máxima responsable de la organización del encuentro, Carolina Schmitd, se felicitaba por ello.
Porque, aunque las instalaciones y la logística corran a cargo de España, la agenda, los documentos preparatorios, la estructuración y los temas de la cumbre sigue siendo responsabilidad de Chile. Serán sus equipos los que deban dirigir las negociaciones entre las delegaciones para conseguir sacar adelante una postura de consenso (en estas reuniones no se realizan votaciones y recuentos formales).
Después de conocerse la decisión final, la ministra en funciones, Teresa Ribera, ha dicho que supone “un gran orgullo y responsabilidad poder contribuir a un esfuerzo global” al tiempo que refuerza, ha dicho, “nuestro vínculo con América latina. Estamos trabajando codo con codo con el equipo chileno para que esa cumbre pueda celebrarse con normalidad”. Resta un mes para que casi 200 delegaciones y unas 25.000 personas desembarquen en Madrid. Ribera también ha confirmado que la cumbre será en el recinto ferial de IFEMA.