Perdido entre un mar de medidas de distinta índole, el Gobierno publicó el pasado 29 de diciembre en el BOE la obligatoriedad de que todos los becarios universitarios, independientemente del tipo de prácticas que estén realizando, sean remuneradas o no, deberán cotizar a la Seguridad Social.
Los rectores, que se enteraron de la disposición cuando ya era una realidad y critican por ello al Gobierno (hablan de “aprobación sorpresiva y sin consulta previa”), han puesto el grito en el cielo ante las consecuencias que puede tener. Según ellos: un gasto inasumible para las universidades, una caída en la oferta de prácticas externas a los estudiantes ante el aumento de los costes y una discriminación para ciertos alumnos.
Como contexto, cabe recordar que hace un año, el pasado mes de octubre, la Inspección de Trabajo denunció a la Universidad Autónoma de Madrid por el uso que hacía de sus casi 400 becarios. Decía Trabajo que eran trabajadores y por tanto debían cotizar a la Seguridad Social, algo que no estaba ocurriendo. El asunto está judicializado.
Los becarios, a cotizar
La medida del Ministerio de Trabajo aparece como la disposición adicional quinta del Real Decreto ley 28/2018, de 29 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. En ella se establece a lo largo de siete puntos que todos los estudiantes que realicen prácticas formativas deberán ser incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena.
La disposición afecta a estudiantes de grado, de máster y de Formación Profesional de grado medio o superior que realicen prácticas externas, sean estas remuneradas o no, curriculares o extracurriculares, en la administración pública o en empresas colaboradoras. Los becarios quedan excluidos del régimen de protección por desempleo y las cotizaciones las asumirán las empresas destinatarias si la beca no es remunerada y si lo es, quien dictamine la normativa.
Actualmente, las prácticas no remuneradas no requerían la inclusión del becario en el régimen de la Seguridad Social y las remuneradas sí, aunque estaba bonificado al 100% en el caso de las curriculares (obligatorias para obtener el grado), pero no en el de las extracurriculares (voluntarias), que finalmente eran las únicas por las que se cotizaban. Ahora se hará por todas.
Los rectores, en contra
Los rectores ven esta propuesta prácticamente inasumible y alertan de las consecuencias que puede tener, en forma de caída de la oferta de prácticas. Los responsables de los campus creen que el Gobierno debería diferenciar entre las prácticas curriculares, obligatorias, y las no curriculares, voluntarias.
“Crue Universidades Españolas advierte de que una aplicación indiscriminada del Real Decreto–ley 28/2018 puede suponer la disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones, la discriminación en la formación de estudiantes de títulos profesionalizantes y no profesionalizantes, y una importante carga de gestión añadida en los servicios de prácticas de las universidades”, explican en un comunicado.
Por todo ello, solicitan al Gobierno una mesa de diálogo para desarrollar la normativa (el RD da tres meses para ello al Ejecutivo) y propone algunas medidas, entre ellas que se discrimine entre tipos de prácticas y que se mantengan las bonificaciones actuales, entre otras.