Cuatro expresidentes del Gobierno escriben a la jueza de la querella argentina cartas de apoyo a Martín Villa

Los apoyos a Rodolfo Martín Villa enviados a la jueza argentina Servini han ido llegando de cara a la declaración indagatoria prevista para este jueves, en la que está previsto que el exministro de la Transición declare vía online desde la embajada argentina de Madrid por “delitos de homicidio agravado” en un contexto de crímenes de lesa humanidad por sucesos como los de los Sanfermines de 1978 (un muerto, 150 heridos) o la masacre de Vitoria el 3 de marzo de 1976 (5 muertos, más de 100 heridos), entre otros. Martín Villa ha hecho entrega de estas cartas a la jueza argentina.

Se trata de misivas de apoyo de los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, de los exsecretarios generales de UGT y CCOO Nicolás Redondo, Cándido Méndez, Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo, de dos “padres de la Constitución” –Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca–, del exministro y presidente de la Fundación España Constitucional Eduardo Serra, del exministro y presidente de la Fundación Transición Española Rafael Arias-Salgado, del senador Jaime Ignacio del Burgo, del exministro Marcelino Oreja del exministro en Chile Enrique Krauss y del exministro portugués Jaime Gama. También destacan las cartas del exministro y hoy vicepresidente de la Comisión Europea como Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell, al embajador de España en Argentina y al representante diplomático de ese país en España.

Con ello Martín Villa pretende, según dice en el propio escrito enviado a la jueza, “defenderme pero sobre todo defender que en la Transición, que ha sido una de las mejores etapas de nuestra historia reciente, fue imposible que hubiese un genocidio”.

Eldiario.es ha tenido acceso a algunos de los textos de apoyo. En su escrito, el expresidente Zapatero defiende el papel de la transición y la Ley de amnistía como “un elemento central del Pacto de Transición”, y destaca que Martín Villa contribuyó con “convicción y eficacia” “a afianzar el nacimiento de la democracia en mi país. No tengo duda de que esta y no otra es precisamente la huella que él deja en la historia reciente de España”. Y añade: “España llegó a la democracia a través de un gran pacto que solo se entiende a la vista de nuestra accidentada y muchas veces violenta historia política precedente, un pacto que el pueblo español ratificó y legitimó, y que protagonizaron, junto a la participación reciente de los líderes de la izquierda política en aquél proceso, jóvenes dirigentes que habían comenzado su andadura política en la etapa final del franquismo, pero cuyas acciones ya directamente atribuibles a su propia iniciativa política consistieron precisamente en contribuir de forma decisiva a esa ansiada llegada a la democracia a su país. El Sr Martín Villa fue entre ellos uno de los más destacados. (…)”

En su texto, el exsecretario general de CCOO Antonio Gutiérrez titula su escrito “Ahora sí le doy las gracias a Martín Villa”, y en él exime de responsabilidad en los asesinatos investigados al exministro de la transición, afirma que imputarle tales delitos “no es sólo una sarcástica e insostenible tergiversación de su trayectoria, sino de todo el proceso de Transición a la democracia” y destaca que Martín Villa evitó “la violencia siempre que pudo”.

El expresidente Felipe González va más lejos en su escrito, considerando que “se deberían depurar responsabilidades de los que, a mi juicio, de mala fe lo instaron [este proceso] y sin sentido”. González señala que “el comportamiento de Martín Villa al frente del Ministerio de Gobernación -el más complicado del momento- fue impecable y fuertemente comprometido con el respeto al Estado de Derecho, su preservación y su desarrollo”. Y añade, posteriormente: “Por todo esto, señora Jueza, puedo testimoniar mediante esta declaración, la entrega de Rodolfo Martín Villa a la recuperación de las libertades democráticas de los españoles y su intenso quehacer en defensa del estado de derecho”.

En la misma línea de apoyo se expresan los exsecretarios de UGT Cándido Méndez y Nicolás Redondo, quienes destacan el papel de Martín Villa “buscando la reconciliación entre españoles”.

“Ser figura de la Transición no lo exonera”

La agrupación de asociaciones querellantes Ceaqua lamenta que los apoyos a Martín Villa consideren que su figura “como hacedor de consensos” lo exonere de cualquier responsabilidad penal“ y que Felipe González considere ”que las responsabilidades penales deberían depurarse respecto a los propios querellantes y no respecto a Martín Villa“. Ceaqua recuerda que la obstaculización por parte de las autoridades españolas de la causa criminal que se tramita en Buenos Aires ha sido severamente criticada y censurada por el Consejo de Derechos Humano de Naciones Unidas, por el Parlamento Europeo y también en el seno del Consejo de Europa. También subraya que desde Naciones Unidas se reclama al Estado español que ”revierta, de una vez por todas, sus políticas de impunidad en este ámbito y permita, conforme a la normativa del Derecho Internacional de Derechos Humanos y de Derecho Penal Internacional la investigación de dichos crímenes“.

Las asociaciones querellantes resaltan que Martín Villa “fue el paradigma de aquellos líderes políticos que provenientes de una dictadura sanguinaria y cruel como la franquista pasaron a considerarse padres de la actual democracia”, y subrayan que “los hechos por los que está imputado Martín Villa en la querella argentina, en base a la responsabilidad del superior civil -que puede ser, conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto por acción como por omisión- integran doce asesinatos y cientos de heridos ocasionados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que él dirigía, y a los que alude como ”actuaciones desgraciadas“ o simples ”errores“. Los hechos están debidamente acreditados en la causa penal y es en el plano estrictamente jurídico-procesal, que no político, en el que la Jueza Servini deberá determinar si le procesa o no”.

Desde CEAQUA añaden que “atendiendo a todas las diligencias probatorias incorporadas a la causa, esperamos que finalmente Martín Villa sea procesado, lo que supondrá un avance procesalmente indudable en la tramitación del proceso y un paso importante para poner fin a un modelo de impunidad incompatible con un Estado democrático”.

Imputado por 12 delitos de homicidio

Martín Villa está investigado por un total de 13 delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad durante la Transición española. La justicia argentina imputa la participación del exministro en varias matanzas, como la masacre de Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que cinco obreros murieron por disparos de la Policía Armada en una iglesia previamente “gaseada”. La represión contra los trabajadores dejó más de 100 personas heridas, la mayoría por armas de fuego. Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales del Gobierno presidido por Carlos Arias Navarro.

El mismo año 76 los llamados “guerrilleros de Cristo” mataron a una mujer en Santurce. El grupo ultraderechista estaba “protegido por la policía”, según la denuncia en manos de la jueza Servini. En 1977 se produjeron nuevos fallecidos, un estudiante muerto en una manifestación que pide amnistía para los presos políticos de la dictadura y otros tres muertos, uno de ellos tras “trece días de dolorosa agonía” por torturas policiales.

Los sucesos de Sanfermines del 78, uno de los episodios más violentos de represión policial en laTransición, también están incluidos en la causa. En ellos, las fuerzas de seguridad cargaron tras el despliegue de una pancarta en favor de la amnistía total. Un estudiante recibió un tiro en la frente, y más de150 personas resultaron heridas. Otro joven cayó asesinado días después en Donostia.

Martín Villa, en estos casos, estaba a cargo de las fuerzas de Seguridad del Estado como ministro de Gobernación o del Interior.

La jueza María Servini investiga si estos asesinatos están enmarcados en “puntuales” o si son delitos cometidos en España entre 1936 y 1977 “en el marco de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político”. Los crímenes de lesa humanidad imputados al exministro son sancionables “con las penas de reclusión o prisión perpetua” según la legislación argentina.