Los jueces de Córdoba deciden paralizar todos los procesos de desahucios
Los jueces de primera instancia de Córdoba han aprobado por unanimidad paralizar todos los procesos de desahucio pendientes en la ciudad, según ha informado el juez decano José Carlos Romero Roa al Diario de Córdoba.
La medida se basa en la aceptación y adaptación del decreto ley aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, según el cual, a partir de la entrada en vigor de la norma, las personas desahuciadas podrán permanecer en la vivienda dos años (hasta el 15 de noviembre de 2014 como máximo). No obstante, la medida no tiene carácter retroactivo, es decir, no afecta a los procesos que ya se han iniciado.
Por eso, la decisión de los jueces de primera instancia de Córdoba es positiva para unas 50 familias que iban a ser desalojadas en el próximo mes y para aquellos para los que hay orden de ejecución sin fecha concreta. Según recoge el Diario de Córdoba, los expedientes en tramitación también serán interrumpidos. De esta manera, los afectados pueden presentar alegaciones para acogerse al nuevo decreto ley, es decir, documentar que pertenecen a los “casos de extrema necesidad” (familias que ingresen menos de 19.000 euros anuales que sean numerosas, monoparentales, que tengan un hijo menor de tres años o a su cargo una persona dependiente, etc.).
Por otra parte, la medida pretende responder a la petición que ha realizado la Plataforma Stop Desahucios para que se paralicen todos los procedimientos en curso hasta que se pronuncie el Tribunal Europeo de Justicia, que actualmente está en proceso de revisión de la legislación hipotecaria española.
Esta misma razón esgrimió, a título individual, una jueza en Tarrasa, que suspendió la ejecución de un desahucio que debía practicarse el 30 de noviembre hasta que el citado Tribunal se pronuncie sobre la adecuación del reglamento al derecho de los consumidores. Este caso fue imitado por un juez en Catarroja (Valencia), quien frenó un desalojo y elevó al Tribunal Europeo una consulta sobre una cláusula del contrato con el banco que podia, a su juicio, ser abusiva.
