¿Por qué cuesta tanto alcanzar una incidencia de 50 casos a pesar de la vacunación?
La gestión de la pandemia en España ha funcionado por horizontes: la desescalada, la vacunación a los mayores de 60, el fin del estado de alarma o el 70% de la población inmunizada. Pero hay un objetivo que se ha mantenido invariable y ha sido el de reducir la incidencia acumulada hasta los 50 casos por 100.000 habitantes. Desde el inicio de la crisis de la COVID-19, alcanzar el nivel “bajo” de transmisión (entre otras cosas, con una IA a 14 días de entre 20 y 50) ha sido el objetivo último en todos los escenarios. Pero con una incidencia actual de 115 esa meta es ahora mucho más flexible que hace un año.
La primera vez que España bajó de 50 fue el 5 de mayo de 2020. Por entonces, el único ocio permitido en la calle era salir a pasear solo, con convivientes o con mascotas. Las peluquerías podían abrir con cita previa, pero los bares y restaurantes mantenían únicamente el servicio a domicilio. El 11 de mayo dio comienzo la fase 1 de la desescalada, en la que se permitieron reuniones en domicilios de hasta 10 personas, las visitas a familiares dentro de la misma provincia y la apertura del culto religioso, de las terrazas al 50% y del pequeño comercio con lista de espera. Pero ni viajes, ni colegios ni centros comerciales. España tenía una IA de 30 casos por 100.000 habitantes y llegó a descender hasta los 8 casos en junio.
Un año después, este dato es 15 veces mayor, pero el contexto es totalmente distinto. Apenas quedan restricciones a la movilidad después de la caída del estado de alarma; las fronteras españolas acaban de abrirse a todo aquel que acredite vacunación o una PCR negativa; se estudia el fin de la mascarilla en exteriores; y el ocio nocturno prepara su rentrée. Todo ello gracias a la vacunación, que ha cambiado para siempre la forma de interpretar la incidencia acumulada. “No significa que no sea importante: la incidencia debe preocuparnos cuando seguimos reportando 5.000 contagios al día”, alerta el epidemiólogo Quique Bassat. “Pero es verdad que cada vez redunda en menos muertes y en menos hospitalizaciones”, añade.
“La variable clave ahora es la presión asistencial”, piensa José Martínez Olmos, exsecretario general de Sanidad y profesor de Salud Pública en Granada. La ocupación hospitalaria por COVID está en un 3% y en un 11,8% en el caso de las UCI, unos números que no distan tanto de los que se registraban en mayo de 2020, con menos transmisión comunitaria, pero sin la barrera de la vacunación. “Ya no se correlaciona la incidencia con la hospitalización, la UCI y la mortalidad de forma tan clara, y es por la protección de los más vulnerables”, recuerda Mario Fontán, MIR de medicina preventiva e investigador. Entonces, ¿por qué conservamos la misma meta que hace un año y por qué nos está costando tanto llegar a ella?
Nos hemos precipitado en liberalizarlo todo a la vez: toque de queda, restricciones a la movilidad, el debate de la mascarilla o la reapertura de las fronteras. Por muy contentos que estemos y por mucho que necesitemos el turismo, habría que ser más cautos
Para empezar, por las restricciones. “Nos hemos precipitado en liberalizarlo todo a la vez: el toque de queda, las limitaciones a la movilidad, el debate de la mascarilla o la reapertura de las fronteras. Por muy contentos que estemos y por mucho que necesitemos el turismo, habría que ser más cautos”, opina Bassat. “No es compatible con perseguir una incidencia de 50”, asegura. Aún así, cree que este número “seguirá bajando en paralelo a la vacunación”, pero también augura que “la velocidad de descenso será muy lenta”.
“Volver a un escenario como el de mayo es un imposible que no está en ninguna agenda de Salud Pública”, admite Martínez Olmos. “Si quisiésemos reducir la incidencia, habría que adoptar medidas mucho más restrictivas, pero la percepción entre las comunidades autónomas es de que las prioridades han cambiado”, dice el experto en relación a la economía y el turismo.
