Centenares de muertos. Decenas de miles de aislados. La epidemia de coronavirus ha golpeado con especial fuerza a las residencias de mayores. A lo largo de todo el país, en estos centros se ha creado un cóctel nefasto de población vulnerable y deterioro acumulado del sistema que los ha dejado casi inermes ante la llegada de la COVID-19.
En Madrid, Catalunya, Galicia, Comunidad Valencia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Euskadi... en todos lados, la entrada del virus en residencias ha sobrepasado a los gobiernos autonómicos, encargados de la gestión de estos centros. Tanto que, en bastantes localizaciones se han mostrado incapaces incluso de recopilar datos precisos. Basta ver el caso de la Comunidad de Madrid que solo ha podido informar sobre el volumen general de fallecimientos en sus residencias durante el mes de marzo, más de 1.000 personas, pero no puede atribuir la causa de la muerte. Muchos serán con COVID-19. ¿Cuántos? Imposible saberlo.
Lo que sí da una dimensión clara de la extensión de los brotes entre mayores en Madrid es el número de personas aisladas en los centros para evitar más contagios: casi 15.000, lo que supone un 40% de todos los usuarios de este servicio. Los primeros focos en la comunidad autónoma se registraron en la residencia de la Paz en la capital y en un centro de día de la localidad de Valdemoro. Esto puede haber influido en la alta tasa de letalidad que viene registrando la región, según ha apuntado el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
El problema en Madrid ha alimentado la disputa entre las consejerías de Sanidad y Asuntos Sociales (gestionadas por el PP y Ciudadanos respectivamente en un gobierno de coalición). La presidencia del Ejecutivo anunció que medicalizaría las residencias hace 15 días, pero hasta este jueves no adjudicó las competencias para dotar de recursos médicos a estos inmuebles.
“Se ha impuesto un modelo hostelero de bajo coste”
“En todo el país, se ha impuesto un modelo hostelero, de bajo coste, sobre otro de carácter socio-sanitario”, reflexiona, Javier Garzón de la plataforma Marea Residencias, que viene denunciando desde hace años el deterioro del servicio. “Eso ha permitido entrar a grandes grupos empresariales en un modelo básicamente privatizado”, aduce para explicar por qué la epidemia ha incidido en un sector ya depauperado en cuanto a plazas, material y profesionales que dan el servicio.
La COVID-19 está teniendo una expansión entre la población general con diferentes calendarios según cada comunidad autónoma. Madrid y Euskadi fueron las primeras. Ahora los contagios se multiplican rápido en Catalunya y Castilla-La Mancha. Sin embargo, uno de los denominadores comunes a todo el país está en el daño que está infligiendo al grupo de personas de más edad (más expuestos a la acción vírica) que viven juntos: un caldo de cultivo para los contagios entre residentes y profesionales.
Después de Madrid, la mayor progresión de la epidemia se está produciendo en Catalunya. Allí, uno de cada cinco fallecidos por el coronavirus era una persona mayor que tenía registrado su domicilio habitual en una residencia de ancianos. Más de 150 hasta ahora. Cuatro centros han asegurado este viernes que han llamado directamente a la Unidad Militar de Emergencias tras no recibir respuesta de la Generalitat.
La actuación más contundente de la administración autonómica ha sido en Valls (Tarragona), donde la Generalitat ha intervenido una residencia privada y ha sustituido a sus empleados tras detectarse 10 casos de coronavirus. Por otro lado, los fallecimientos de al menos 25 ancianos en dos residencias de mayores de Olesa de Montserrat y Capellades (Barcelona), municipios próximos al foco de coronavirus detectado en Igualada, han motivado que la Fiscalía investigue las circunstancias de los decesos.
Este viernes, la Junta de Castilla y León ha desalojado una residencia en Adrada de Haza (Burgos) y trasladar a los internos por otras tres provincias al constatar que el centro no tenía personal para atenderlos: dos profesionales para una treintena de personas. En Castilla y León, el 40% de los más de 4.100 fallecidos estaban en las 810 residencias públicas y privadas. El foco más preocupante está en la Casa de la Beneficencia de Valladolid que, este viernes, había certificado 12 fallecimientos desde que se decretó el estado de alarma.
Información errática
La información sobre lo que está ocurriendo dentro de muchos centros escasea. Si los trabajadores de la residencia madrileña Orpea-Loreto denunciaron hace una semana que se ocultaban allí hasta 16 muertes, en Castilla-La Mancha tampoco se ofrecen datos sobre fallecimientos. En esa autonomía, la epidemia se ha acelerado y, una vez más, muchos servicios de mayores ya están inmersos en el problema: más de 100 residencias (de 400) tienen contagios confirmados con cerca de 400 personas positivas. En la residencia de Tomelloso (Ciudad Real) se han registrado 15 muertos y en la Núñez de Balboa de Albacete otros nueve.
En Euskadi el Servicio de Salud no facilita los datos completos. En el País Vasco unas 20.000 personas viven en residencias. Sí se han confirmado 24 fallecidos (23 de ellos en el foco inicial de Álava) y unos 300 contagiados. El peor punto se ha concentrado en la residencia de Sanitas en el barrio vitoriano de San Martín: lleva en cuarentena desde el 8 de marzo.
En Bizkaia, la Diputación Foral tiene registrados casos en 21 centros, el 13% de todos los de la provincia. Ningún territorio se salva ya que, en Gipuzkoa, una residencia de Iurramendi (Tolosa) bordea los 40 enfermos de los 56 de todo el pueblo.
