Cuidar sin cotizar: “No me hacen contrato y me pagan en negro”
La sanción de 1.000 euros ratificada esta semana por un juzgado de Zaragoza al secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, por tener contratado a un asistente sin cotizar, ha puesto luz sobre la realidad de muchos cuidadores, en su mayoría mujeres migrantes, que trabajan con personas dependientes ajenas a la seguridad social o en situaciones precarias. “Somos un gremio olvidadito”, resume Carmen (nombre ficticio). Esta colombiana tiene tres trabajos: de lunes a viernes dos horas por las mañanas; cuatro al mediodía; y de interna con un gran dependiente de sábado a las 10 a lunes a las 8 h. La suma, 76 horas a la semana por unos 1.200 euros limpios, por los que sí cotiza, aunque explica que ha estado “en trabajos en los que, al ser dos horas, no querían o te decían: te pagamos esto, si quieres, cotiza”.
“Si me van a pagar seis euros por tener la seguridad social, prefiero no pagarla”, reconoce Marta (nombre ficticio). Cobra 10 a la hora por realizar labores de cuidado a un matrimonio de 92 años, dos horas al día. “Les lavo la ropa, les hago la cama, les tomo la tensión, hago con la señora los ejercicios que mandó el osteópata…”, relata. El mes pasado tuvo que devolver el recibo de la luz porque “Endesa no pregunta si estás cotizando. Lo hago así porque tengo necesidad”.
“Las trabajadoras sociales que trabajan pocas horas no están dadas de alta en la seguridad social porque hay una normativa que las desincentiva”, explica Lorea Ureta, militante de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia (ATH/ELE). Para ella, parte del problema está en los tramos de cotización, que han ido ampliándose desde que en 2011 se aprobó la normativa que obligaba a cotizar desde la primera hora (y que entró en vigor en 2012) y el primero de ellos es muy alto.
Por aquel entonces, el tramo más bajo era de una base cotizable de 76 euros, “algo razonable” en opinión de Ureta. Con Rajoy, el más bajo subió por encima de los 170 euros. “Eso genera que a toda esa gente que tiene una trabajadora muy poquitas horas, la cuota le suponga más dinero” explica. “¿Qué ocurre? Se van a la clandestinidad, a la economía sumergida”, afirma. Este año, PSOE y Podemos han pactado subir el tramo más bajo de cotización a 206 euros, lo que supone algo más de 60 euros para el empleador al mes se contrate un hora a la semana o cuatro, por ejemplo. “Si tú pones una norma que desincentiva y, además, la administración no pone medidas para que se cumpla, nadie lo hace”, justifica. Propone ajustar los tramos para personas que contratan pocas horas, porque el mínimo es su opinión es muy alto y el resto “ahora van de 135 a 135 euros”. Pero no todo es una cuestión de ajustar tramos, ya que es un sector donde se calcula que hay miles de trabajadores a jornadas completas o medias jornadas sin contrato.
Una encuesta realizada por el Observatorio de la Realidad Social de Navarra a personas dependientes en la región arroja un dato: el 25,7% reconoce tener empleado a un cuidador sin contrato. No es un dato extrapolable a todos los territorios, pero sirve como ejemplo. Porque poner cifras al número de cuidadores profesionales es muy complejo. Sobre todo, por la invisibilidad de las personas que trabajan bajo la economía sumergida, que no están dadas de alta en la Seguridad Social, como era el caso del asistente de Pablo Echenique.
Que el lugar de trabajo sea muchas veces el hogar familiar dificulta la actuación de la Inspección de Trabajo, ya que la Constitución protege la inviolabilidad del domicilio, salvo en contadas excepciones. La autoridad laboral investiga “todas las denuncias de particulares”, explica Mercedes Martínez, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), pero las visitas aleatorias que se realizan en otros centros laborales no son posibles en estos casos.
Y, por otro lado, los datos disponibles de la Seguridad Social no diferencian el número de trabajadores que se dedican al cuidado de personas dependientes aunque estén cotizando por su labor. La razón es la variedad de fórmulas de alta: contratados por empresas o instituciones públicas, prestar el servicio como autónomo y trabajadores en el Régimen especial de empleadas del hogar. El INE explica, a una consulta de eldiario.es al respecto, que hay 199.700 cuidadores profesionales de personas dependientes, según los microdatos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). No todos ellos trabajan en el hogar de la persona dependiente, pero según UGT son una gran mayoría. De los 180.000 trabajadores que se ven afectados por el convenio sectorial de la dependencia a nivel estatal, “calculamos que pueden ser más de 100.000” de ayuda a domicilio, apuntan desde el sindicato.
“No sale a cuenta”
Jaume trabaja con personas dependientes y con diversidad funcional a través del servicio de asistencia domiciliaria del Ayuntamiento de Barcelona. Tiene un contrato laboral, pero hace “servicios puntuales”. “No me hacen contrato y me pagan en negro”, dice, porque “al ser por horas puntuales, no sale a cuenta. Si trabajo 3 ó 4 horas un fin de semana o dos al mes, para la familia es un gasto bastante grande; la otra opción es hacerme autónomo, pero la cuota es de 283 euros”, explica.
