El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha calificado de “graves irregularidades” las actuaciones investigadas en la Universidad Rey Juan Carlos relacionadas con el título de máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Además, Fernández ha asegurado, en una comparecencia ante los medios de comunicación, que “no parece que todas las notas estén de manera correcta y legal” y que “no parece que haya trabajo” en relación al trato que se le dio a Cifuentes desde el Instituto de Derecho Público, el departamento de la URJC que organizaba el título de posgrado que cursó la presidenta. “Si eso se confirma, estamos ante una muy grave irregularidad”, ha reseñado.
Fernández ha comparecido junto a los dos inspectores designados por la CRUE para asistir a la investigación de la URJC, José Ángel Contrera, director del servicio de Inspección de la Universidad de Burgos, y Carmen Ruiz, jefa del Área de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia.
En esta rueda de prensa han leído el informe elaborado por estos dos profesionales. En el repaso a las conclusiones, Contrera ha indicado que esta “información reservada tiene por única finalidad facilitar al rector los datos indiciarios necesarios para valorar iniciar expediente disciplinario”. “Los observadores fuimos consultados previamente de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el expediente”, ha añadido.
Falta documentación
Además, los observadores han constatado que en la investigación iniciada falta documentación. “Hemos tenido acceso a los documentos originales del expediente y se ha comprobado que no obran en el expediente todos”, ha apuntado Contrera al recordar que fueron “requeridos los documentos necesarios”.
En ese sentido, también ha recordado que “la URJC ha adoptado esta decisión al ponerlos a disposición del Ministerio Fiscal al encontrar indicios de delito”. Sobre esta investigación, ha apuntado que no se han realizado todas las comparecencias “por la solicitud de retraso y la presentación de justificantes médicos”.
El presidente de la CRUE ha reseñado que el trabajo de los observadores se ha centrado en “emitir un informe acerca del proceso seguido por la Universidad Rey Juan Carlos para que pueda tener una opinión fundamentada del mismo”.
Desde la CRUE han condenado “cualquier acto de irregularidad por ser impropio de una actividad académica”. Y han destacado que existen “mecanismos de control internos y externos” para investigarlos. Además, han lamentado las primeras declaraciones del rector de la URJC considerando que pudieron “ser algo precipitadas”. Pero también ha destacado Contrera que “cuando hubo irregularidades, lo pusiera inmediatamente en manos de la Fiscalía”.
El presidente de los rectores ha recordado “que en función de la autonomía universitaria, corresponde únicamente a la URJC la responsabilidad del proceso de información reservada”.
URJC mantiene “prestigio”
Los observadores también han querido hacer un guiño al resto de profesores de la universidad madrileña. “El buen hacer profesional de los trabajadores de la URJC no puede verse afectado por la conducta irregular de algún miembros de la misma y los títulos de sus estudiantes tienen el mismo prestigio que los de cualquier universidad”, ha incidido Contrera.
Los periodistas también han preguntado a los portavoces de la CRUE por el máster cursado por Pablo Casado. El dirigente del Partido Popular no necesitó ir a clase para obtener un título casi idéntico al de Cifuentes en la misma Universidad. El vicepresidente de la CRUE, Alejandro Tiana, ha explicado sobre las convalidaciones que obtuvo Casado que “fueron años complicados porque la normativa era cambiante”. “ Puede ocurrir en ese contexto. Es difícil enjuiciar”. Así se ha pronunciado Tiana sobre el reconocimiento de créditos que le permitió a Casado cursar solo cuatro asignaturas de un total de 22 que estaban previstas en el programa.
La Rey Juan Carlos decidió investigar el máster de Cristina Cifuentes la misma tarde del día 21 de marzo, cuando eldiario.es desveló que la presidenta madrileña tenía un título cuyas notas habían sido retocadas a posteriori, según relató el rector Javier Ramos. Una semana después, elevó la indagación a la Conferencia de Rectores.
Buscaba algún observador externo que avalase la investigación interna. Poco antes, el presidente de la Crue, el rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández Díaz, había declarado que Ramos “debería haber esperado” antes de respaldar públicamente el proceso de máster de Cifuentes, aunque brindó su apoyo a la URJC.
La Crue designó dos personas: José Ángel Contreras, director del Servicio de Inspección de la universidad de Burgos, y a Carmen Ruiz, jefa del área de Inspección de Servicios de la universidad de Murcia. Ambos estaban ausentes el pasado jueves durante las sesiones. La Crue alegó que estaban “colaborando a través de medios tecnológicos”.
El expediente de la URJC ha sido un torpedo en la línea de defensa de la presidenta Cifuentes. Allí, una de las profesoras cuyo nombre y firma aparecieron en el acta de defensa del trabajo fin de máster de la política del PP, Alicia López de los Mozos, declaró que ni había firmado, ni había formado parte de ese tribunal. La universidad decidió tras oír a la profesora, remitir parte de esta investigación a la Fiscalía por detectar “indicios” de delito.