La libre determinación de la identidad y la expresión de género. Con este principio rector, junto a la despatologización de la transexualidad, acaba de registrar Unidos Podemos este viernes la primera propuesta de ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans. Su portavoz Irene Montero ha calificado de “histórico” el inicio del camino parlamentario de la ley, que otorga derechos, pretende evitar la discriminación de las personas trans a través de medidas concretas en diferentes ámbitos y reconoce a las no binarias, aquellas que no se identifican con los conceptos tradicionales de hombre-mujer o fluctúan entre ellos.
Tras “siglos de exclusión, discriminación y patologización” esta ley deja claro, ha señalado Montero, que “se van a garantizar los derechos de las personas transexuales”, ha esgrimido Montero. Por su parte, la diputada de En Comú Podem Mar García Puig ha hecho hincapié en que la ley establece un marco global y “es valiente, ambiciosa que marcará un antes y un después en la lucha por los derechos trans no solo en España sino en todo el mundo”.
“Hay dos principios irrenunciables y sin ellos no se puede alumbrar ninguna legislación trans: la despatologización, es decir, no entender la transexualidad como una patología sino como una expresión de la diversidad; y la autodeterminación del género, que implica reconocer que las personas trans son sujetos de pleno derecho cuya identidad no debe ser tutelada, certificada o cuestionada por nadie”, explica Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans, de la que emana esta ley.
Representantes del grupo confederal e integrantes de la plataforma se han unido este viernes para registrar el proyecto de ley, además de reunirse en la puerta del Congreso, donde han recordado a Ekai, el adolescente trans de 16 años que se suicidó la semana pasada luchando por el reconocimiento de su identidad.
El respeto al nombre elegido
Los principios que alumbran la ley se traducen en el derecho a que las personas “sean tratadas en los ámbitos públicos y privados de conformidad a su identidad y a ser identificadas en todos los documentos acreditativos” de acuerdo a ella. Por ejemplo, en las nóminas del trabajo o los boletines de notas en caso del alumnado. La ley prevé que las personas trans puedan utilizar las instalaciones correspondientes a su identidad manifestada tanto en el ámbito público como privado; también en los centros educativos.
Por otro lado, la mención registral del nombre y el sexo en el Registro Civil podrá modificarse sin necesidad de pasar por un proceso de diagnóstico psíquico ni un tratamiento hormonal, incluidos los menores y las personas migrantes, según el borrador. Algo que es exigido actualmente, pero que el Congreso ya ha aceptado modificar. Además, Unidos Podemos propone que toda persona pueda tener derecho a que no aparezca el dato referido al sexo en el DNI, el pasaporte u otro documento de identificación.
Al hilo de esto, la norma incide en el reconocimiento de las personas no binarias, para lo que plantea que los poderes públicos “tomen las medidas necesarias para adecuar los sistemas de identificación, registro y documentación” de manera que reflejen esta realidad. En este sentido, y dentro del derecho a la autodeterminación del género, sugiere que todo el mundo pueda elegir a si la mención al sexo en los documentos oficiales, incluido el DNI, es “femenino”, “masculino” o “no binario –utilizando la abreviatura NB–”.
En palabras de Mar García Puig, la propuesta “reconoce que existen otras realidades más allá del binomio hombre-mujer y les da espacio porque su espíritu intenta romper con esa visión del género binarista e intenta recoger otro tipo de identidades”.
Un nuevo modelo de salud
La ley pretende la creación de protocolos para asegurar la no discriminación de las personas trans en el ámbito sanitario, educativo y laboral, además de la implementación de programas de formación para los profesionales de la justicia y la salud. En este último ámbito, el de la sanidad, se detiene ampliamente la propuesta porque “actualmente somos segregados y patologizados”, dice Cambrollé, que insiste en que “tratamientos que a nosotros nos dificultan, como los estrógenos, son indicados para mujeres con desarreglos menstruales y no se le ponen barreras. ¿Eso no es discriminarnos?”, se pregunta.
Por eso, Unidos Podemos prevé el desarrollo de un nuevo modelo despatologizador, que garantice el apoyo, la atención y la no discriminación de las personas trans en el acceso a la salud. Un marco en el que también estén incluidos los menores trans y que en su adolescencia puedan tener acceso a tratamientos que bloqueen el desarrollo hormonal.
Las empresas son otro de los puntos clave de la iniciativa, que propone que haya una cuota de reserva de puestos de trabajo para personas trans en las ofertas de empleo público “siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su condición”. En cuanto a las privadas, prevé el acceso a incentivos fiscales para aquellas empresas que “faciliten la contratación e inserción en el mercado laboral de las personas trans como colectivo vulnerable”, ya que, sobre todo las mujeres trans, se encuentran con grandes dificultades a la hora de encontrar empleo.
Diversidad en los currículos educativos
En el ámbito educativo se establece como derecho que los menores sean tratados y utilicen los vestuarios y aseos acordes a su sexo sentido, el profesorado sea formado específicamente en materia de identidad de género y en la realidad de las personas trans y se eliminen de los materiales educativos los contenidos “que discriminen e invisibilicen a las personas trans”. Por otro lado, contempla que las comunidades autónomas incluyan en el currículo y en los libros la diversidad y la igualdad de derechos de las personas trans. Además, desarrolla varias medidas en el ámbito del deporte o los centros penitenciarios.
Una ley específica
Algunas de las medidas, entre ellas la despatologización de la transexualidad, ya están incluidas en la ley LGTBI que ya tramita el Congreso, que este mismo jueves ha rechazado la enmienda a la totalidad del PP sobre esta norma. ¿Por qué entonces una ley para las personas trans? “Ante necesidades específicas, que solo tenemos las personas trans, hay que diseñar soluciones específicas. Somos la parte del colectivo más vulnerable”, defiende Cambrollé.
Lo mismo opina Puig, que aunque reconoce que la ley LGTBI “regula algo sobre el tema trans”, lo hace “de una forma sucinta”. Esta ley, prosigue, “entra en más detalle y desarrolla más determinados aspectos, además de que es una demanda de los colectivos trans, que consideran que es algo de justicia histórica”. “La democracia todavía no ha llegado a las personas trans”, concluye Cambrollé.