El Ministerio de Sanidad está teniendo muchas dificultades para unificar los datos sobre afectados por COVID-19 que les aportan las comunidades autónomas. Ha establecido, desde el principio, unos protocolos que cada consejería autonómica ha interpretado, y eso ha afectado a estadísticas como las de personas en la UCI y a cómo se informa de los casos en residencias.
Al inicio de esta misma semana, Andalucía comenzaba por su cuenta a contabilizar en un aparte los diagnósticos de asintomáticos. Y este viernes se ha sumado el, por ahora, último descuadre que afecta al cómputo global: el número de defunciones en Catalunya que anunciaban desde Sanidad, 134, difería del que aportaba la Generalitat de Catalunya, 201.
El Ministerio reclama a las comunidades diariamente el número acumulado de fallecidos por causa de coronavirus, confirmados con un positivo en la prueba. Esta cifra dejaba fuera a los fallecidos en residencias o domicilios que no habían sido testados. Así que la Generalitat estableció esta semana un sistema para que las funerarias comunicaran a diario los certificados de defunción en los que la COVID-19 fuese la causa de muerte, confirmada o probable, desembocando en el descuadre y rompiendo la serie histórica.
Este recuento alternativo, iniciado el pasado miércoles, generó un terremoto en la contabilidad catalana de fallecidos, pasando de 3.756 a 7.097 en un solo día. La Generalitat, sin embargo, llamó a la cautela respecto a esta cifra, pues reconoció que podía ser superior a la real, al contabilizarse diagnósticos médicos probables y no solo los confirmados. La Consellería de Salut indicó además que enviaría al Ministerio los dos datos: el de muertes hospitalarias y el del conjunto de fallecidos proporcionado por las funerarias. Por eso, el viernes, Catalunya había reportado 201 muertos hospitalarios, y el Ministerio los rebajó a 134: los certificados por las autoridades catalanas de Salud Pública.
La confusión se ha intensificado porque el Ministerio clarificó este viernes con una nueva orden la cifra de fallecidos que reclama a las CCAA. Cambió el criterio: el dato que las autonomías deben enviar desde ahora es únicamente el de fallecidos que hayan dado positivo, independientemente del lugar del fallecimiento, dejando fuera los diagnósticos basados en la sintomatología. Se trata de una orden ministerial que modifica la del 21 de marzo, que definía las instrucciones para las comunidades sobre cómo recabar información, y que a su vez sobreescribía otra posterior del 15 de abril sobre el mismo tema. El Ministerio indica que los gobiernos autonómicos tienen que diferenciar, además, entre diagnóstico vía PCR o por test rápido de anticuerpos.
La consellera catalana, Alba Vergé, ha acatado ese cambio y se ha comprometido a cumplir con la orden a partir de este viernes: “Vamos a reportar al Ministerio los datos que nos pide para que sean comparables entre territorios y entre países”. Aunque afirma que, en estadísticas propias, “continuaremos dando todos los datos que tengamos: los ponemos a disposición de toda la ciudadanía”.
Este es un nuevo episodio en el tira y afloja que ha sido la transmisión de datos oficiales sobre COVID-19 entre la Generalitat y el Ministerio de Sanidad casi desde el inicio de la crisis: el primer choque se produjo con los ingresos en UCI, que Catalunya y otras comunidades enviaban como un total, mientras otras remitían únicamente la cifra de personas que estaban ingresadas, descontando las altas.
Fernando Simón, en la rueda de prensa de este viernes, ha reconocido que, entre su propio cambio de criterio y los datos diversos de las comunidades, “estamos tratando de corregir las series para que las fuentes de información sean homogéneas”. En los próximos “uno o dos días”, ha dicho, “es probable que la serie en una comunidad cambie, aunque esperamos que la variabilidad sea pequeña”.
No afecta a la gestión, pero el sistema es mejorable
Los datos epidemiológicos son claves para planificar la desescalada, pero no tanto los fallecimientos, que darán una idea del impacto de la pandemia en España a largo plazo, como las hospitalizaciones y el ritmo de crecimiento de contagio, indican los expertos. El epidemiólogo del Hospital Clínic Antoni Trilla, que forma parte del comité científico que asesora al Gobierno sobre la COVID-19, se ha referido al descuadre que ha generado Catalunya en un artículo de La Vanguardia, restándole importancia.“Es importante mantener un criterio común y a ser posible uniforme para poder contar todos lo mismo”, sostenía, pero “tener dos categorías de declaración diferenciadas (casos confirmados y probables o posibles) no supone un problema especial”. “Sucedió también en China, donde en la provincia de Hubei se cambió temporalmente el sistema de notificación”, recordaba.
Pero sí hay que tener cuidado, escribía Trilla, “en la comunicación”, porque hay que procurar “que se puedan realizar los análisis de forma no agregada”. Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Gestión Sanitaria (SESPAS), insistía en que lo importante para monotorizar la epidemia no es la cifra de fallecidos, “sino las hospitalizaciones y UCI”.
Los principales parámetros para medir los pasos hacia la desescalada son los ingresos, y no los fallecidos, “que estadísticamente nos hablan del impacto total en la salud y gravedad”. Las muertes, más que la actualidad, reflejan situaciones de transmisión previas al confinamiento, ya que hay pacientes que pasan mucho tiempo en el hospital. “La letalidad la conoceremos bien en el futuro, con certificados de defunción y registros diarios”, señala Hernández. Así que, aunque haya algún tipo de ruptura estos días en la serie de fallecidos, no afecta tanto a la gestión y “metodológicamente se puede arreglar, no es fácil pero existen modelos de estimaciones”.
El investigador en Matemática Aplicada David Gómez-Ullat, miembro del Comité de expertos de la Acción Matemática contra el Coronavirus, es más pesimista, en una entrevista concedida a la Agencia Sinc publicada este viernes, sobre la gestión de los datos hasta ahora. Destacaba el caos de comunicación entre las comunidades que reportaban los pacientes ingresados en el día y las que daban el acumulado, “y por si fuera poco, algunas comunidades autónomas cambian de criterio a mitad de la serie sin corregir los datos anteriores”.
“Así es muy difícil trabajar”, lamentaba el investigador, “el comité está haciendo peticiones constantes de acceso a mejores datos, pero ahora mismo no nos están llegando”. Todos los expertos coinciden en que la máxima rigurosidad posible con los datos es primordial. “Lo que necesitamos ahora es transparencia y acceso a los datos para entender mejor la pandemia y poder luchar contra ella”, zanjaba Gómez-Ullat.