Solo cuatro universidades públicas pagan a sus investigadores la ayuda íntegra que les da el Ministerio

Son cuatro de 48, una de cada 12. Solo las universidades de La Rioja, Oviedo, Politécnica de Madrid y Salamanca están pagando a los investigadores contratados bajo el último programa de excelencia del Ministerio de Universidades las ayudas íntegras que preveían las convocatorias. Todas las demás (son 50 públicas, pero la Internacional de Andalucía y la Internacional Menéndez Pelayo no cuentan a estos efectos) utilizan parte de los fondos que los investigadores esperaban ver en sus nóminas para pagar las cuotas empresariales, según un recuento realizado por elDiario.es preguntando a los centros y cotejando con los propios interesados.

Esto significa que los investigadores –muchos de los cuales dejaron sus trabajos previos, algunos en el extranjero, para acogerse a estos programas– están cobrando cada mes entre 650 y 1.000 euros menos de lo que entendían era su retribución. Buena parte de las universidades consultadas (no todas han respondido) se escudan en que así lo permitía la convocatoria que realizó el Ministerio, y este se limita a remitirse al texto, que estipula que cada rectorado podía darle a estas ayudas la forma jurídica que creyera más conveniente y complementar con fondos propios los contratos. Casi ninguna lo ha hecho.

Los diferentes organismos de control dudan de que solo porque la orden ministerial que regula las ayudas lo disponga así esta práctica sea legal. Los investigadores están peleando por lo que consideran suyo y tienen dos frentes abiertos, con victorias parciales (y también derrotas).

La Inspección de Trabajo sostiene que la práctica de la mayoría de las universidades es ilegal. Una inspección en la Comunitat Valenciana a raíz de una denuncia que afectaba a los trabajadores de las universidades de Valencia y Politécnica dio la razón a los empleados: los fondos de la convocatoria no se pueden utilizar para pagar cuotas patronales, pertenecen a los investigadores.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dio la semana pasada la razón a 80 científicos de la Universidad de Valladolid: tienen derecho “a cobrar íntegramente” las cantidades brutas estipuladas por el Ministerio en la oferta inicial, dice el TSJ. Aclara la sentencia judicial que los afectados no deben sufrir ningún tipo de recorte en su salario para pagar la cuota patronal —el impuesto que paga mensualmente una empresa por cada empleado— y califica de “nula e injustificada” esta práctica empresarial por parte de la institución.

Pero el TSJ de Murcia rechazó otra demanda de CCOO en los mismos términos con una sentencia que viene a decir que dado que la convocatoria de los contratos de la Universidad de Murcia indicaba que se iban a detraer los fondos de las nóminas, los investigadores no pueden protestar porque ya lo sabían. Esta sentencia, lamentan los científicos, ignora el artículo 143 del RD 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que dice que “será nulo todo pacto, individual o colectivo, por el cual el trabajador asuma la obligación de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuota a cargo del empresario”.

El tema, auguran expertos en Derecho del Trabajo, va camino del Tribunal Supremo, que tendrá que fijar doctrina y establecer cuál es la práctica correcta.

De 4.000 euros a 2.300

Los contratos posdoctorales Margarita Salas y María Zambrano fueron la principal apuesta del Ministerio de Universidades durante la pandemia. Aprobados definitivamente en abril de 2021 por el entonces ministro Manuel Castells, tienen como objetivo fomentar la movilidad, recualificación y atracción de talento entre el personal docente e investigador y se dotaron en principio de 387,15 millones de euros que provenían de fondos de la UE. Siguiendo lo publicado en el BOE, el importe mensual de las ayudas Margarita Salas para los posdoctorales se estipuló en 3.500 euros brutos para los que solicitasen realizar la estancia en el extranjero y 2.800 euros brutos para los que quedasen en el territorio nacional, siempre vinculados a una universidad. Para las María Zambrano, que exigen más experiencia, ofrecían 4.000 euros brutos al mes. Se ofertaron, en la primera convocatoria, un total de 2.516 plazas para todas las universidades españolas.

Según el Ministerio de Universidades, los diferentes rectorados han concedido finalmente 3.914 ayudas (2.696 Margarita Salas y 1.218 María Zambrano). A falta del desglose por centros, un cálculo grueso dice que el 8% de los contratos que corresponden a los cuatro centros que están asumiendo las cuotas con fondos propios equivale a que unos 310 investigadores están cobrando la ayuda íntegra y más de 3.500, no. Estos están sufragando con su salario sus cuotas a la Seguridad Social y también las de la empresa. Mismo programa, diferente remuneración.

A efectos prácticos, esto significa que la ayuda María Zambrano, destinada a la “atracción de talento” y fijada en la convocatoria en 4.000 euros brutos, acaba convertida en 2.300 en la cuenta corriente del beneficiario. Las Margarita Salas se reducen desde los 3.500 euros al mes para quien solicite estancias en el extranjero y en 2.800 euros brutos en España hasta unos 1.800 y 1.500 euros, respectivamente.

Las diferentes universidades no se acaban de poner de acuerdo respecto a las convocatorias. Como explican desde la Universidad de Cádiz en un argumento que repite la mayoría, “la Universidad ha actuado igual que el resto de las universidades conforme se establece en las respectivas convocatorias, en donde queda reflejado de forma clara que: 'La dotación mensual bruta de las ayudas incluye el salario bruto, la parte proporcional de las pagas extraordinarias y la cuota empresarial de la Seguridad Social'”.

Pero no todas tenían tan claro que esta tuviera que ser la fórmula necesariamente. La convocatoria de Universidades también daba a los rectorados la posibilidad de complementar las ayudas con sus fondos, y algunas lo han hecho. La Politécnica de Madrid (UPM), una de las que lo hace, explicó en una nota hace una semana que “como no puede ser de otra manera” añadió la cuota patronal de sus 112 beneficiarios “con cargo a sus fondos propios”. La universidad ha destinado 2,7 millones de euros a este gasto.

Otras, como la Universidad de Córdoba, han pasado de un modelo a otro. El centro, que estaba detrayendo de las nóminas las cuotas empresariales a la Seguridad Social, ya negociaba con sus investigadores una mejora en las condiciones, pero tras la sentencia del TSJCL ha dado el paso definitivo. El pasado miércoles anunció que pasaría a cubrir estos gastos con sus fondos propios, a falta de ver el encaje jurídico específico que le da.

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