Ya son cinco las querellas presentadas por represaliados durante el franquismo por presuntas torturas y crímenes contra la humanidad tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. A la primera que se presentó en Barcelona, se han sumado en las últimas semanas cuatro más en diferentes provincias del país: Ferrol (A Coruña), Valencia, Pamplona y Madrid. “No estamos denunciando únicamente los crímenes; también, un modelo político de impunidad”, ha apuntado este martes Jacinto Lara, abogado de la Querella Argentina.
“Me pegaron en todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies, pero se ensañaron con el vientre. No he vuelto a dormir del tirón desde entonces”, ha recordado María Concepción Edo, una de las querellantes. Esta activista antifranquista fue detenida con 19 años, acusada junto a diez personas más de pertenencia al FRAP y de propaganda ilegal.
Este martes, en una rueda de prensa convocada por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), ha recordado aquellos días en los que fue detenida y encarcelada. En su intervención ha asegurado que desde que fue identificada por varios agentes policiales fue objeto de malos tratos, golpes e insultos vejatorios relacionados con su condición de mujer. La detención se produjo en 1973 y no salió de la cárcel hasta pasados dos años. De aquella experiencia conserva secuelas, según apunta, “de los golpes y palizas recibidas”.
Al igual que el resto de sus compañeros, Edo ha denunciado con nombres y apellidos a aquellos miembros del Cuerpo General de Policía que participaron en los interrogatorios. En su caso, a aquellos que se encontraban en la comisaría de Pamplona.
Recuperar la documentación: un proceso largo y complicado
Los querellantes reconocen que es un proceso complicado recuperar toda la documentación de su caso, así como aquella que refrende su versión de los hechos. “Llevo dos años esperando que me den el informe policial”, ha señalado Julio Pacheco, otro de los querellantes.
Los hechos que ha denunciado en un juzgado de Madrid se produjeron en 1975, tras el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose. Fue detenido y trasladado a la Dirección General de Seguridad. Asegura que estuvo retenido durante siete días y fue sometido a torturas continuas durante los interrogatorios. Entre los nombres de agentes denunciados se encuentra el del ex comisario José Manuel Villarejo.
Con esta actuación, Pacheco trata de “comenzar a derribar el muro de impunidad al que las víctimas se han enfrentado en las últimas décadas”. En esa misma línea se ha manifestado Lara al recordar que “la impunidad es absolutamente incompatible con un estado democrático y de derecho”. El letrado ha asegurado que las querellas presentadas “contienen una descripción muy detallada de los hechos que sucedieron”, refrendada con documentación, informes periciales de contexto y expedientes de aquella época.
Junto a Pacheco y a Edo también han acudido a los tribunales, Manuel Reboiras y Ausiàs Alminyana. El primero ha presentado la querella en Ferrol por el asesinato de Moncho Reboiras, uno de los líderes del nacionalismo gallego de izquierdas. En 1975 la policía le mató de tres tiros por la espalda. La denuncia se dirige contra 26 miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (policía armada y miembros de la Brigada Político Social) que participaron en el operativo.
Por su parte, Alminyana se ha querellado por las torturas sufridas en el año 1972 por su padre, Vicent Almiñana, cuando fue encarcelado con 18 años. A pesar de tomar esta decisión, el joven ha explicado que no considera que esta actuación judicial vaya a prosperar: “No creo que la denuncia vaya a servir de nada, pero como mínimo que sean ellos [los jueces] los que digan que les parece perfecto y se desentiendan”.
El letrado de CEAQUA y un abogado de Amnistía Internacional (AI) han recordado que la Ley de Memoria Democrática recoge que todas las normas “del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía” se aplicarán según el Derecho Internacional, que determina que “los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. Por lo tanto, teniendo en cuenta este artículo Daniel Canales, investigador de AI espera que los tribunales “den una respuesta acorde a los derechos de las víctimas”.