Ni rastro de la violencia de género en los acuerdos que el Partido Popular está firmando con Vox para gobernar en ayuntamientos y comunidades. La alianza sellada entre ambas formaciones –que puede replicarse también en el Gobierno de España tras el 23J– está suponiendo la aceptación del discurso negacionista que la extrema derecha enarbola desde su entrada en las instituciones. Violencia intrafamiliar en lugar de violencia machista, una ofensiva ideológica que trae ecos de la España que precedió a la ley integral de 2004 y a la toma de conciencia colectiva que originó.
Antes de ese punto de inflexión, hace dos décadas, las agresiones machistas estaban diluidas en un único concepto, el de la violencia doméstica, que intentan ahora volver a imponer. Entonces no había articuladas medidas específicas de protección y atención a las víctimas y ni siquiera se tenía constancia de la magnitud del problema. Eran analizadas como cosas de pareja, asuntos privados, crímenes pasionales o divorcios conflictivos. Una terminología que el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo rescató este lunes para restar importancia a la condena judicial del candidato de Vox en Valencia, Carlos Flores. “Tuvo un divorcio duro que conllevó un abuso verbal hacia su exmujer”, aseguró en una entrevista.
Es uno, y todo pinta a que no el último, de los intentos de los populares por hacer equilibrios ante las exigencias de Vox para formar gobiernos, que en todos los casos incluyen introducir la violencia intrafamiliar y borrar la de género. Feijóo insiste estos días en que la violencia contra las mujeres existe, en que es una obviedad que no hace falta reseñar mientras el número 2 de Vox en la Comunitat Valenciana la niega con vehemencia. En la práctica los acuerdos rubricados hasta ahora ahondan en la línea de la ultraderecha. A la sustitución terminológica se suman en multitud de casos –como Valladolid, Burgos o Toledo– la eliminación de las concejalías de Igualdad. Como ocurría hace más de 20 años.
“La violencia de género se concebía entonces como algo que pertenecía a la esfera privada, incluso existía la idea de que en los asuntos de pareja no podías meterte, era visto como injerencia indebida. Había una gran normalización”, describe Soledad Murillo, una de las impulsoras de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004. Un año antes habían comenzado a contabilizarse oficialmente los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, pero la norma supuso un salto cualitativo al reconocer que esta violencia se da sobre las mujeres “por el hecho mismo de serlo”, es decir, como una expresión de la desigualdad de género existente, según su preámbulo.
El punto de inflexión, en 1995
Desde entonces, España ha ido construyendo legislación específica en la materia, que es un mandato de los organismos internacionales y convenios firmados por nuestro país. La violencia de género es la que ejercen los hombres contra las mujeres en el marco de una relación de pareja, mientras que la doméstica es la que se da en el ámbito intrafamiliar, por ejemplo, de una mujer hacia su pareja o un nieto hacia su abuela. El sentido de diferenciarlas es cualitativo, pero también cuantitativo: desde 2003 han sido asesinadas 1.206 mujeres por sus parejas o exparejas. Y el reto, de hecho, es seguir avanzando en ampliar el concepto hacia otros tipos de violencia sobre la mujer.
Cuenta Murillo, que ocupó el primer cargo político en materia de igualdad del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero como secretaria general de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que “el punto de inflexión” lo trajo la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, celebrada en 1995. “Es donde se conceptualiza por primera vez a nivel internacional el concepto de violencia de género y se pide a los países la adopción de instrumentos específicos”, afirma. En 1999 el Gobierno de José María Aznar aprobaría una reforma del Código Penal sobre malos tratos y una ley en 2003 que regulaba las órdenes de protección, pero el marco integral no llegaría hasta 2004.
Las organizaciones feministas venían reclamándolo desde hacía años. “Al final de la Transición ya surgen varias organizaciones por los derechos civiles de las mujeres; en ese momento no existía el divorcio y la violencia ponía a las víctimas en una situación de enorme vulnerabilidad. En ese contexto toman como reivindicación fundamental su protección”, explica Marisa Soleto, jurista y directora de la Fundación Mujeres. A finales de los 90 se conforma la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, que empieza a exigir la aprobación de una ley específica y a trabajar en un posible texto.
Entonces eran los colectivos feministas los que, por su cuenta, empezaron a convocar concentraciones en las plazas de barrios y ciudades ante cada asesinato machista de los que tenían constancia, y a contabilizarlos de manera informal a partir de las noticias. Alertaban de que la violencia contra las mujeres era “una violación flagrante” de los derechos humanos, que afectaba también a sus hijos e hijas y debía convertirse en una cuestión de Estado.
El caso de Ana Orantes, asesinada por su pareja tras denunciar en televisión el maltrato que sufría a pesar de las múltiples denuncias interpuestas contra él, impulsó la reivindicación de que esta violencia fuera tratada de forma específica. “Fue paradigmático porque ejemplificaba qué podía ocurrir en el ámbito penal si se obvian las condiciones en las que suelen vivir las víctimas de violencia de género”, afirma Soleto.
