Cada provincia debía contar con al menos un centro de crisis de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual antes de diciembre de 2023. Fue el mandato de la ley del solo sí es sí y una medida prevista por el Ministerio de Igualdad ya en abril de 2021 que no acaba de ejecutarse: de los 52 centros que debían estar abiertos, a día de hoy solo funcionan cuatro. Dos en Madrid, uno en Oviedo (Asturias) y otro en Santander (Cantabria), según denuncia Amnistía Internacional.
A las puertas del 25N, Día Internacional contra la Violencia Machista, la ONG ha querido hacer balance del punto en el que se encuentran estos recursos, que se prevé que abran ininterrumpidamente y estén formados por un equipo multidisciplinar de profesionales para atender a mujeres que hayan sufrido, ahora o en el pasado, algún tipo de agresión sexual. La idea es que incluyan servicios de atención psicológica, jurídica y de acompañamiento y atiendan todos los días del año tanto telefónica como presencialmente.
La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad, que entró en vigor hace algo más de un año, incorporó esta medida, pero ya antes el Ministerio de Igualdad, hasta esta semana en manos de Irene Montero, había iniciado el proceso para la creación de los centros, financiados con los fondos europeos de recuperación. Así, el Gobierno transfirió desde entonces a las comunidades autónomas una partida por año: 19,8 millones en 2021, 46,2 millones un año después y 17 este 2023.
La escasa puesta en marcha de estos recursos especializados ha obligado a la ampliación del plazo un año más, hasta el 31 de diciembre de 2024, según acordó la Conferencia Sectorial de Igualdad hace escasas semanas.
Amnistía Internacional lamenta que “las comunidades sigan sin poner en marcha los recursos especializados necesarios” a pesar del actual contexto, en el que las denuncias por delitos contra la libertad sexual están aumentando “bien por el aumento de información y sensibilización, bien porque las mujeres confían en que existen recursos en los que serán atendidas adecuadamente”, algo que define como “paradójico”, en palabras de Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional España.
De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, las denuncias por delitos sexuales han escalado un 13% en 2022, último año con cifras completas, respecto a 2021: 17.389 frente a las 15.388 registradas. En concreto, las denuncias por agresiones con penetración, llamadas violaciones en el Código Penal, ascendieron un 34% al pasar de las 2.143 a las 2.870. Son ocho denuncias al día.
La organización apunta a que al margen de los cuatro centros ya creados –dos de ellos, el de Madrid ciudad y Santander, ya funcionaban antes de la aprobación de la ley–, Navarra ha anunciado “la inminente apertura de otro” y se ha informado de su creación también en otros lugares como Aragón, Canarias, Murcia o La Rioja, especifica Amnistía, pero “estos no terminan de llegar” y el objetivo de los 52 “está muy lejos de cumplirse”.
La ONG asegura que en algunos territorios como Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Extremadura y Murcia, ofrecen “asistencia coordinada y permanente para víctimas de violencia de género, incluidas las víctimas de violencia sexual”, pero cree que el servicio “dista mucho” del que deberían ofrecer los centros de crisis 24 horas, una atención integral y especializada como la que recomienda el Consejo de Europa.
“Aunque parezca que esta prórroga [hasta diciembre de 2023] es una buena noticia, es lamentable que las mujeres que sufren violencia sexual tengan que seguir esperando para recibir una atención adecuada tras sufrir una agresión sexual, porque las comunidades autónomas no están mostrando ni interés suficiente ni diligencia a la hora de cumplir con su obligación de protegerlas y atenderlas”, destaca Álvarez, que piensa que las víctimas de violencia sexual “no pueden seguir esperando”.
Aunque el número de denuncias registradas por Interior han aumentado con fuerza, lo cierto es que las cifras solo representan la punta de un iceberg de lo que implica la violencia sexual. De acuerdo con la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer elaborada por Igualdad en 2019, más de 2,8 millones de mujeres de más de 16 años afirman haber sido víctimas de este tipo de violencia alguna vez en su vida, pero solo el 8% lo han denunciado.
Recordamos que aunque han aumentado las denuncias por este tipo de delitos, estas cifras sólo muestran una mínima parte de lo que podría suponer la violencia sexual en España. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, este tipo de violencia afecta a más de 2,8 millones mujeres de más de 16 años residentes en España. Y sólo en el 8 por ciento de los casos estas agresiones terminan convirtiéndose en denuncia.