El 24% de todos los acuíferos españoles están sobreexplotados. “En mal estado cuantitativo”, según la jerga oficial. La extracción de agua por encima de los límites de recarga de estos depósitos naturales ha permitido poner en producción de regadío grandes extensiones de terreno donde era inimaginable desarrollar este tipo de actividad económica.
Al rebufo de esa posibilidad, a las extracciones de agua autorizadas por las administraciones se han ido añadiendo hectáreas y hectáreas de terreno que, sin permisos, también han perforado, bombeado y regado fincas. La organización WWF ha rastreado la extensión de este “saqueo hídrico” adherido a cuatro acuíferos: Los Arenales, Doñana, Alto Guadiana y Campo de Cartagena. Los resultados son una fotografía panorámica del robo del agua subterránea.
“Las autoridades del agua y de la agricultura no han sido capaces de controlar la expansión de las extracciones, sumándose a la sobreexplotación desde pozos legales que ya existían un gran número de captaciones ilegales sin un derecho de uso reconocido”, concluye su estudio. El precio: se impide que ese agua nutra ecosistemas como Daimiel o Doñana, se abre la puerta a la contaminación de los acuíferos con agua del mar, se hunde el terreno circundante y “un excedente agrario que ha producido descensos muy significativos en los precios percibidos por los productores por el exceso de oferta, arrastrando al abismo a las explotaciones agrarias en secano”.
Los Arenales: también hay regadío en la Meseta norte
El acuífero de Los Arenales se extiende por las provincias de Segovia, Valladolid y Salamanca mediante tres masas subterráneas: Los Arenales, Medina del Campo y Tierra de Vino. De ese líquido se benefician 77.900 hectáreas de cultivos de regadío: un tercio no tiene derecho para usar esa agua: 23.900 hectáreas que extraen unos 97,99 hectómetros cúbicos al año para esas explotaciones, según las estimaciones de este trabajo.
Así que, según la revisión de la cartografía de fincas con autorización y el cálculo de agua que utilizan esas extensiones por el tipo de cultivo con los que trabajan las explotaciones pirata, de la masa subterránea de Medina del Campo se sacan 55,99 hm3 anuales fuera de los permisos, de Los Arenales 31,3 y de Tierra del Vino otros 10,68. En principio, todo ese volumen no tiene amparo para ser utilizado. “Supone en torno al 30% de los recursos disponibles del acuífero –que está en 321 hm3 al año– lo que refleja el grado de sobreexplotación”, concluye el análisis de WWF.
¿Para qué se usa? Pues casi la mitad de las 23.900 hectáreas ilegales son plantadas con cultivos herbáceos de primavera y la otra gran parte para herbáceos de verano de alta dotación (remolacha, patata, cebolla). Estos últimos son los que más agua se beben cada temporada: 71 de esos 97,9 hm3. Hay una pequeña porción de 800 ha para viñedos.
¿Cuál es el impacto? WWF considera que estas hectáreas son la principal responsable de la sobreexplotación del acuífero. El deterioro del depósito de agua subterráneo se deja notar en los ecosistemas de la superficie que están conectados a él: los ríos Trabancos y Zapardiel ven cómo se han reducido apreciablemente sus caudales y las aportaciones a las lagunas y humedales del Lugar de Importancia Comunitaria de Los Arenales van para abajo.
Campo de Cartagena: un laberinto burocrático en el que se esconde el regadío.
Alrededor del acuífero de Campo de Cartagena (Región de Murcia) se ha tejido un laberinto burocrático que favorece el descontrol. Existen fincas que no tienen derechos de uso privativo del agua subterránea, pero no se consideran explotaciones ilegales porque se regaban antes del Plan Hidrológico vigente: han consolidado el uso del agua dentro de un ámbito geográfico que las autoridades han llamado Unidad de Demanda Agraria (UDA).
Así que la investigación de WWF no ha podido aplicar el mapa de fincas con derechos legales de agua sino que hay que buscar la superficie que se salga de esa UDA. Sin embargo, en el caso específico del Campo de Cartagena –que esta detrás del declive ecológico sin freno del Mar Menor– el Ministerio de Transición Ecológica ha calculado que unas 8.460 hectáreas de regadío son irregulares (su estimación preliminar fuer algo superior).