La propia forma de cotizar a la Seguridad Social también es foco de dudas. Echenique, por ejemplo, discute a la Inspección de Trabajo que su asistente sea un trabajador laboral y defiende que su relación era la de un autónomo y su cliente (aunque el empleado no estaba cotizando de ningún modo). La inspectora Mercedes Martínez valora que, aunque la prestación del cuidado personal como autónomo es una posibilidad y hay que estudiar caso por caso, “es poco viable”. Las necesidades personales del dependiente marcan la labor del trabajador de cuidados y existe en muchos casos una “escasa posibilidad de independencia” en el lugar de trabajo, dado que es el domicilio de un particular.
Desde CCOO precisan que hay trabajadores que no deberían cotizar como empleados domésticos, ya que los cuidadores profesionales del sistema de Dependencia, que depende de instituciones públicas o privadas, no pueden encuadrarse en ese Régimen. La portavoz de UPIT precisa que, si el empleador es un particular, esta fórmula sí es la adecuada, ya que contempla el cuidado “de los miembros de la familia o de las personas que forman parte del ámbito doméstico o familiar”.
Para la secretaria general de la Fundación Envejecimiento y Salud de la Sociedad Española de Geriatria y Gerontología, Ángeles García Antón, no se trata de economía sumergida, sino que “son personas que acceden al mundo del trabajo, muchas veces sin formación, sin documentación, porque son migrantes que acaban de llegar. Eso hace que no tengan la documentación en regla. Hay muchas familias a las que les gustaría darles de alta y contemplar los derechos que tiene cualquier trabajador”. Josefa, que forma parte de la Asociación de Orientación a Mujeres Migrantes de Cataluña (AOMICAT), se encuentra con otra realidad: “Nos llaman personas pidiéndonos cuidadoras y cuando les dices que les facilitas el gestor para darles de alta en la Seguridad Social, te dicen que no”.
Sin los mismos derechos
Esta venezolana, que lleva 12 años en España, lamenta que aquellas que consiguen cotizar lo hacen por menos derechos que el resto de trabajadores. “No tienes derecho a paro y aunque la cotización va a ser para tu jubilación, son mínimas”, explica. Desde ATH/ELE, Ureta hace hincapié en que es un problema político. “Si tuvieran los mismos derechos que el resto de trabajadores, las familias no podrían permitírselo y las administraciones tendrían que poner más servicios públicos de cuidado. Eso supondría un incremento del gasto en servicios sociales”, razona. Enrique Martín, adjunto de la secretaría de Políticas públicas y protección social de Comisiones Obreras, explica que el objetivo del sistema de dependencia debería llegar a una red de prestaciones casi en su totalidad pública o concertadas, en las que el copago por parte de las familias “sea mínimo, nunca la fuente principal”.
Las situaciones más precarias, no obstante, las viven las internas. Carmen lo fue cuando llegó de Colombia. “Me pagaban 500 euros, porque te dicen que te ahorras la comida y el techo. Casi nunca quieren pagar a la seguridad social y les conviene que una esté sin documentos”, recuerda. ¿Horario laboral? “24 horas”. Y relata: “Me daban la tarde del domingo, que venía algún hijo, pero antes tenía que poner el lavavajillas de todos”; “si el paciente no duerme, tú no puedes dormir, pero al día siguiente tienes que ir a hacer la compra, la comida…”; “no tienes derecho a pasar un 24 de diciembre con la familia o con una amiga, ni el 25, ni el 26”; “y nunca te puedes quejar, porque si te sacan de ahí, ¿dónde vas a trabajar? ¿dónde vas a dormir?”.
En el otro lado de la moneda están los auxiliares de ayuda a domicilio como Jaume. O como Mercedes, que trabaja a través de una empresa contratada por el Ayuntamiento de Madrid con personas dependientes. Sus condiciones: un contrato, “de los primeros que se hicieron, en el año 1988”, de jornada completa y turno de mañana. Pero explica que “algunas compañeras entran a las 8 de la mañana, tienen un par de horas para comer y luego por la tarde pueden trabajar hasta las 10 de la noche, por 800 ó 900 euros al mes. Luego están las de 30 horas, que echan muchas horas para cobrar unos 730 euros de salario base”. Entre sus reivindicaciones, que se les reconozca el tiempo de los desplazamientos. En una mañana, por ejemplo, pueden acudir hasta a cuatro domicilios. “A veces el domicilio está a 10 minutos, pero la empresa te da 5 o te da nada”, indica.
“En cualquier caso”, explica Martín, aunque la falta de ayudas públicas explica muchas veces el contexto de precariedad laboral de estos profesionales del cuidado, “lo que no puedo hacer, por estar en una situación de dependencia, es tener a un trabajador sin derechos”.
