Hablan de la “creciente cultura de la muerte”, defienden la familia tradicional y el matrimonio como “institución básica formada entre un hombre y una mujer” y dicen defender a las mujeres “que fueron engañadas en los centros de abortos”. La Asociación Española de Abogados Cristianos esgrime la oposición a la interrupción voluntaria del embarazo como uno de sus ejes, que no cesa de utilizar como arma arrojadiza en sus denuncias y campañas. Este, junto a otros grupos ultracatólicos, es conocido por intensa actividad contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el colectivo LGTBI.
La última bala que ha disparado el colectivo, fundado en 2008, ha sido la denuncia a una veintena de clínicas en las que se practican abortos de varias comunidades autónomas. La organización les acusa de “dar información falsa en sus web con el objetivo de incitar a las mujeres al aborto” porque “niegan públicamente las posibles secuelas” de someterse a la intervención. La campaña ha tenido, al menos, cierto efecto administrativo: este martes la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha abierto expediente contra las clínicas por dar “información incorrecta”.
La Consejería hace hincapié en que, en ningún caso, se refiere a la praxis o a la información que reciben las mujeres en las clínicas, si no a la que aparece en sus páginas web. Por su parte, la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), a la que pertenecen algunas de las denunciadas como El Bosque o Isadora, asegura que “a ningún otro tipo de centro se le investiga con esta exhaustividad. Hay clínicas que han recibido cinco inspecciones en siete meses”.
Lo dice José Antonio Bosch, abogado de la asociación, que califica de “sesgo ideológico” lo ocurrido. “Aunque pudiéramos entender que la información no era completa en algunas páginas, lo que demuestra es que este tipo de grupos buscan estos caminos para hostigarnos ya que no pueden ir directamente contra el aborto, que es un derecho reconocido por ley. Y en Madrid lo hacen con la connivencia de la Comunidad”. ACAI no tiene constancia de que las Consejerías de las otras siete autonomías en las que hay denuncias hayan iniciado los trámites de sanción.
Por su parte, Abogados Cristianos remarca que “el objetivo es que se cumpla la ley”, aunque su presidenta, Polonia Castellanos, no niega su oposición al aborto: “Somos católicos y estamos en contra. Cuando hablas con mujeres que han abortado se te ponen los pelos de punta. Te cuentan intentos de suicidio, ingresos en psiquiátricos, que oyen el llanto de los bebés por las noches... Aunque este caso es muy aséptico, porque es una cuestión de cumplimiento de la ley”, reitera.
No es la primera vez que el colectivo arremete judicialmente contra las clínicas. Abogados Cristianos interpuso contra varios centros madrileños una denuncia en la que les señalaba como autores de algunos delitos como revelación de secretos, estafa e incluso de depositar en la basura restos biológicos de las intervenciones. Un juzgado de Madrid archivó la causa en julio de 2015 al entender que “no existe dato sólido alguno” y calificar algunas acusaciones de “arriesgadas conjeturas o hipótesis”.
Abogados Cristianos acusaba a las clínicas de haber permitido que salieran de los centros datos personales de algunas pacientes. Los responsables adujeron que los documentos pudieron haber llegado a terceros “al ser sustraídos por activistas antiabortistas”. Un supuesto que la sentencia califica de “dato relevante común”, pero que no ha sido demostrado, como tampoco existen “motivos indiciarios para atribuir tales hechos a sus responsables”, según el fallo, que fue confirmado en firme por la Audiencia Provincial de Madrid en febrero de 2017.
Planificación Familiar, el 'coño insumiso' y Femen
“Hay un hostigamiento indirecto y una persecución a través de este tipo de vías”, explica Bosch. Una estrategia jurídica que algunas veces, las menos, tiene éxito y acaba en sanciones. Eso sí, de lo que no se libran es de “la incomodidad, a nadie le gusta estar inmerso en este tipo de procedimientos, además de los gastos que conllevan sí o sí en los desplazamientos, los procuradores...”, cuenta el abogado de ACAI.
La actividad de la Asociación de Abogados Cristianos también se ha fijado en la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), una ONG de ámbito estatal encargada de concienciar y ofrecer talleres y servicios sobre derechos y salud sexual y reproductiva a la ciudadanía. Y es que fueron los Abogados Cristianos los que consiguieron que el Ministerio del Interior le retirara a esta federación la declaración de utilidad pública, un beneficio que tiene múltiples ventajas a nivel fiscal y que, por ejemplo, mantiene el grupo HazteOir.
Hace unos meses la Audiencia Nacional desestimó el recurso de la FPFE que pedía que se revocara la decisión de Interior. El tribunal dio la razón a la Asociación de Abogados Cristianos después de que Interior alegara una sanción leve administrativa impuesta por la Comunidad de Madrid para justificar la retirada de la declaración. No solo el colectivo se refería a esta sanción en su denuncia, también acusaba a la federación de “financiarse irregularmente”. Algo que incluso Interior contradijo en su resolución al sostener que “las cuentas aportadas no presentan defectos”.
La Federación de Planificación Familiar Estatal ya había sido objeto de la actividad del grupo católico en 2015, cuando inició una campaña para “parar este fraude contra la mujer” en la que pedía “el fin de las subvenciones públicas” a la organización proaborto. Ese mismo año se felicitaron en su página web por haberle “parado los pies a Femen”. Y es que el grupo feminista se enfrentó en 2016 a su primer juicio en España por interrumpir en una manifestación contra el aborto con los torsos desnudos y pancartas. La acusación particular era la Asociación Enraizados en Cristo y en la Sociedad, representada por Abogados Cristianos.
El juez absolvió a las activistas, pero la asociación ha recurrido la decisión ante el Tribunal Constitucional. Además, la Asociación de Abogados Cristianos pide dos años de prisión para cada una de las dos activistas de Femen que se encadenaron en 2014 al altar mayor de la Catedral de la Almudena de Madrid en una protesta a favor del aborto.
Muchos de estos procedimientos han sido iniciados a instancias de la asociación católica en el marco del artículo 525 del Código Penal, que recoge el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Es de lo que la organización acusó a las participantes en la “procesión del coño insumiso” celebrada en Sevilla en 2014 a modo de manifestación. Ellas defienden que se trata de “una persecución política e ideológica” y la Audiencia de Sevilla reabrió en marzo de 2017 la causa después de haber sido archivado en junio de 2016. El recurso fue presentado por la propia asociación.
Ese artículo del código es también el denominador común de la denuncia, ya archivada, que interpuso Abogados Cristianos contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la poetisa Dolors Miquel por recitar un “padrenuestro feminista” en la entrega de los premios de cultura Ciutat de Barcelona en 2016. El poema, tildado por la organización de “blasfemo”, reivindica el cuerpo de la mujer con versos como “Madre nuestra que estás en el cielo, santificado sea vuestro coño, la epidural, la comadrona”. La decisión del juzgado ha sido ratificada por la Audiencia de Barcelona.
La lista es larga y sus objetivos, que intenta alcanzar a través de sanciones administrativas y en los tribunales, muy concretos. “Frente a esta creciente cultura de la muerte”, justifica la Asociación de Abogados Cristianos en su web, el grupo responde “defendiendo a las mujeres que fueron engañadas en los centros de abortos, denunciando las irregularidades del negocio del aborto y promoviendo la legislación favorable a la defensa de no nacido y del paciente en una situación de desesperación”.