Otro año más, el solemne acto de apertura del año judicial retrataba el desequilibro existente en las instancias más altas de la justicia en España. Entre los 13 magistrados que acompañaron al Rey Felipe en la foto oficial hay más personas con bigote, con gafas y con las manos unidas detrás de la espalda que mujeres. Una imagen en la que también hay más personas que pertenecen a la Casa Real que mujeres.
Cuando apenas quedan semanas para que conocer quién será el próximo presidente o presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -que sería también el presidente del Supremo-, hacemos una radiografía en eldiario.es de la presencia de las mujeres en la cúpula del poder judicial.
Ni una sola mujer entre los 13 miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, los magistrados que se encargan del funcionamiento del órgano judicial que se ubica en la cúspide del Poder Judicial en España. Para que se cumpla la ley de Igualdad, tendrían que sustituir a seis de esos magistrados por mujeres para llegar al mínimo del 40%.
El Supremo, como el tribunal superior, es el órgano que sienta jurisprudencia en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar) salvo en lo relativo a la interpretación de la Constitución, una tarea que la Carta Magna reserva al Tribunal Constitucional.
Para decidir sobre cuestiones constitucionales, las mujeres sí tienen voz jurídica aunque no de forma equilibrada: por cada mujer, hay cinco magistrados hombres.
Pero, ¿cómo se eligen los doce miembros del Tribunal Constitucional? Cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, otros cuatro a propuesta del Senado, dos por el Gobierno y los últimos dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces.
De los doce “juristas de reconocida competencia” que conforman el alto tribunal, renovado por última vez en 2017, actualmente solo dos (el 17%) son mujeres. ¿Un accidente? Así ha quedado el Constitucional tras las últimas nueve renovaciones que se han firmado en los últimos 30 años.
Desde su creación, solo 6 mujeres han formado parte de las 63 personas magistradas, profesoras y juristas que han compuesto el máximo intérprete de la Constitución. Una distribución anómala que apenas ha cambiado con el paso del tiempo: hoy hay tantas mujeres en el Constitucional que cuando todavía se usaban las pesetas (2001).
La poca presencia femenina tampoco se corrige en los órganos de decisión con menos rango. Si ordenamos los órganos judiciales por jerarquía, en lo alto de la pirámide estaría el Tribunal Supremo, después la Audiencia Nacional y en el siguiente nivel estarían los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), los máximos órganos jurisdiccionales de las comunidades autónomas. Ninguno de los tres órganos cumple con la paridad.
María Pilar de Oliva Marrades, en la Comunidad Valenciana desde 2010, es la única presidenta de los 17 Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, una figura prácticamente reservada a magistrados hombres.
Un retrato que contrasta con las nuevas promociones de jueces que ingresan en la carrera judicial a través de una oposición. En la última entrega de despachos, presidida por el rey Felipe, los rostros de mujeres eran mayoritarios en la sala frente a los de los hombres.
Una imagen que se repite promoción tras promoción: las mujeres superan sistemáticamente desde hace años a los hombres que consiguen sacarse la oposición. A pesar de que ellas tuvieron prohibido el acceso a la carrera judicial hasta 1966, desde 2013 son mayoría entre los jueces y magistrados en activo. Hoy, hay 2.858 mujeres juezas (53%) frente a 2.519 hombres (47%), según los últimos datos del CGPJ actualizados a 1 de enero de 2018.
“La incorporación de mujeres en los puestos de jerarquía es el sustento para que la estructura judicial se perciba como representativa de la sociedad”, afirma Lucía Avilés, magistrada y portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AJME), que añade que en la Ley de Igualdad ya está prevista la paridad en todos los órganos e instituciones.
Entonces, ¿por qué no se ha alcanzado una composición equilibrada en los tribunales de mayor rango? Una de las posibles explicaciones es el hecho de que las mujeres se incorporaron más tarde que ellos a la carrera judicial y no han tenido tiempo de alcanzar por edad y méritos esos puestos de poder.
Los datos sin embargo, desechan este argumento. Aunque es verdad que ellas son más jóvenes que sus compañeros masculinos -cinco años de media-, las diferencias ya no son tan abultadas como antaño entre los magistrados más experimentados. En 2018 había 875 mujeres juezas entre 51 y 60 años frente a 972 hombres en el mismo rango de edad.
“Hoy en día es injustificado ya que hay una generación de mujeres entre 50 y 60 años que no se están nombrando”, coincide Esther Catanedo, magistrada y portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia.
Una situación por la que ya se criticó al exministro de Justicia, Rafael Catalá, que no aumentó el número de mujeres en el Tribunal Constitucional en la última renovación de 2017. En una entrevista a la Cadena SER, justificó la decisión por una cuestión de selección de méritos (no dijo, tal y como se publicó, que “se necesitan perfiles seniors difíciles de encontrar entre las mujeres”).
Precisamente, en la última década la presencia de juezas con perfiles más experimentados se ha multiplicado. En 2008, el 8% de los magistrados en activo con más de 60 años eran mujeres. Diez años después, esta proporción ha subido hasta el 30%.
Para Avilés, el techo de cristal no se construye solamente por la juventud sino que también influye la falta de valoración del talento, la poca implantación del Plan de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la falta de medidas de conciliación. “De cada diez excedencias para el cuidado de hijos en la judicatura, una se la coge un hombre”, critica.
“Esto se va a traducir en menos tiempo para ir a cursos, dar clases o escribir artículos, que son los elementos que influyen para promocionar en la carrera judicial”, explica Avilés.
Una cuestión que se ha corregido ligeramente en la última década. Desde 2006, las mujeres han pasado de representar el 19% al 27% de la magistratura en los llamados órganos centrales. Un dato que se queda muy lejos de la presencia femenina en los juzgados autonómicos: en el País Vasco ya suponen el 60% de los magistrados.
Auxi Díaz, magistrada y responsable de la comisión de igualdad de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, lo achaca a una cuestión cultural. “Nosotras asumimos el rol del cuidado familiar y en los puestos discrecionales la selección se realiza en base a relaciones interpersonales que son más intensas entre los hombres”, explica.
La falta de voz jurídica de las mujeres en los órganos donde se sienta jurisprudencia es un problema, según explican distintas juezas consultadas por eldiario.es. “Es fundamental su visión ya que aportan un punto de vista diferente, por ejemplo, en materia de familia, violencia sobre la mujer en el ámbito social”, comenta Díaz.
A corto plazo, las principales asociaciones de jueces y juezas apuestan por medidas destinadas a la conciliación: permisos iguales e intransferibles y dar valor curricular a las tareas de cuidados. “Necesitamos que se valoren los méritos en función de las situaciones que ha tenido en la vida”, opina la magistrada Castenedo.
En una carrera en el que parece que la presencia de mujeres va a ir aumentando en los próximo años, se antoja clave el nombramiento del presidente del Consejo General del Poder Judicial -que sería también presidente del Supremo-, programado para finales de este año.
Por el momento, las juezas siguen lejos de los grandes puestos de responsabilidad en el poder judicial, donde la voz de las mujeres se escucha poco. “La justicia es machista porque es todavía más machista que la sociedad”, sostiene Castanedo.