En las últimas semanas, la Unión Europea tiene alguna preocupación más que Grecia. A las negociaciones sobre la deuda del país heleno se suma un problema inédito desde la formación de la comunidad de países del viejo contienente: la posibilidad de reinstauración de la pena de muerte en un estado plenamente integrado como miembro desde hace más de 10 años. O al menos la voluntad del primer ministro húngaro, el conservador Viktor Orbán, de volver a abrir el debate sobre una condena abolida en el país en 1990.
“Hungría debería mantener la pena de muerte en su agenda”, dijo el mandatario a finales de abril. La excusa, justificada a su modo de ver, para rescatar una cuestión que se presupone superada en el seno europeo fue el asesinato de una trabajadora de un estanco en el sur del país. Pero la UE no tardó en dar una respuesta al desafío lanzado por Orbán. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, rechazó frontalmente el debate abierto por el líder húngaro, al que advirtió de que, “si tuviera intención de proponer esta medida, eso sería una batalla”.
“Las normas no son la Biblia”
Orbán aseguró en sede parlamentaria europea durante una intervención voluntaria el pasado 19 de mayo que no llevará a cabo ninguna acción contraria a los valores y los principios de la UE, aunque sugirió abiertamente que las normas pueden cambiarse porque no son “la Biblia”. “Nada en nuestra acta de adhesión a la UE decía que había temas sobre los que no podíamos preguntar a la ciudadanía”, apuntó.
“Si Hungría da pasos para instaurar la pena de muerte, la Comisión está preparada para usar inmediatamente los mecanismos para hacer respetar los valores de la Unión”, contestó el número dos de Juncker, Frans Timmermans, como réplica a esta segunda intervención de Orbán en la que tildaba esta condena contraria a los derechos humanos como un “debate legítimo” y “un castigo proporcional al crimen cometido”.
“La Comisión es el organismo que cumple el papel de garante de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, de obligado cumplimiento para los estados miembros. El artículo 2.2. dice claramente que nadie podrá ser condenado a pena de muerte ni ejecutado”, apuntan fuentes comunitarias.
No es la primera vez que Europa da un toque a las políticas del primer ministro húngaro, en el poder desde 2010. En 2011 –el mismo año que el Gobierno introdujo en el Código Penal la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional– la Comisión abrió al país un procedimiento de infracción tras la implantación de un ley que los países comunitarios entendieron como un modo de condicionar el poder judicial, sustituyendo a unos magistrados por otros más afines.
Qué puede hacer la UE
Fuentes comunitarias desgranan el margen de maniobra del que dispone la Unión Europea para cortar las alas a este tipo de medidas “que contravienen el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas”. “En ningún artículo de ninguna legislación comunitaria se contempla la expulsión de un estado miembro porque los filtros que hay que superar para entrar a formar parte de la UE se presuponen eficaces. Y sobre todo se confía en que esos estados no caminen hacia atrás en materia de derechos”, señalan.
Lo que sí puede hacer el Consejo Europeo –avalado por un tercio de los estados miembros o por petición de la Comisión o el Parlamento– es la activar el artículo 7 del tratado de la UE. A partir de este momento –“un escenario, insisten las citadas fuentes, en el que no estamos ahora”– se inicia un procedimiento para constatar el riesgo de violación de los valores comunitarios por parte de un país.
Las consecuencias de llegar al final del proceso, “durante el cual hay muchas oportunidades de que el país dé marchas atrás”, son entre otras la suspensión de votación en el Consejo, apoyada necesariamente por mayoría cualificada en este órgano. Esto implica que la capacidad de decidir del estado miembro señalado queda en suspenso. Otro de los efectos más perniciosos de la activación del citado artículo 7 es la suspensión del país infractor como receptor de fondos comunitarios.
El precedente austriaco
Este veto al voto cuenta con un precedente en el entorno comunitario. Sucedió con Austria en el año 2000, después de que el país eligiera democráticamente a un líder ultraderechista, Jörg Haider (Partido Liberal), que avalado por las urnas podía gobernar en coalición con los democristianos del Partido Popular (ÖVP). Finalmente el político tuvo que dimitir, presionado por el cerco que Europa levantó a su alrededor.
Pero las propuestas de Orbán no solo incomodan a la UE, sino al propio Partido Popular Europeo (PPE), del que es parte su formación Fidesz - Unión Cívica Húngara. No obstante, ninguno de los miembros ha pedido públicamente su expulsión, más allá de una laxa declaración del presidente del grupo popular en la Eurocámara, que ni siquiera hacía referencia explícita a Orbán. “En el seno de la UE, afortunadamente, la pena de muerte pertenece al pasado, eso no es negociable”, señalaba Manfred Weber. El responsable del grupo liberal, Guy Verhofstadt, sí ha exigido explicaciones al PPE. “Ya es hora de que los dirigentes se opongan a Orbán”, ha asegurado en un comunicado.
Vecinos europeos que aplican la pena de muerte
Hungría, un estado integrado en la UE desde 2004, abolió la pena de muerte en 1990 y no está contemplada en su sistema legal como respuesta a ningún delito. Es estado-parte del protocolo 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos (2002), lo cual es incompatible con la reinstauración de esta condena. De sus vecinos europeos, “hay muchos que son abolicionistas en la práctica, pero no en la ley, como Rusia”, puntualiza el responsable de la campaña contra la pena de muerte de Amnistía Internacional. La última ejecución en el territorio tuvo lugar en 1996 y en ese mismo año el país firmó una moratoria en las ejecuciones. “Es decir, una suspensión formal que se explica por la adhesión de Rusia al Consejo de Europa, pues esta prohibición era una condición sine qua non, indica.
Bielorrusia es el único estado europeo en el que siguen practicándose ejecuciones. En abril del año pasado se reanudaron, tras 24 meses sin registrarse ninguna. Desde entonces no se han producido más. “La situación es muy preocupante porque las ejecuciones se llevan a cabo en secreto. La persona condenada no conoce su fecha de muerte y a la familia no se le entrega el cadáver después”, subraya el portavoz de Amnistía Internacional.
Otras propuestas polémicas
Además de sus declaraciones de alto voltaje sobre la pena de muerte, el jefe de Gobierno de Hungría ha protagonizado otras salidas de tono, acompañadas de sus correspondientes propuestas políticas. La última, ya en marcha, está bajo la lupa de la Comisión de Libertades de la Eurocámara: es una “consulta nacional” sobre inmigración en la que se incluyen preguntas como “¿estás de acuerdo en que los inmigrantes ponen en peligro los puestos de trabajo y la calidad de vida en Hungría?” o “¿crees que hay una conexión entre la inmigración, las políticas migratorias de Bruselas, y el auge del terrorismo?”.