El shock económico que ha traído la pandemia global de la COVID-19 amenaza con llevarse por delante regulaciones que protegían el medio ambiente. En aras de reactivar sectores económicos, varias comunidades autónomas han aprobado, o están en vías de hacerlo, normas que diluyen diversas salvaguardas a la hora de construir, de verter tóxicos, contaminar o dar el visto bueno a proyectos urbanísticos o infraestructuras.
La enfermedad ha provocado una crisis sanitaria con más de 27.000 fallecidos en España. Pero al mismo tiempo se han sucedido mensajes apocalípticos sobre las consecuencias económicas: caída del PIB de 6,6%. Del 8%. del 9,2%. Del 13%. Previsiones del Banco de España, del FMI, de la Comisión Europea... Frente a ese panorama, gobiernos autonómicos como los de Andalucía, Madrid, la Región de Murcia, Galicia o Castilla-La Mancha parecen dispuestos al intercambio economía por ecosistemas.
La delantera la tomó la Junta de Andalucía. El 9 de marzo, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla aprobó un decreto que modificaba, de una tacada, 21 leyes y 6 decretos. El 2 de abril, en pleno pico de la pandemia, la diputación permanente del Parlamento andaluz lo convalidó. Los motivos de la urgencia: “Eliminar trabas burocráticas” con la idea de que fuera “un instrumento para la reactivación”. La norma no ha dejado casi nada sin tocar. Ha rebajado la exigencia ambiental para diversos proyectos aplicándoles “un procedimiento más ágil y simplificado”. Se ha creado un régimen singular para permitir la ocupación del dominio público hidráulico en “inversiones estratégicas para Andalucía” y se generaliza la eliminación de licencias urbanísticas que son sustituidas por declaraciones responsables de que todo está bien hecho a cargo de los promotores.
Las modificaciones de la norma no son inocuas. El Ayuntamiento de Nerja (Málaga) ya ha reavivado un proyecto de hotel de lujo, 680 viviendas y el inevitable campo de golf, lindando con el paraje protegido de los Acantilados de Maro.
Modificaciones “no sustanciales”
A la estela de Andalucía, el Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado este mes un decreto llamado, de nuevo, de “mitigación del impacto socioeconómico de la COVID-19”. La norma del Gobierno de Fernando López Miras modifica de urgencia la ley de protección ambiental que funcionaba desde 2009. Entre otras cosas, las instalaciones que necesitaron una autorización ambiental integrada para funcionar podrán crecer sin tener que pedir permiso mientras la contaminación que emiten a la atmósfera se incremente hasta un 35%, se gestionan hasta un 25% más de residuos peligrosos o si los vertidos tóxicos que liberan al mar aumentan en un 25%. Todo eso se considera ahora “modificaciones no sustanciales”.
Además, el Ejecutivo ha nombrado a los municipios “órgano ambiental” lo que significa que realizarán las evaluaciones ambientales de los planes urbanísticos de desarrollo y los proyectos de urbanización en sus suelos. “Se simplifican los procedimientos”, ha dicho el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo. “Le dan la batuta a los municipios y la garantía ambiental se diluye porque a los ayuntamientos les sale muy rentable durante cuatro años”, valora Pilar Marcos, la encargada de Biodiversidad de Greenpeace.
Aunque el litoral ejerce una fuerte atracción, la desregulación no se ha limitado a las regiones con mar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho público que desea modificar la ley del suelo ya que, ha calculado, “parte de la recuperación vendrá por la construcción”. Díaz Ayuso desea “liberar suelo”. La idea es que los promotores no tengan que solicitar licencias y baste con que declaren que se hacen responsables. Una vez más, la argumentación se repite: “Ir así eliminando trámites burocráticos innecesarios que dificultan el trabajo del sector, dada la situación actual y los efectos que ha tenido en la economía y en el mercado laboral, e ir avanzando en su recuperación”.
“Todo vale”
Organizaciones ecologistas como SEO-Birdlife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra o WWF entienden que estas políticas se sustentan en una suerte de “todo vale” con tal de que la economía crezca.
El diputado de Unidas-Podemos, Juantxo López de Uralde, apunta que “la salida de la crisis económica del 2008 tuvo unas consecuencias ambientales brutales. El Gobierno del Partido Popular hizo una contrarreforma completa: la ley de costas, la ley de montes, la ley de impacto ambiental, la ley de parques nacionales y la ley de biodiversidad para reducir la protección ambiental e incorporar intereses económicos específicos. Y esto es lo que están haciendo en las comunidades autónomas que gobiernan. La salida de esta crisis no puede ser de nuevo el ladrillo en el litoral”.
Sin cambiar leyes o normas, la Xunta de Galicia ha optado por declarar “esenciales” casi un millar de proyectos industriales cuyos trámites ambientales se habían paralizado por el estado de alarma a menos que se consideraran “indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios”. Entre los amnistiados del parón está el parque eólico de Paradela (Lugo), muy próximo al Camino de Santiago, patrimonio de la Humanidad, o la depuradora de Os Praceres (Pontevedra). La organización Greenpeace recuenta proyectos de macrogranjas, cambios de uso de suelo y líneas de alta tensión. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo ha defendido la “gran repercusión económica” de estos planes.
Otros ejecutivos autonómicos que han avanzado su apuesta por impulsar el sector de la construcción son el de Castilla-La Mancha o Catalunya. El castellanomanchego Emiliano García Page ha anunciado “dos leyes de trámite exprés para procedimientos económicos de empresas y urbanísticos”. Repite la fórmula de agilizar las licencias para apoyar al sector “que es clave en el empleo y en la recuperación económica”.
La Generalitat ha preparado por su parte una ley omnibus que bebe en las mismas aguas: agilizar los trámites urbanísticos. El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damiá Calvet, no ha sido especialmente original a la hora de presentar su proyecto: reducir los trámites administrativos y ambientales para acelerar proyectos con la idea de que reactiven la economía. “No estamos hablando de rebajar exigencias, pero hay algunas tramitaciones que se alargan de manera absurda y que hacen agotar la paciencia de buenos proyectos”, ha asegurado Calvet.
Hace solo un mes, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, le decía a eldiario.es: “A mí sí me parece que el entendimiento de los límites y los perjuicios que genera la destrucción de la biodiversidad es algo que ha calado de una manera muy dramática en el imaginario colectivo”. A la luz de las decisiones autonómicas, con la pandemia de la COVID-19, ese entendimiento se ha diluido.
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