Es un hecho insólito en nuestro país. Este viernes Julio Pacheco Yepes se convertirá en el primer represaliado del franquismo que es escuchado por la justicia en el marco de una causa penal abierta por crímenes de la dictadura. Y ocurrirá 48 años después de la muerte del dictador. Hasta ahora, esto solo había pasado a 10.000 kilómetros de España, en Argentina, y ante la jueza María Servini. Pero el pasado mayo la magistrada Ana María Iguacel, del Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid, admitió a trámite la querella presentada por Julio contra cuatro miembros de la Brigada Político-Social por un delito de “torturas en un contexto de crímenes de lesa humanidad”.
Nunca antes una víctima de la dictadura se había sentado en un juzgado español para denunciar las vejaciones y castigos a los que el aparato represor sometió a miles y miles de personas. Y es que nunca antes una querella había llegado hasta este punto: por primera vez, una jueza ha acordado tomar declaración al denunciante y a una testigo, su mujer Rosa María García, que fue detenida al mismo tiempo, y ordenar otras diligencias de prueba. La decisión ha sido celebrada por los colectivos memorialistas como un hecho histórico tras “más de un centenar” de querellas archivadas por los juzgados, las últimas hace solo un mes en Navarra y Valencia.
Este es el modus operandi que han seguido estas denuncias en España: o bien no ser admitidas a trámite o hacerlo pero ser archivadas automáticamente, lo que ha dado lugar a un contexto de impunidad de los crímenes franquistas perpetrados durante 40 años y por los que nadie ha sido juzgado, a pesar de las llamadas de atención de Naciones Unidas. Hasta ahora, las víctimas solo han contado su versión ante la jueza Servini, que instruye la causa a raíz de la querella argentina desde hace más de una década. Y ante el Tribunal Supremo en 2012, cuando varios represaliados declararon como testigos en el proceso contra Baltasar Garzón por declararse competente para investigar.
“Lo que va a ocurrir es muy excepcional y tiene mucha trascendencia porque es la primera vez que se investiga un crimen franquista de forma rigurosa, ordenando pruebas adicionales”, afirma Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), que ha impulsado la querella. Por eso, varias organizaciones de derechos humanos y memorialistas han convocado una concentración este viernes a las puertas del juzgado en apoyo a la causa bajo el lema “La primera de cien”, en referencia a las numerosas denuncias archivadas.
Para Daniel Canales, investigador especializado en justicia internacional y derechos humanos de Amnistía Internacional, se trata “de un pequeño resquicio que demuestra que las autoridades judiciales sí pueden llevar a cabo este tipo de actuaciones” frente a la negativa sistemática a la que se han acogido. Y celebra que la magistrada no haya visto como obstáculos insalvables los habituales argumentos esgrimidos para archivar las querellas, entre ellos la Ley de Amnistía de 1977, la prescripción de los delitos o el principio de legalidad, en línea con los pronunciamientos del Supremo y el Constitucional.
La doble detención de Julio y Rosa
Unas horas antes de la declaración, Julio está “expectante”. “Nervioso, para qué te voy a engañar”, reconoce. Pero también “muy contento y esperanzado de que por fin podamos empezar a tener justicia en el Estado español”. Militante de la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), que se adhirió en los 70 al FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), acabó siendo su responsable político en Madrid, donde fue detenido en agosto de 1975. Durante siete días, estuvo encerrado en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol, hoy sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, donde fue torturado.
Las amenazas y castigos a los que fue sometido son los que narra en la querella, en la que denuncia al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a otros tres policías, Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz y José María González Reglero, todos exmiembros de la Brigada Político-Social. “Cuando dabas el paso de militar en una organización clandestina, ya sabías lo que te podía pasar y creo que eso me ha ayudado a llevar lo que ocurrió el resto de mi vida, pero aún así es algo muy complicado. A nuestros hijos no les hemos contado detalles de las torturas y mucho creo que lo tengo encapsulado”, cuenta Julio.
Junto a él y otros militantes del FRAP, fue detenida la que entonces era su novia, hoy su mujer, Rosa María García; él con 19 años y ella con 18. Eran entre las once y las doce de la noche y ella acababa de bajar del piso de apoyo en el que estaban Julio y otros compañeros. En medio de la calle, varios agentes de la policía franquista vestidos de paisanos le pidieron la identificación y la detuvieron. Poco después, supo que casi al mismo tiempo detenían también a su pareja. “Ella se fue y y yo me quedé porque me iba a ir a otro sitio. Llamaron a la puerta. Abrí y vi una pistola en mi nariz”, cuenta él.
