El coronavirus amenaza la seguridad alimentaria global

Las crisis económica y sanitaria provocadas por la pandemia de COVID-19 han situado a los gobernantes en la difícil tesitura de equilibrar las restricciones a la movilidad con la garantía del acceso a servicios básicos. Y aunque el mundo no se ha enfrentado a una gran escasez de alimentos, sí se han producido perturbaciones en la seguridad alimentaria internacional.

Esta es la principal conclusión a la que ha llegado un grupo de investigadores del International Food Policy Research Institute (IFPRI), que publican sus inquietudes en la revista Science. “Cuanto más tiempo dure la crisis, más se complicará la situación. La pregunta es: ¿cuánto más podrá aguantar el sistema?”, se cuestiona Rob Vos, director de Mercados, Comercio e Instituciones del IFPRI y uno de los autores del artículo, titulado How Global Responses to COVID-19 Threaten Global Food Security.

Según detalla este investigador a SINC, por el momento no se está produciendo un gran desabastecimiento alimentario. “Lo que sí estamos percibiendo es un aumento significativo de la inseguridad alimentaria”, señala.

Un ejemplo claro de esta tendencia se puede observar en países desarrollados, donde aumentan las colas de personas sin recursos que acuden a los bancos de alimentos y comedores sociales. Las familias afectadas se ven forzadas a modificar sus dietas, optando por productos básicos, más asequibles, pero también menos nutritivos. “La disminución de los ingresos pone en riesgo el acceso a los alimentos”, se afirma en la publicación.

Efectos en los países más pobres

Para los investigadores del IFPRI, la pandemia está afectando a cuatro pilares de la seguridad alimentaria: el acceso a los alimentos, su disponibilidad, su uso y su estabilidad.

En su pronóstico más reciente, el Fondo Monetario Internacional vaticina una caída del 5 % de la economía mundial para este año. A pesar de que sus consecuencias económicas golpean más fuerte a los epicentros de la pandemia (China, Europa y Estados Unidos), también afectan indirectamente a los países con ingresos más bajos mediante la disminución del comercio, la exportación de petróleo y otros productos básicos.

Según el artículo, más de 90 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema. “La gente en extrema pobreza no tiene suficientes recursos para comprar los alimentos que se necesitan para evitar el hambre y la desnutrición”, describe la publicación.

Los investigadores también afirman que los hogares pobres destinan el 70 % de sus ingresos a la alimentación, lo cual provoca que su seguridad alimentaria sea “especialmente vulnerable” ante las perturbaciones en los ingresos.

“Mucha gente va a caer en la pobreza y no podrá comprar alimentos. Antes, las causas que más agravaban este problema eran los conflictos armados o los problemas climatológicos. Ahora es la COVID-19”, sentencia este responsable.

Los cambios en los hábitos alimentarios provocados por la falta de ingresos y de poder adquisitivo son los que más preocupan a los investigadores del IFPRI. “Hemos visto que alimentos como frutas, verduras y carnes se han encarecido, llevando a la gente con menos recursos a decantarse por alimentos más básicos, como el trigo, el maíz o la soja, que proveen de calorías, pero de menos nutrientes”, cuenta a SINC Rob Vos. “Si las personas solo consumen este tipo de alimentos, aumenta el riesgo de sufrir consecuencias adversas para la salud, así como el de contraer la COVID-19”.

Según un análisis efectuado por este instituto en 300.000 hogares, las personas pobres invierten más de una cuarta parte de sus ingresos totales en alimentos básicos, mientras que los hogares no pobres solo gastan el 14 %. 

Mayor riesgo en frutas y verduras

Otro de los problemas que ha generado la pandemia es la disminución de la producción y de la disponibilidad de los alimentos. “En casi todos los grandes países productores, como Estados Unidos, Rusia o los de Sudamérica, las explotaciones de productos básicos están mecanizadas y hay un gran distanciamiento social. En esos casos, el impacto de la COVID-19 no es tan grande”, explica Vos a esta agencia.

“Los problemas —continúa— han surgido donde ha habido más densidad laboral, en zonas donde se trabaja sin distancia de seguridad, principalmente en cultivos de frutas y verduras”, detalla el investigador. Es en centros de producción en los que se requieren manos humanas donde se han concentrado un número mayor de brotes. Precisamente, este factor ha incidido en la falta de disponibilidad y la subida de su precio de sus productos.

Según el artículo, más de 30.000 trabajadores en plantas procesadoras de alimentos han contraído la COVID-19 solo en Europa y en Estados Unidos, perturbando gravemente las cadenas de suministro.

Las restricciones a la movilidad, presentes en casi todos los países, también ha provocado un efecto negativo sobre la alimentación. A pesar de que los gobiernos reaccionaron rápidamente dando una prioridad alta a garantizar la producción y el aprovisionamiento de alimentos básicos, las cadenas de valor alimentarias tradicionales se han visto superadas. Uno de los mayores males que ha generado ha sido el desperdicio de alimentos.

“En muchas zonas de África, donde no disponen ni de sistemas de almacenamiento ni de transporte refrigerado, solían realizar los transportes por las noches, para no estropear los alimentos. Estos meses, con toques de queda, no les ha quedado otro remedio que efectuarlos de día, provocando que se desperdiciara una gran cantidad de comida”, ejemplifica el investigador a este medio.

El miedo a abrir las fronteras

El cierre de las fronteras comerciales también ha generado desestabilizaciones en el precio de los alimentos. Mientras que en España, según datos del IPC, casi únicamente ha subido el precio de frutas, verduras y hortalizas, en los mercados internacionales productos como el arroz aumentaron su precio alrededor de un 20 % durante los cuatro primeros meses del año. Este efecto, aunque en ocasiones puede beneficiar a los agricultores, “tiende a perjudicar a todos, porque induce a la incertidumbre en el suministro, eliminando las inversiones que puedan mejorar la productividad o la calidad de los alimentos”, explica el informe.

Al igual que ocurre en España, muchos cultivos se mantienen gracias a la mano de obra procedente de otros países. Mientras que en nuestro caso lo hacen desde el norte de África o Sudamérica, En Estados Unidos lo hacen desde México y otros países del centro de América.

“Al llegar la COVID-19, 40 millones de personas perdieron sus trabajos en Estados Unidos, pero no se ofrecieron para trabajar en los campos. Los campesinos, que estaban desesperados, presionaron mucho para que los trabajadores de Centroamérica pudieran acceder al país. Estos trabajadores no tienen buenas condiciones laborales y, por ello, se están infectando”, narra Vos. “Cuando hay una recesión económica, es típico que haya quejas sobre la población inmigrante. Varía poco de país en país”, considera.

Para paliar estos problemas, los investigadores del IFPRI coinciden en que las soluciones pasan por asegurar la producción y distribución de alimentos garantizando la seguridad de los trabajadores. El cumplimiento de estas medidas depende de recursos económicos. “Será importante que los países de altos ingresos y las organizaciones internacionales contribuyan tanto como puedan para apoyar a los países pobres con necesidades financieras”, aseguran.