Queda una semana para el inicio oficial del curso escolar y los planes teóricos, las recomendaciones de los epidemiólogos y las reducciones del número de alumnos por clase que figuraban en los manuales del Ministerio de Educación para la vuelta al colegio segura se han desdibujado. Los sindicatos llevan meses advirtiendo de que cualquier planificación pasa, como elemento ineludible, por la contratación de más profesores. Pero pocos días antes de que los alumnos pisen las aulas por primera vez, y con los gobiernos regionales decretando limitaciones a las reuniones sociales en la calle y en las casas, las cifras de nuevas contrataciones formalizadas o acordadas con sindicatos quedan muy lejos de las 165.000 que calculaba Comisiones Obreras a finales de mayo para un regreso con todas las garantías.
Las 17 comunidades y sus ocho millones de estudiantes comenzarán el curso 2020/2021 con cerca de 20.000 docentes más, según datos recabados por este mismo sindicato que incluyen las incorporaciones o bien firmadas o bien concretadas con los agentes sociales y que son susceptibles de aumentar en los próximos días. Por ejemplo, el Gobierno andaluz (de PP y Ciudadanos) aprobó a principios de agosto ampliar la plantilla docente en 826 plazas, aunque el próximo miércoles reúne a la mesa sectorial para concretar la adjudicación de otras 4.000 más prometidas.
Los sindicatos avisan de que las contrataciones en cada región terminan siendo un laberinto en el que existe una distancia considerable entre los anuncios y los refuerzos palpables en las aulas. En el caso de Andalucía, las plazas se ofertarán solo entre septiembre y diciembre “pendientes de la capacidad presupuestaria”, asegura José María Ruiz, responsable de Educación de Comisiones Obreras. Otras regiones ni siquiera han cerrado el cupo de profesores que necesitan. La Xunta de Galicia, gobernada por Alberto Núñez Feijóo, avanzó la contratación de 240 profesores para Infantil y Primaria, pero ha dejado el refuerzo de Secundaria abierto a las demandas una semana antes del comienzo del curso.
La Comunidad de Madrid (PP y Ciudadanos) se perfila, junto a Euskadi (PNV), como una excepción dentro de las autonomías. No ha anunciado contrataciones de docentes pese a que concentra un tercio de todos los contagios diagnosticados y es la que más preocupa al Ministerio de Sanidad. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, va a presentar este martes su estrategia para el arranque del año escolar, dos días antes del encuentro de todos los consejeros de Educación con los ministros de Educación, Isabel Celáa, y Sanidad, Salvador Illa, en una Conferencia Sectorial cuestionada por retrasarse hasta última hora y sumir en la incertidumbre a familias y docentes.
Entre las cifras de refuerzo docente que maneja Comisiones Obreras figuran 3.000 profesores más más en Castilla-La Mancha (PSOE), 1.000 en Asturias (PSOE), 201 en Cantabria (PRC), 458 en las Islas Baleares (PSOE), 600 en Castilla y León (PP y Ciudadanos), 540 en Extremadura (PSOE), 660 en Navarra (PSOE) y 800 en Murcia (PP y Ciudadanos). Destacan por el volumen de contrataciones anunciadas la Comunitat Valenciana (PSOE y Compromís), con 4.374 docentes más –un 7% extra–; y Catalunya, con la llegada de 8.258 trabajadores nuevos aunque 1.576 son monitores de comedor y personal administrativo.
La mayoría de comunidades se remite a la ratio que fija la ley
Pero incluso estas últimas cifras más abultadas suscitan dudas sobre si serán suficientes para poner en marcha las reducciones de ratio generalizadas que sugería el Ministerio de Educación en la primera versión de su plan (fechada en junio): grupos burbuja de no más de 20 alumnos e idealmente 15. Desde la OMS aconsejan también rebajar el número de alumnos por aula (aunque sin concretar umbrales), y la Asociación Española de Pediatría es más ambiciosa y fija el tope en 10-15 estudiantes. Estas cifras chocan con una ley educativa, la Lomce, que permite sobreratios de hasta un 10% sobre los máximos: 20 alumnos de Infantil, 25 de Primaria y 30 de Secundaria.
Solo la Comunitat Valenciana ha pactado ya un límite de 20 estudiantes por aula en Primaria. Catalunya solo lo ha anunciado a la espera de que su estrategia se concrete este martes, después de que la Generalitat haya tenido que corregir su estrategia inicial. Desde los sindicatos temen sin embargo que se trate de una orden que no vaya acompañada de una contratación extra de profesorado, sino que se recurra a especialistas (los que no son tutores). Galicia, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra o La Rioja se han comprometido solamente a respetar la ratio que fija la ley y no hacer uso de la del 10% excepcional de la Lomce.
La Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica constata que las contrataciones actuales “no están pensadas para una rebaja de ratios general”. En algunas comunidades, las contrataciones supondrán en torno a un profesor por centro. “Esto da para muy poco. Imagínate qué supone para un instituto con 50 o 60 docentes. La filosofía parece ser de dar más personal de apoyo que de reducir ratios”, valora su secretario Raimundo de los Reyes, presidente de la asociación de directores Fedadi. Para De los Reyes, las ratios deberían rondar los 15 alumnos y, a partir de ahí, sería ideal que se pudiese dar clase presencial a todos con más maestros y en espacios municipales como bibliotecas o centros cívicos. “Si no, se puede recurrir a dar clase parcialmente telemática o en días alternos”, valora. El maestro admite que “es difícil tomar decisiones drásticas en gasto público cuando no sabes con lo que te vas a encontrar” y cree que la estrategia actual de las administraciones educativas tendría sentido si el sistema escolar fuese flexible y pudieran contratarse a profesores al tiempo que se recrudece la epidemia. “Pero no es así”.
“Los equipos directivos de algunas comunidades no saben ni siquiera cuál va a ser el plan definitivo ni qué se van a encontrar el día 1 de septiembre”, se queja Maribel Loranca, secretaria del sector de Enseñanza de UGT. El sindicato marca como imprescindibles cuatro medidas que, asegura, “llevan propuestas desde el mes de abril”: “bajadas de ratios, habilitación de espacios, reforzamiento de plantillas e inversión para un plan digital”. “Son medidas sobre las que estamos dando vuelta y parece que hay consenso, pero falta voluntad política de quererlas poner en primera línea e inversión”, apunta en conversación con elDiario.es. Loranca asegura que, para explicar cómo hemos llegado a esta situación al filo del inicio del curso, prefiere “no hablar de culpas sino de corresponsabilidad”. “Y ahí está el Ministerio, que ha ido rebajando los criterios porque si no no había posibilidad de acuerdo hasta llegar a un documento de mínimos, y las comunidades”, zanja.
Una cita tardía en un clima tenso
La pregunta que atraviesa millones de hogares en estos días es si la concentración de alumnos en las aulas terminará contraviniendo las recomendaciones de Sanidad de evitar encuentros de más de 10 personas. Gobierno y comunidades autónomas afrontan su cita tardía –coinciden familias y sindicatos– en la Conferencia Sectorial con un clima tenso por la preocupación social y muy poco margen para tomar decisiones de calado.
El Ministerio que dirige Celáa está preparando un documento de “base de reducción del riesgo” sobre cómo actuar en casos de aparición de casos y brotes en los colegios, según explicaba este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Educación se escuda en que las competencias educativas son autonómicas, si bien está revisando la estrategia acordada en junio –rechazada por Madrid, Euskadi o Galicia– ante el empeoramiento de la situación epidemiológica en España. Los contagios han ascendido a 19.382 durante el fin de semana. Y en las últimas 24 horas se han registrado 2.060, según lo notificado por las comunidades autónomas a Sanidad. Lo que de momento ha descartado el Gobierno de Sánchez es retrasar el inicio del curso escolar. Los fondos para afrontar estos gastos extra de las comunidades autónomas están comprometidos por el Ejecutivo nacional: 2.000 millones específicos que, sin embargo, aún no han llegado a las autonomías. Está previsto que se transfieran –a cada comunidad en función del número de alumnos– en el mes de septiembre, según el compromiso de Hacienda. Los gobiernos regionales sí cuentan ya con 6.000 millones de euros repartidos, la primera parte de los llamados fondos COVID.
Los gobiernos regionales del Partido Popular, por su parte, exigen al Ejecutivo de Pedro Sánchez un único protocolo aplicable a todas las autonomías después de haberse opuesto a apoyar la continuidad del estado de alarma en las dos últimas convalidaciones en el Congreso (la herramienta que permitía en mando único de Sanidad sobre las autonomías). Y en el PSOE sacan pecho de que las comunidades que gobiernan han incrementado sus plantillas docentes de media casi cuatro veces más que las gestionadas por los conservadores, según un comunicado del grupo socialista en el Senado.
En plena cuenta atrás, cada vez más comunidades autónomas empiezan a inclinarse por una vuelta semipresencial por el mal pronóstico de los datos. El Gobierno murciano, liderado por Fernando López Mirás, daba a conocer este lunes que solo los alumnos de Educación Infantil acudirán todos los días al colegio. El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, descartó el pasado viernes una vuelta presencial en la región. Hace tres meses, el Ministerio de Educación aseguraba que el regreso físico al colegio era “ineludible” para salvar la brecha entre estudiantes que marcó el último trimestre del pasado curso y dejó a los más vulnerables atrás en el aprendizaje por la falta de medios.
Con todo, las necesidades de hacer grupos pequeños no son las mismas en todas las comunidades, porque algunas arrastran ratios mucho más elevadas desde hace años. Si en España la media de alumnos por aula en Primaria es de 21,9, destacan muy por encima Madrid (24), Catalunya (23,1), Comunitat Valenciana (22,6) y Murcia (22,5). En la ESO, también Catalunya (28,2) y Madrid (27,1) son las que superan con creces la media española, que está en 25,2.
Los últimos datos disponibles del Ministerio de Educación, del curso 2017-2018, evidencian también cómo los colegios concertados –a los que se dirigirán una parte de los refuerzos diseñados por las comunidades– deberían ser los que asuman mayores reducciones de ratios, puesto que estadísticamente las tienen más elevadas. En Primaria, la diferencia es de 20,4 alumnos por aula en la pública y 24 en la privada.