Pero, para añadir un poco más de confusión, en la Región de Murcia se distingue entre superficie puesta en regadío y el área que se riega efectivamente. Se debe a que una misma finca puede tener hasta tres cosechas anuales cada una con sus exigencias de agua. Además “no es posible conocer el origen del agua que se utiliza dentro de la UDA”, subraya el trabajo de WWF.
Con todo ese cóctel, esas 8.460 que asume la Confederación Hidrográfica del Segura son el 20% de la superficie de riego oficial. La estimación de agua extraída sin autorización ronda los 8-9 hm3 cada año.
Las consecuencias: es quizá el caso más famoso. La presión constante del regadío intensivo, y más si es ilegal, afecta de forma directa a la recarga de agua dulce de la laguna del Mar Menor. En esa agua ha viajado una cantidad ingente de fertilizantes agrícolas que han derivado en la eutrofización de la laguna y el desastre ecológico que han evidenciado los episodios de sopa verde de 2016 o las mortandades masivas de fauna en 2019 y 2021 al estar el ecosistema desequilibrado.
Guadiana: sobreexplotación de décadas
El acuífero del Alto Guadiana en Castilla-La Mancha abarca tres masas: Mancha Occidental I y II y Rus-Valdelobos. La sobreexplotación, incluidos los permisos legales acumulados, se alarga durante décadas. La declaración oficial se produjo en 1988 y la definitiva en 1995. Con todo, en 2019, WWF pudo detectar 51.465 hectáreas de regadío fuera de los mapas autorizados. Es un 29% de todo lo que se riega con esa agua ya sea autorizado o no.
El agua estimada para esa superficie suma 92 hm3. Un daño extra que se suma a la sobreexplotación que permiten las autorizaciones de riego que se han ido acumulando en esa zona. El Plan Hidrológico en vigor establece un máximo de 199 hm3 para ese acuífero y los derechos consolidados suman 250 hm3.
¿Qué se riega? La mayor parte son cultivos leñosos en los que las vides tienen gran protagonismo. “Se está produciendo una situación estructural de sobreexplotación que se ha consolidado a través de varios planes de reestructuración del viñedo y la plantación de otros cultivos leñosos en la zona y que resulta complicado de corregir y manejar en situaciones de sequía”, concluye el estudio.
El Impacto: el parque nacional de las Tablas de Daimiel está en estado crítico de conservación. De hecho, sobrevive a base de transfusiones de agua bombeada desde los pozos de emergencias excavados para evitar que se seque por completo y autocombustionen sus turberas. “Esta situación deriva de la desconexión entre las aguas subterráneas y superficiales debido al descenso de los niveles de los acuíferos”, reitera WWF.
Doñana: el boom de los frutos rojos junto al Patrimonio de la Humanidad
En torno a Doñana, Patrimonio de la Humanidad, se extiende una gran variedad de cultivos de regadío. Se nutren de los acuíferos de Doñana y el Aljarafe. El cálculo de WWF es que 4.700 hectáreas fueron regadas sin autorización en 2020. Eso supuso la extracción de 21 hm3 de agua sin permiso aquel año. Grosso modo, el 60% de esa superficie fue a cultivos leñosos como los frutales y un 30% a cultivos bajo plástico: el boom de los frutos rojos como el fresón o los arándanos.
¿Qué se riega? De las masas de agua asociadas a Doñana, 1.200 hectáreas de cultivos bajo plástico fuera de la cartografía oficial se nutren de La Rocina (se extraen 9 hm3 ilegales) y otras 800 hectáreas de leñosos extraen agua de la masa Almonte. También han detectado 255 hectáreas de regadío irregular sobre la masa Marismas. Estos tres acuíferos fueron declarados en mal estado cualitativo en julio de 2020. La justicia europea condenó a España en junio pasado por no proteger Doñana del expolio de agua. Los magistrados entendieron que, precisamente, debería haberse tenido en cuenta la extracción ilegal a la hora de estimar los bombeos del acuífero.
Además, el acuífero de Aljarafe (norte y sur) es perforado para alimentar 2.000 hectáreas más de cultivos intensivos lo que supone, en total, 6,8 hm3 de agua sin permiso.
El impacto: se ha detectado ya un daño directo en el flujo de agua subterránea que debería llegar a las lagunas permanentes y estacionales situadas en la zona peridunar del Parque Nacional de las Marismas de Doñana. La falta de aportación de agua provoca que este hábitat prioritario se encuentre en declive. Igualmente, “la disminución del nivel freático tiene un impacto sobre la conservación de las formaciones vegetales en las zonas de Los Cotos, relata la ONG.