En Navarra se ha constatado la llegada del virus a 15 centros de mayores distintos. En la Casa de Misericordia de Pamplona se detectó un caso positivo (que acabó falleciendo el jueves) y otros 71 internos con síntomas lo que hizo que se tomaran medidas de aislamiento para todos los residentes en sus habitaciones y se dedicara una planta completa de edificio para para los casos positivos que pudieran presentarse. La vida en los centros queda trastocada: muchos trabajadores han decidido confinarse en los centros para minimizar el riesgo de contagio. Unos 86 profesionales están de baja por haber dado positivo por COVID-19 o tener síntomas en esa comunidad.
En la Comunidad Valenciana se han encontrado con un foco muy activo en una residencia de Alcoi que contabiliza casi el 50% de los fallecidos en este tipo de centros (26 de los 46 registrados hasta el 27 de marzo). Pero hasta 49 residencias están lidiando con la entrada del virus en sus instalaciones. Más de dos centenares de residentes han enfermado y, una vez más, los profesionales se ven superados por la avalancha de enfermos: docenas de trabajadores han contraído la enfermedad. Torrent, Vila Joiosa, Petrer, La Nucia, Morella, Moncada, Ataquàs y Valencia han registrado residentes fallecidos por coronavirus. La situación ha hecho que la Consellería de Sanidad haya enviado 83 inspectores a otros 285 centros que todavía no han reportado casos de coronavirus para constatar los protocolos de prevención.
También en zonas con menos casos
Las comunidades autónomas cuyo volumen de casos totales todavía está contenido no se ha librado de que sus residencias pasen dificultades.
En Andalucía (con el 5,9% de contagios de España: algo más de 3.700) la Consejería de Salud ha registrado 192 casos positivos por coronavirus entre los mayores que viven en residencias. Suponen el 5%. Otros 3.675 presentan síntomas, pero se encuentran en aislamiento a la espera de someterse a los test. En los centros residenciales de mayores existen 85 trabajadores confirmados como casos positivos que ya no están en su puesto de trabajo. Otros 477 empleados son casos bajo sospecha.
En la Región de Murcia (1,1% de coronavirus en España), el Gobierno autonómico ha tenido que intervenir y hacerse cargo de cinco centros de personas mayores ya que “casi el 100% del personal”, según la Consejería de Salud, se ha visto afectado por la COVID-19. El punto más golpeado ha sido la residencia Caser-Santo Ángel que se vio desbordada con más de 65 contagios y cinco fallecidos. Hasta nueve residencias en la Región de Murcia tienen contagios confirmados y el 20% son profesionales a cargo de las personas mayores.
Las residencias de mayores de Cantabria (el 1,3% de casos) no se han librado. Una decena de centros se han visto afectados y contabilizan un total de cinco fallecidos, además de cerca de un centenar de usuarios contagiados, según las últimas cifras oficiales proporcionadas por el Ejecutivo autonómico.
El coronavirus está dejando obsoletas las formas de funcionar y organizarse allá donde irrumpe. El Gobierno cántabro planea abrir una nueva residencia en Meruelo, dotada con 60 plazas, para trasladar allí posibles casos de coronavirus y se ha abierto una bolsa de personal para ir reponiendo las plantillas que están muy mermadas por los positivos que obligan a hacer cuarentena al personal.
La Xunta de Galicia, por su parte, tardó cinco días en actuar en el foco de la residencia San Carlos en Vilanova, donde 13 internos y 14 trabajadores estaban contagiados. Los profesionales habían lanzado un grito de auxilio al verse desbordados: “Necesitamos ayuda”, clamaron.
En Galicia, con una población altamente envejecida, son nueve los mayores fallecidos con coronavirus que vivían en una residencia en la comunidad. Los casos suman 183, entre personas usuarias y trabajadoras, y se expanden por 19 residencias. Además de la de Celanova, hay dos centros que son un gran foco de coronavirus, las dos de la empresa DomusVi situadas en Vigo y Santiago, con 46 casos y una muerte y 25 positivos y tres fallecimientos, respectivamente.
La atención a los mayores en esta comunidad se encuentra de manera muy acusada en manos privadas. 17.000 de las más de 22.000 plazas en residencias se encuentran fuera del sector público. Y fue precisamente en un centro privado, el San Carlos de Celanova (Ourense), donde le explotó la situación a la Xunta de Alberto Núñez Feijóo cuando una residente falleció y 13 ancianos y 14 trabajadores dieron positivo. El Gobierno gallego tardó cinco días en ofrecer una solución. Más de una semana después, los casos de coronavirus en este centro afectan ya a 46 de 54 residentes y a 18 de 23 empleados.
Con la llamada desesperada de las trabajadoras que quedan para atender a los mayores, la Xunta de Galicia anunció la apertura de dos residencias integradas en el sistema sanitario para trasladar allí los ancianos enfermos. Tras señalar al Gobierno central, este viernes , Feijóo ha reculado: “El mercado está complicadísimo. Entiendo las dificultades del Gobierno de España”. Las circunstancias que rodean la crisis del coronavirus mutan a toda velocidad.
“Las residencias no son de mayores. Son de dependientes. Si las administraciones favorecen la autonomía personal con, por ejemplo, un buen servicio de atención a domicilio, se retrasa la llegada a una residencia 4 o 5 años. Pero se ha pervertido el sistema y se convierten en guetos no preparados”, remata Garzón. “Las residencias son noticia cuando pasa algo. Luego vuelven al olvido”. Este viernes, una residencia en el municipio de Fasnia (Tenerife) ha sido noticia: ha fallecido uno de sus internos por coronavirus. Es el primero registrado en las Islas Canarias que, hasta ahora, había esquivado el golpe.
Elaborado con la información aportada por: Gonzalo Cortizo, Oriol Solé, Carmen Bachiller, Laro García, Javier Ramajo, Santiago Cabrera, Iker Rioja, Rodrigo Saiz, Miguel Giménez y Ángel Villascusa.