Cromañón, 2004: cuando las irregularidades en una discoteca mataron a 194 personas en Argentina
El próximo 30 de de diciembre se cumplen 19 años de la trágica noche que sigue resonando en la memoria colectiva de los argentinos. Ese martes de 2004, 194 personas, en su mayoría jóvenes, perdieron la vida al quedar encerradas en la discoteca República Cromañón, ubicado en el pulmón de la Ciudad de Buenos Aires. El uso de bengalas en el interior generó un gran foco de incendio que acabó en tragedia.
El gerente del local, el fallecido empresario Omar Chabán, habilitó el ingreso de una multitud muy por encima de lo permitido a un concierto de la banda de rock nacional “Callejeros”. Además, un candado y una cadena impedían la apertura de la salida de emergencias: la imposibilidad de abandonar el lugar y el material inflamable del establecimiento resultó en este fatídico evento que se convirtió en un símbolo de la negligencia, la corrupción y la falta de seguridad en los locales de ocio de Argentina de aquel momento.
En el trágico incendio del pasado fin de semana en una discoteca en Murcia en la que murieron 13 personas, convirtiéndose en la peor catástrofe en un local de ocio desde 1990, también había varias irregularidades. Las discotecas en cuestión no tenían licencia y se había ordenado su cierre en 2022. Tampoco se ha aclarado si la Fonda Milagros, que había nacido tras una división sin licencia de Teatre, contaba con salida de emergencias. Al no existir legalmente, se desconocía también cuál era su aforo o si cumplía con la normativa de sistemas contra incendios.
Los sobrevivientes piden justicia
“Nunca pudimos lograr que los derechos que fueron vulnerados el 30 de diciembre de 2004 fueran restituidos: derecho a la salud, a la educación y a la vida. El superviviente que no tenía antes de la tragedia una red de contención, una obra social o cierta estabilidad económica, post-Cromañón quedó muy solo y no hubo un Estado garantizándole una inclusión nuevamente a la sociedad”, dice Mailín Blanco, de la agrupación No nos Cuenten Cromañón.
Esa noche calurosa en vísperas de año nuevo, Mailín fue a Cromañón con su hermano de 13 años, Lautaro, quien perdió la vida allí, y otros dos amigos. “El Estado tiene una deuda con nosotros que es poder restituir aquellos derechos que nos fueron arrebatados”, repite la joven.
Organizaciones de supervivientes de la masacre de Cromañón reclaman al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el cumplimiento “pleno y efectivo” de la ley de asistencia integral a las víctimas del incendio del local en 2004, que prevé la entrega de un subsidio mensual y prestaciones en materia de salud.
Además de la deuda por parte del Estado, Mailín indica que también hay una deuda por parte de la sociedad: “Es entender que los chicos y chicas que estuvimos esa noche éramos víctimas. El relato hace parecer que esa noche fuimos a matarnos a Cromañon y que éramos esa juventud que no piensa y que solo 'le interesa drogarse, fumarse y escuchar rock'. Todo lo contrario. Entender que esa noche fuimos víctimas de un Estado ausente y lo que necesitamos es que se restituyan esos derechos vulnerados y no ser señalados como culpables de lo que pasó”.
La expropiación del inmueble
El edificio donde sucedió la tragedia, que pertenecía a la sociedad Nueva Zarelux y cuyo dueño era Rafael Levy –el mismo propietario que en el momento del incendio–, fue restituido en octubre del 2018 tras 13 años en poder de la Justicia. El año pasado, supervivientes y familiares de víctimas de la tragedia celebraron frente al Congreso la sanción en el Senado de la ley que expropiaba el inmueble, con el objeto de destinarlo a un espacio para la memoria. Sin embargo, hoy aguardan a que se desarrolle la norma para poner en marcha el proyecto.
Raúl Morales perdió a su hija, Sofía, esa noche de fin de año cuando la joven fue con sus hermanos y amigos al recital de la banda de rock. Momentos antes de la aprobación de la ley, habló de una nueva etapa de lucha que llevaba, en ese entonces, casi 18 años de “golpear un sinfín de puertas, de las más diversas, de todos los sectores de la administración pública que puedan imaginarse”. “Para cada entrevista o reunión nos hemos tenido que preparar, investigando, escribiendo, acordando y también trazando nuestros objetivos. Destinamos horas de trabajo en la construcción de consensos, porque estamos convencidos de que este proceso debe tener fuertes cimientos para construir colectivamente”, dice.
“Expropiar este inmueble para transformarlo en un espacio colectivo para la memoria nos permite asegurarnos que su conservación y su permanencia física podrá trascender nuestra propia existencia, preservar nuestros testimonios como testigos directos de la masacre y darle la posibilidad a las generaciones venideras de encontrar un lugar donde problematizar relatos hegemónicos y poder consultar e informarse sobre Cromañón”, reflexiona por su parte María Luján Rossi, superviviente de la noche que ahora se espera inmortalizarse en un Espacio para la Memoria Colectiva.
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