La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) funciona como lobby en redes sociales, inicia procedimientos judiciales en defensa del franquismo, como el de impedir cambios en el callejero de Madrid, y organiza eventos y premios para ensalzar la figura del dictador. Todo este dinero sale, básicamente, de las aportaciones de los nostálgicos de la dictadura, a través cuotas mensuales que deducen para Hacienda, o haciendo donaciones directas y puntuales a esta entidad, que acumula pérdidas de 84.000 euros desde su nacimiento.
eldiario.es ha tenido acceso a gran parte de los balances de cuentas gracias a una respuesta del Ministerio de Justicia a través del Portal de Transparencia. Al ser una fundación, tiene la obligación de aportar sus datos ante este organismo. Eso sí, las de 2015 son las últimas que se han aportado desde el ministerio, aunque desde la Fundación Franco aseguran que también han presentado las de 2016 y 2017 “tanto físicamente como vía telematica de las que tenemos los recibos consecuentes. Lo que suceda en el caos que tienen en el Ministerio al respecto ya no sé.”, informa Juan Chicharro, presidente de la Fundación.
Ese año 2015 la entidad franquista ingresó 97.605 euros en concepto de cuotas de socios y afiliados. Estas cantidades de dinero, según los estatutos en ese momento, son aportadas para “toda actividad que conduzca a enaltecer la figura de Franco y a preservar su legado”. Para evitar una posible ilegalización, una medida que está en la agenda del gobierno de Pedro Sánchez, la fundación ha cambiado recientemente sus fines y rebaja el enaltecimiento a “difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco en su dimensión humana, militar y política”.
Mientras se ilegaliza, se saca del régimen de fundaciones, o no, los socios de esta entidad franquista se deducen un 75% de la aportación de los primeros 150 euros que donan y un 30% cuando superan esa cantidad. A efectos prácticos, si un franquista ha donado 150 euros a la FNFF, el Estado le 'perdona' el 75%, 112,50 euros, restando esta cantidad de lo que le salga a pagar de IRPF. O, lo que es lo mismo, el Estado subvenciona con dinero público a los donantes, que pagan menos a Hacienda. Esto es posible porque las fundaciones tienen un régimen especial, ya que se consideran de “interés general”, según la ley que las regula. También la Fundación Franco cumpliría para el Estado ese “interés general” desde su creación el 8 de octubre de 1976 y por eso sus donantes tienen esos incentivos.
Las cuentas de 2015
Ese año 2015, las cuentas de la FNFF también reflejan una jugosa aportación extra además de las cuotas mensuales: una partida de 75.372 euros en concepto de “subvenciones, donaciones y legados”, aunque no se especifica cuántos o cuáles fueron los donantes. Solo que lo hizo o hicieron “personas físicas”, no una empresa, y que se aportó para “ayuda al funcionamiento de la fundación”. El 2015 acabó con leves pérdidas: si el total de ingresos fue de 179.750 euros, los gastos ascendieron a 181.034 euros, de los cuales algo más de 42.000 se destinaron a salarios. En total, 1.284 euros de pérdidas en unas cuentas que reflejan la inexistencia de créditos bancarios. El desembolso de dinero ese año fue a “gastos en investigación y desarrollo de servicios”, “otros servicios” o “suministros”.
Los años anteriores fueron mejores para la FNFF. En 2014, Eduardo Cuadros donó 87.205 euros a su muerte para el “desarrollo fines fundacionales gral.” Es el mismo donante que legó a Manos Limpias casi 180.000 euros. Según recogió La Vanguardia en 2017, tenía estrecha relación con miembros de la fundación fascista. Además de la herencia, ese año se ingresaron 80.402 euros en concepto de cuotas y las cuentas quedaron equilibradas: se ingresaron 167.677 y se gastaron solo 48 euros más. En 2013, la Fundación Francisco Franco sí ganó, aunque poco: 1.049 euros. Ese año las memorias reflejan doscientos benefactores. Chicharro asegura que actualmente sus afiliados “rondan las 1.000 personas, con un incremento último de unas 200”. Y añade por correo que “las aportaciones más habituales son de 10 euros trimestrales. La mayoría gente humilde si bien, no le engaño, de otras mayores de mayor entidad”.
En cuanto a empleados, en 2015 constaban dos, una plaza de auxiliar administrativa y otra de oficial administrativa. En la parte del inventario, la fundación refleja el valor de haber digitalizado su archivo, gracias a las ayudas públicas de 150.000 euros que le concedió el gobierno de Aznar de 2000 a 2003 y que, como publicó eldiario.es, también usaron para comprar una fotocopiadora, ordenadores o una destructora de papel. También aportan como inventario el sistema antiincendios, mobiliario y equipos informáticos pagados con la ayuda concedida por el gobierno del PP y que supuestamente había ido solo a digitalizar documentos, no a mejorar su sede.