De hecho, por eso Sanidad ha tenido problemas a la hora de obligar al cumplimiento de las últimas restricciones a la hostelería. Después de un mes de la caída del estado de alarma, Madrid, Euskadi o La Rioja se negaban a acatar las limitaciones a sus interiores a pesar de suspender en varios objetivos epidemiológicos, entre ellos el de la incidencia de 50 casos. Esa heterogeneidad de escenarios es otra de las razones por las que a España le está costando abatirla, aunque no es la única.
“La velocidad del descenso será muy lenta”
Solo dos comunidades cumplen actualmente el requisito de la incidencia menor de 50: la Comunitat Valenciana (40) y Baleares, que desde este martes tiene la IA más baja de la lista (38). La Comunitat Valenciana, la más baja hasta ahora, ha registrado un ligero repunte en los últimos días, algo normal según los expertos cuando se trata de incidencias tan reducidas y mientras no avance más la vacunación. “Cualquier brote se va a reflejar en la IA”, reconoce Olmos. La de Ximo Puig ha sido una de las regiones más estrictas y con los datos más favorables, pero ahora que no tiene ni toque de queda, “es probable que los casos suban”, predice el experto, que no descarta más aumentos “a la vista de lo que ha ocurrido en Reino Unido con la variante india”.
Además, “el grupo con mayores actitudes de riesgo y que está concentrando la transmisión no va a ser vacunado todavía. Son ellos los que están manteniendo la incidencia y por eso no sería mala idea dejar de vacunar por franjas de edad y abrirlo a todas las edades”, apuesta Quique Bassat. El investigador en ISGlobal cree que la inmunización de entre los 30 y los 15 años debería hacerse de forma masiva para “amortiguar el impacto”. Por otra parte, “los casos, sean muchos o pocos, se van a concentrar en los grupos más jóvenes, y ellos por fortuna sufren un menor impacto en su salud”, tranquiliza Martínez Olmos.
La vacuna no evita el contagio, sino la enfermedad grave, y hay que tener en cuenta el volumen de personas que va a venir este verano vacunado de otros países (junto a sus familias sin vacunar) y que puede aumentar la incidencia
“Estamos pidiendo datos de incidencia por grupos de edad para plantear medidas dirigidas a ellos: no punitivas, sino informativas, de carácter pedagógico”, explica el epidemiólogo de Granada. “No hay que volver a las restricciones de mayo, sino aplicar otras concretas sobre la población que está siendo más golpeada”, dice, poniendo como ejemplo el ocio nocturno no regulado: “Si comprobamos que la subida está relacionada con los botellones, habría que intentar que los municipios donde ocurren cumpliesen con la ley que prohíbe beber en la calle”. Bassat, en este punto, discrepa. “No es fácil hacer políticas diferentes para grupos de edades distintas. Yo apuesto por una regla única aplicable a todo el mundo, y ni siquiera diferenciar entre vacunados y no vacunados”, manifiesta. “Hasta que no lleguemos al 70%, pringamos todos”.
Por último, pero no menos importante, la posibilidad del recontagio. “Se confirma que la vacuna no evita el contagio, evita pasar la enfermedad de forma grave o incluso sin ningún síntoma, pero no que contagies a los demás”, advierte José Martínez Olmos. “También hay que tener en cuenta el volumen de personas que van a venir este verano vacunadas de otros países, junto a sus familias sin vacunar, y que pueden aumentar el riesgo real de contagios”, abunda. Bassat menciona el caso del brote en la residencia de ancianos vacunados en Madrid, en el que se han identificado 21 positivos. “No sabemos bien aún el impacto: la vacuna te protege, pero no es un cortafuegos”, precisa.
Aún así, ambos apuestan por no abandonar el objetivo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. “La población puede hacer mayores esfuerzos para bajar la incidencia y mantener, al menos, las medidas de higiene y distancia personal”, cree Olmos. Pero, en su opinión, lo que debe hacer el sistema es “potenciar la vigilancia epidemiológica, perseguir los contagios y asegurar los aislamientos para que no repercuta en la salud del país, pero tampoco en la imagen hacia el exterior”.
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