“Hablar de tolerancia cero a la pederastia dentro de la Iglesia, y adornar todo de una falsa colaboración con la justicia, cuando el señor juez instructor del juzgado de instrucción número 4 de Granada viene solicitando información al Arzobispado desde el 4 de noviembre de 2014 y este alega diferentes excusas hasta en 5 ocasiones, resulta bochornoso, humillante al máximo para las víctimas de los delitos de abuso y agresión sexual cometidos por sacerdotes incardinados en la diócesis de la cual el señor Javier Martínez, como arzobispo es responsable”. Así de rotundo se muestra, en una carta abierta, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el padre de Daniel, el denunciante víctima de abusos sexuales en Granada, conocido como caso Romanones.
Tras conocerse que el arzobispo había entregado la documentación requerida en varias ocasiones por el juez instructor, tras ser forzado a ello por la Santa Sede, los familiares de Daniel no han aguantado más y contestan con dureza las afirmaciones de monseñor Martínez donde asegura que ha colaborado en todo momento tanto con la víctima como con la investigación. “Es radicalmente falso que el señor arzobispo de Granada animara al denunciante a interponer denuncia alguna ante los tribunales civiles”, sostiene.
Entre el “apoyo” que el arzobispo dice haber dado, está la frase que recoge la carta de queja (abajo) que le dijo el prelado a Daniel cuando le contó los abusos: “El asunto este ya no está ni en tus manos ni en las mías, sino en las de la Virgen. Ella es madre y sabe de dolores y de lo que significa ser víctima, hasta la muerte”.
“Es doloroso hasta el extremo para las víctimas, ver cómo a día 1 de junio de 2015, 7 de los 10 sacerdotes que fueron imputados por abusos, siguen ejerciendo el sacerdocio y tratando con menores e inocentes en sus centros parroquiales, sin que desde el arzobispado de Granada, se manifieste nadie, ni se apoye a las víctimas de estos sujetos que un día destrozaron la infancia a niños inocentes”, subraya la carta, que culmina manifestando la “absoluta repulsa” contra los “delincuentes que cometen pederastia disfrazados de sacerdotes, y a aquellos letrados que, sin demasiada ética, tienen el valor de aparecer en medios de comunicación insultando a las víctimas de abusos sexuales”.