Las comunidades empiezan a moverse ante el repunte de contagios. Con un nivel de incidencia de 96 casos por cada 100.000 habitantes y el 79% de la población vacunada, la situación dista mucho de la que vivíamos hace un año. Pero la tendencia se acelera hacia arriba y las autoridades buscan herramientas para contener el avance de los casos sin tener que decretar restricciones que vuelvan a limitar la vida de toda la población. El pasaporte COVID ha vuelto a emerger en este contexto como una posibilidad a la que recurrir para, por un lado, centrar las exigencias en los no vacunados; y, por otro, tratar de incentivar que los rezagados se vacunen. La cobertura en España es envidiable –mucho mejor que en los países europeos– pero parece estancada.
Euskadi ha pedido autorización judicial de cara exigir certificado de vacunación o una prueba negativa para entrar en restaurantes o en el ocio nocturno en un viraje de última hora de su postura. Castilla y León también ha anunciado que va a plantearlo porque “no queremos cerrar”, dijo la consejera de Salud, Verónica Casado. La Comunitat Valenciana, Aragón, Andalucía, Navarra y Canarias también lo están sopesando.
Galicia y Catalunya lo tienen actualmente en vigor para el ocio nocturno, pero quieren ampliarlo. La Xunta, a las visitas en los hospitales; el Govern todavía no lo ha concretado, pero anticipa “escenarios complicados” de cara a las próximas semanas tanto por el puente de la Constitución como por las Navidades y cree que ampliar el uso del pasaporte a otros recintos como restaurantes y gimnasios podría ser una manera efectiva de evitar nuevas restricciones, informa Pol Pareja. El TSJ de Murcia, tras la solicitud del Gobierno de López Miras, también lo avaló para las discotecas.
Los gobiernos regionales son autónomos para exigir un certificado de vacunación o una prueba negativa en el interior de locales públicos siempre que lo autoricen los tribunales. Las limitaciones las marcó el Tribunal Supremo para el caso de Galicia, pero es aplicable a todos: la implantación del pasaporte debe estar acotada en el tiempo y en el territorio.
Sin embargo, ya hay presidentes autonómicos que presionan al Ministerio de Sanidad para que la medida se pueda implementar con su visto bueno sin necesidad del paso previo por los tribunales. “Facilitaría mucho su posible aplicación por cada comunidad autónoma”, señaló el socialista Javier Lambán, cuyo gobierno ya solicitó sin éxito en el pasado la autorización al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. No es la primera vez que ocurre. Tras el fallo del Supremo a mediados de octubre, las comunidades gobernadas por el Partido Popular llevaron este mismo reclamo al Consejo Interterritorial de Salud. “Seguimos en las mismas, se requiere autorización judicial para limitar derechos fundamentales”, respondió en aquel momento la ministra Carolina Darias.
Efecto arrastre de la medida: una comunidad la pone y otras la siguen
La posición de Sanidad no ha variado demasiado desde entonces, aunque Darias admite ya que es un “camino abierto” para los gobiernos regionales, según sus últimas declaraciones en un acto celebrado en Canarias. Los epidemiólogos avistan, con los anuncios de los últimos días, un efecto arrastre del pasaporte COVID en muchas comunidades. “Es el otro contagio que hemos vivido en la pandemia: una comunidad toma una medida y se extiende en las demás”, explica Pedro Gullón, epidemiólogo y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares.
¿Pero es esta herramienta útil para contener el avance de los contagios? Gullón considera que es un “poco limitada con transmisión comunitaria y un alto porcentaje de población vacunada”. “Aunque los no vacunados tengan más posibilidades de contagiar el virus, son pocos y, por tanto, también hay contagios entre vacunados. Si restringimos las actividades solo al primer grupo, dejamos toda la transmisión entre vacunados circular, aunque sea más difícil. Por eso no tengo claro que esta medida consiga contener una ola, pero es evidente que es más fácil de aplicar y no tiene externalidades (consecuencias)”, observa. Y añade: “Nadie quiere volver a restricciones. Ante un aumento de la incidencia, si lo ponemos en términos absolutos, el impacto hospitalario es muy pequeño, pero hay que estar preparados”.
Antoni Trilla, jefe de medicina preventiva del Hospital Clínic de Barcelona, opina que el “riesgo de infección no es cero pero se reduce mucho” si se pide certificado de vacunación o prueba negativa para espacios donde pueden darse “eventos diseminadores”, es decir, que un solo caso puede contagiar a muchos. “Si estamos todos vacunados todavía nos podemos contagiar pero es más improbable”, aseguraba en una entrevista en La Sexta.
Los técnicos de Sanidad no mencionan el certificado COVID en el nuevo documento –aún en fase de borrador y con mucho debate por delante– para guiar las restricciones en función de una serie de niveles de riesgo de la pandemia, medidos a través de diferentes indicadores epidemiológicos y asistenciales (incidencia, camas UCI, positividad...), salvo en el caso de eventos multitudinarios.
Según el CIS publicado este miércoles, el 46% de la población sería favorable a que la vacuna fuera obligatoria y casi uno de cada cuatro a la exigencia del pasaporte COVID
El texto se debatió este martes en la Comisión de Salud Pública, donde están representados los directores generales de todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, y terminó devolviéndose a la Ponencia de Alertas (los técnicos del Ministerio) tras constatarse discrepancias. Para determinados niveles de riesgo se recomienda limitar los horarios de la hostelería e incluso cerrar los interiores, un coste que algunas comunidades no están dispuestas a asumir con la población vacunada pues eso en principio no pone en peligro la capacidad de respuesta de los hospitales. La inmunización protege precisamente de enfermar con gravedad o morir por el SARS-CoV-2.
El otro objetivo del pasaporte COVID es incentivar a la gente que aún no se ha vacunado a hacerlo, aunque sea solo por evitar las molestias que supone hacerse un test para entrar en un bar. Gullón manifiesta “dudas” sobre si realmente va a animar a esa parte de la población no inmunizada “porque o tienen mucha reticencia o dificultades severas de acceso” y predice aumentos “marginales” porque la cobertura es ya muy alta. “Si tuviéramos más gente sin vacunar podría ser mejor estímulo, pero en todo caso y a estas alturas ya tenemos claro que no hay medidas absolutas que siempre funcionan o nunca funcionan”, zanja el epidemiólogo.
La última ronda del estudio que monitoriza el comportamiento de la población respecto a la COVID-19 en España (COSMO-SPAIN) revela que solo hay un 5% de encuestados que dice no querer vacunarse. El 51% asegura que el motivo es que puede tener riesgo para su salud y el 36% piensa que la vacuna no será eficaz. Otra razón es considerar que hay pocas posibilidades de contagiarse. Según el CIS publicado este miércoles, el 46% de la población sería favorable a que la vacuna fuera obligatoria y casi uno de cada cuatro a la exigencia del pasaporte COVID.