El número de plazas en residencias de mayores ha superado el estancamiento que sufrió con la pandemia, pero aún no es suficiente para cubrir las demandas de la lista de espera de la dependencia. Faltan al menos 30.000, según las estimaciones de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en un nuevo informe, para atender a las personas con un grado II o III (los más severos) que tienen derecho a esta prestación. El sistema, además, precisaría de 85.814 en total para llegar a la ratio de cinco camas por cada 100 personas mayores de 65 años.
Para llegar a estos datos, la asociación toma las cifras que ofrece mensualmente el IMSERSO sobre el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD): “En diciembre de 2023 había en lista de espera de ser atendidas 71.776 personas con grado II y III, más 61.721 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 133.497 personas, de las cuales, aplicando también los porcentajes actuales de personas atendidas, un 26,3% de los grados III y un 16,3% de grado II demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o una prestación económica vinculada a ese servicio”.
El informe se ha conocido unas semanas después de que el Ministerio de Derechos Sociales anunciara su intención de aumentar su aportación a la financiación de la atención a la dependencia hasta los 4.000 millones de euros a lo largo de la legislatura. El objetivo, avanzó la secretaria de Estado, Rosa Martínez, es alcanzar una cofinanciación con las comunidades autónomas del 50%.
El Ejecutivo de coalición aprobó en 2020 un plan para aligerar las listas de espera que suponía la inyección anual a las comunidades autónomas de 600 millones de euros para 2021, 2022 y 2023. Con los planes de Derechos Sociales, todavía sujetos a la negociación presupuestaria, la aportación anual pasaría de los 600 a 1.000 millones anuales (si se reparte en partes iguales para cada ejercicio).
En 2022 había en España 398.575 plazas en residencias de mayores. Son 1.132 más que el año pasado. Es un crecimiento, pero mucho más tímido que el que se dio entre 2020 y 2021. Entonces, el aumento de camas llegó a 7.666. En todo caso, como el ritmo de la subida de plazas es más lento que el ritmo al que crece el número de personas mayores de 65 años en España –edad frontera que se toma como umbral para calcular las ratios–, el déficit de plazas sigue abultándose. Basta este ejemplo para entenderlo: entre 2010 y 2021 el número de personas mayores de 65 años se ha incrementado en 1,9 millones mientras el número de plazas residenciales solo ha crecido en 32.711.
El resultado es que el índice de cobertura apenas remonta. Si el año del estallido de la pandemia acabó con una ratio de cobertura por cada 100 personas por encima de los 65 años de 4,19 –en 2019 fue de 4,22–, en 2022 la cifra es de 4,1. Aún a nueve décimas de las cinco camas de ratio recomendadas.
Una noticia positiva es que 2022 ha registrado la tasa más elevada de plazas públicas por cada 100 personas mayores de 65 años: 2,79. La cifra de cobertura pública, pese a ser la mejor de la serie histórica, queda muy lejos de la ratio de cinco marcada como referencia. De hecho, Castilla y León es la única comunidad que consigue llegar a esta cifra solo contando las plazas públicas (también se incluyen las concertadas).
Del resto, únicamente cinco más cumplen, aunque sea con camas privadas: Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Extremadura y La Rioja. En la cabeza de la lista, en déficit de plazas, siguen estando Andalucía (32.670) y la Comunitat Valenciana (24.843). Navarra, Cantabria y La Rioja registran el mayor equilibrio en su ratio.
Por titularidad, el 67,9% de las plazas residenciales son de financiación pública, un total de 270.702 frente a las 127.873 exclusivamente privadas. Este dato incluye las que hay en centros públicos, en privados con camas concertadas y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.
Un cambio en la medición
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales advierten de que usar la población mayor de 65 años como referencia para estimar la necesidad de plazas residenciales ya está obsoleto y no permite dibujar un panorama acorde con la realidad.
“La media de edad de las personas mayores en residencia se sitúa en torno a los 85 años, en una tendencia a que cada vez sean personas más mayores, en parte por la prolongación de la vida y de la edad en la que aparecen las situaciones de dependencia y, en parte también, porque las personas deseamos, cada vez más, permanecer en nuestra propia casa el mayor tiempo posible”, dice la asociación en una nota en la que solicita al IMSERSO que proponga al Consejo Territorial “un acuerdo para fijar una ratio más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores”. También recuerdan que el Gobierno se comprometió, a través del Ministerio de Derechos Sociales, a incluir los centros residenciales en el Plan Estadístico Nacional de 2022 (INE) pero los datos no se han publicado.
Gráficos de Victòria Oliveres.