Aunque Julio declarará ante la jueza como querellante, Rosa María lo hará como testigo. “En la querella me mencionaba porque una de las veces, para presionarle, los policías le enseñaron cómo me estaban torturando a mí. Eso a él se le había quedado muy grabado, tanto que no lo había contado hasta ahora, de hecho yo no lo sabía. Supongo que por eso voy como testigo”, cree la mujer, cuya querella contra el policía Antonio González Pacheco, apodado 'Billy el Niño', que fue quien la torturó a ella, acabó archivada.
A Villarejo, cuya misión era “golpear, golpear y golpear”, afirma Julio, le llamaban “el alemán porque era muy cuadrado y con la cara muy colorada”. No sabían su nombre, pero le reconocieron muchos años después: “Cuando empezó a salir lo de las cloacas y le vimos, lo fuimos comentando. Primero con Rosi, luego con otros compañeros que también habían estado detenidos”. El comisario jubilado fue miembro de la Brigada Político-Social y trabajó a las órdenes de Roberto Conesa. En 1975, la Dirección General de Seguridad propuso concederle una cruz al mérito policial. El mismo año, que coincide con el de los hechos denunciados, Villarejo participó en Madrid en una operación contra el FRAP “logrando la detención de la totalidad de los dirigentes” y por la que cobró 25.000 pesetas de premio, según publicó este medio.
En la detención, Julio fue acusado de ser el jefe del comando que mató al teniente de la Guardia Civil Antonio Pose. “Eso no lo firmé porque era mentira”, asegura. Tras el infierno de la Dirección General de Seguridad, fue trasladado a la cárcel de Carabanchel y Rosa a la de Yeserías, de mujeres. Salieron en libertad provisional y con fianza el 3 de diciembre, una vez muerto Franco, y se trasladaron a vivir a Valencia un par de años ante el miedo de lo que pudiera pasar. Con el tiempo, se enteraron de que finalmente les habían juzgado por asociación y propaganda ilegal.
Los obstáculos siguen ahí
Además de las declaraciones de Julio y Rosa María, la jueza Ana María Iguacel ha acordado otras pruebas adicionales y ha solicitado al Archivo Histórico Nacional que remita los documentos existentes relativos al denunciante y a la Dirección General de Policía el expediente completo, según consta en el auto. Habrá que esperar cuáles son los próximos pasos. “La causa penal acaba de empezar, estamos en una fase inicial, hay que ver qué recorrido le da la jueza ahora”, explica Jacinto Lara, de CEAQUA.
“La justicia española ha tardado décadas en decirle a una víctima 'vale, de acuerdo, vamos a hablar, cuéntame' y eso en sí ya supone cierta justicia material, leve, insuficiente y tarde, pero va a ocurrir”, celebra Canales, que recuerda que no es una cuestión de “remover el pasado” o “reabrir heridas”, sino que “hay personas todavía vivas que han sido víctimas de crímenes muy graves a las que el Estado español no ha reparado”.
Aún así, las organizaciones son conscientes de que los obstáculos siguen ahí. La Ley de Amnistía de 1977, la prescripción de los delitos y el principio de legalidad son los argumentos para negarse a investigar esgrimidos por el Tribunal Supremo y el Constitucional en el rechazo del amparo que pidió Gerardo Iglesias hace dos años. En la práctica, interpretaron que por el principio de legalidad, el delito de lesa humanidad no podría aplicarse a hechos anteriores por entrar en vigor en el Código Penal en 2004 y a los delitos de torturas o detención ilegal habría que aplicar el plazo de prescripción.
Ambos pronunciamientos se han convertido en muros casi infranqueables para juzgar las vulneraciones de derechos humanos del franquismo, pero el Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid ha visto una puerta abierta. Ya el pronunciamiento del Constitucional contó de hecho con tres votos particulares que reclamaban abrir la posibilidad de investigar los crímenes. Es la línea interpretativa que buscan apuntalar desde CEAQUA: ninguna de estas normas sería aplicable desde la perspectiva del derecho internacional “y los tratados y convenios ratificados” por España, que apuntan a que estos crímenes no son amnistiables ni prescriben e imponen al Estado el deber de investigarlos.
De ahí que las organizaciones memorialistas y de derechos humanos reclamen modificaciones legislativas con el objetivo de fijar esta línea en las leyes nacionales, algo que hasta ahora no se ha conseguido. Las Cortes han rechazado recientemente con los votos en contra del PSOE y las derechas una reforma legal para “no poder impedir el juicio” de hechos que en el momento de cometerse constituían delitos de genocidio o lesa humanidad “por la comunidad internacional” aunque no estuvieran así tipificados en España. Además, consideran insuficiente la Ley de Memoria Democrática que, aunque crea una Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, la recientemente nombrada Dolores Delgado, “difícilmente” supondrá un cambio para el enjuiciamiento de los crímenes. De hecho, de las cinco querellas presentadas tras su entrada en vigor, solo esta, la de Julio Pacheco, ha sido admitida a trámite.
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