El Gobierno ha presentado el primer borrador de una ley para blindar la sanidad pública española de nuevos copagos. El Ejecutivo de coalición ya exoneró de pagar una parte de las medicinas a seis millones de personas a principios de año y ahora suma las prótesis ortopédicas entre las exenciones aprobadas para esos colectivos vulnerables (pensionistas con rentas bajas, personas con prestación por niño a cargo o menores con discapacidad), según el anteproyecto de Ley de Equidad, Cohesión y Universalidad sanitarias. Pese a que se han ido dando pasos para revertir la reforma que el PP puso en marcha en 2012 para ahorrar durante la anterior crisis, la eliminación de la gratuidad de los medicamentos durante todos estos años ha pasado una pesada factura, sobre todo a las familias más pobres.
Un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que se han multiplicado por cuatro los hogares a los que estos gastos dejan en la pobreza. Bien porque empeoran aún su situación precaria (0,8%) o bien porque les hacen cruzar el umbral (0,1%). No solo en medicamentos, sino sobre todo en dentista, prótesis o gafas, todo lo que no cubre el Sistema Nacional de Salud. La cifra es pequeña, pero ha escalado de 32.000 familias en 2006 a 150.000 en 2019. Además, otros 150.000 (otro 0,9%) hogares se sitúan “en riesgo de empobrecimiento” tras estos pagos.
El exhaustivo informe, bajo el título '¿Se puede permitir la gente pagar por la atención sanitaria?', presenta la evolución en ese periodo de 13 años de lo que asumen las familias de su bolsillo por la sanidad. En el último año con datos (2019), un 1,6% de los hogares incurrieron en lo que se llama “gastos catastróficos” en salud y en la mitad de ellos (0,8%) esto supuso situarse en la pobreza. Dos de cada tres familias (68%) que tienen que asumir estos elevados pagos para su nivel de renta estaban en el grupo social con menos ingresos. La atención dental y los productos sanitarios, como las gafas o los audífonos, son las principales causas de estos gastos extremos en todos los hogares porque están excluidas en gran medida de la cobertura pública.
La principal conclusión de la investigación es que España tiene un sistema de salud que protege la economía de sus ciudadanos en relación con otros países europeos. Es decir, que las familias no quiebran por pagarse la sanidad como en Estados Unidos pese a que hay algunas lagunas. Pero rascando en los datos se observa la brecha entre los gastos de los más ricos y de los más pobres.
Los que disponen de más ingresos invierten el triple por servicios que no cubre la sanidad pública, pero las familias más desfavorecidas que gastan dinero en medicamentos, dentista, gafas o prótesis son más que en 2006 (un 62% frente a un 52%) y, además, destinan un 50% más de su presupuesto a ello. En el caso de los ricos, el aumento es del 12%. “El gasto directo en medicamentos –que ha aumentado un 50% desde 2006– es una causa importante de las dificultades financieras de los hogares pobres y más aún desde que se introdujeron restricciones en la cobertura a partir de 2012”, señalan los autores del estudio.
Se observa claramente en la distribución del gasto, que se puede ver en detalle en el gráfico de abajo. Las familias del 20% más pobre dedican uno de cada tres euros del gasto en sanidad –es decir, lo que no cubre el Sistema Nacional de Salud– a medicamentos. El porcentaje escaló a su máximo en 2013 (37%), cuando la ministra Ana Mato aprobó el copago en medio de la crisis económica y obligó a las familias a asumir una parte del coste de las medicinas. En los núcleos familiares del 20% más rico de la población, sin embargo, la proporción se reduce a uno de cada cinco euros, pero aún así aumenta casi cinco puntos respecto a 2006, antes de la instauración del copago.
“Una familia con poca capacidad de pago tiene que elegir entre dentista y medicamentos, de manera que deja los dientes para otro momento. En el caso de los grupos poblacionales más ricos, esa disyuntiva no se observa. Eso pone de manifiesto la elevada desigualdad”, explica Rosa Urbanos, presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas) y autora principal del informe. Trasladado a los datos: el porcentaje de personas sin recursos que aseguran no tener sus necesidades de dentista cubiertas se ha duplicado: ha crecido del 6 al 12% de 2006 a 2019. Entre las familias más ricas, esta cifra apenas llega al 1% y no ha variado con los años. El SNS ha aumentado la cobertura en salud bucodental en los últimos años en niños (se cubren endodoncias o empastes), pero en adultos la cartera se limita a extracciones o tratamiento de infecciones.
Por estas deficiencias, entre otros motivos, las desigualdades son mucho más acuciantes en el gasto sanitario que en cualquier otro. “El quintil más rico se gasta ocho veces más en sanidad que el pobre. Es una diferencia muy grande en relación a la brecha que se da en el gasto total: una relación de cuatro a uno”, señala Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de Economía de la Universidad de Las Palmas. Esto se explica, entre otras cosas, porque España es un país con mucho gasto privado en sanidad. Más de uno de cada cinco euros (22,2%) los pone el ciudadano de su bolsillo. Está 13 puntos por encima de Francia y le saca diez también a Alemania. La media de la Unión Europea se sitúa en 17,8%.
Los autores recomiendan nuevos cambios en los copagos, “como la ampliación del tope en función de los ingresos” también a los hogares con parados para reducir las dificultades de las personas más pobres. “Se han introducido los colectivos vulnerables en las reformas y eso es buena noticia. Pero si no topamos los copagos, habrá familias que no cualifiquen dentro de esta categoría que paguen cantidades nada desdeñables para sus ingresos”, concluye Urbanos.