En coordinación con las organizaciones feministas, el PSOE fue el encargado de presentar en el Congreso en el año 2002 una propuesta de ley integral contra la violencia de género. El PP se convirtió entonces, siendo presidente Aznar, en el único grupo que votó en contra de la norma, ya que abogaba por “medidas concretas” contra la violencia machista y proponía una Ley de Violencia Doméstica. Dos años más tarde, los populares, entonces encabezados por Mariano Rajoy, sí apoyaron la ley de Zapatero, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso el 8 de octubre de 2004.
Negacionismo aplacado que aflora
No fue un camino exento de obstáculos. De hecho el negacionismo enarbolado por Vox no es nuevo y tuvo su máxima expresión en el centenar de recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la norma bajo el argumento principal que hoy utiliza la extrema derecha: que vulnera la igualdad entre hombres y mujeres y el artículo 14 de la Constitución. En junio de 2004 ABC contaba en el titular principal de su portada: “El Gobierno desafía al Poder Judicial y aprueba su ley de violencia de género. Una ley, explicaban, que consagra ”un desigual trato penal al hombre y a la mujer“.
La ley ganó la batalla judicial. El Tribunal Constitucional fue contundente en 2008 y avaló el tratamiento diferenciado de la violencia machista apuntando a que son conductas que reproducen la desigualdad y están alimentadas por una pauta cultural, el machismo, y un sistema que lo sostiene, el patriarcado.
El discurso de las denuncias falsas y de la criminalización de los hombres que tanto repiten los de Santiago Abascal quedó más o menos aplacado, al menos en la esfera pública, hasta que Ciudadanos comenzó su expansión nacional y se presentó a las elecciones de 2015 con un programa que pedía acabar con las penas específicas por violencia machista de nuevo con los mismos argumentos esgrimidos ante el Constitucional. El partido naranja se quedó solo, la reacción pública fue tan contundente contra la propuesta que decidió retirarla en la repetición electoral de mayo de 2016.
En ese momento la extrema derecha ya había sido constituida como partido y comenzaría a hacer calar su discurso hasta irrumpir por primera vez en un parlamento español en las elecciones andaluzas de 2018. Desde entonces la negativa a sumarse a los minutos de silencio por las víctimas de violencia machista o a concentrarse frente a los ayuntamientos ante los asesinatos ha sido algo habitual, a pesar de que estos actos públicos generalizados tras la aprobación de la ley supusieron “un cambio cualitativo muy importante”, en palabras de Murillo, que fue también secretaria de Estado de Igualdad en la primera legislatura de Pedro Sánchez. “De alguna manera significaba una institucionalización de la repulsa hacia la violencia y se empezaba a decir 'oigan, esto es un asunto público' y no debe ser escondido”, agrega.
Y es que precisamente el silencio y la vergüenza son dos rasgos característicos de la violencia machista en el ámbito de la pareja que solo en los últimos años ha empezado a resquebrajarse. Como asegura habitualmente el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, es una violencia que “vive impregnada de normalidad”. Lo demuestran algunos datos: solo un 21,7% de las víctimas han denunciado a su agresor, según la Macroencuesta de 2019. “Lo resolvió sola” y “no le dio importancia”, son algunos de los motivos que citan las mujeres en esa encuesta para no haber denunciado, además del miedo al agresor o la vergüenza.
Dónde está el PP
La posición del PP, por su parte, no ha sido unívoca y ha estado marcada habitualmente por la ambivalencia. De hecho, dio su apoyo a la ley de 2004, pero fue el autor de casi la mitad de las enmiendas presentadas, muchas de ellas en la línea de incorporar a la norma la violencia doméstica. “No hay razón para diferenciar entre las mujeres y las demás personas víctimas de la violencia doméstica y de género”, decía en una de ellas.
Desistió de esta intención en las siguientes legislaturas. Aunque de 2010 a 2015 recortó en prevención de la violencia machista un 26% y arrebató a los ayuntamientos algunas competencias, los populares se sumaron al mensaje de tratar la violencia machista como algo específico y en 2017, durante la última legislatura de Rajoy, apoyaron la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Sin embargo, desde la llegada de Vox a las instituciones y su aparición como único partido con el que el PP ha tenido posibilidades de gobernar o sacar adelante presupuestos en los últimos años, el partido se ha visto arrastrado por sus posiciones.
Y no es ahora la primera vez que da muestras de ello. Ya para gobernar en Castilla y León el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que protegería “a todas las víctimas de violencia” sin nombrar explícitamente la de género. El popular Jesús Aguirre, consejero andaluz de Salud, también ha asumido este discurso defendiendo que en lugar de “violencia de género” se use “violencia intrafamiliar” y el propio Feijóo negó un caso de violencia vicaria –la que cometen los agresores contra los hijos para dañar a la madre– ocurrido en Moraña (Pontevedra) asegurando que se trató de “violencia intrafamiliar”. Después intentó rectificar en Twitter y afirmó que ambas violencias son “dos cosas distintas que existen”. De nuevo, los equilibrios.
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