Defensa se olvida de una fosa franquista con más de cien militares asesinados por ser leales a la República
El Ministerio de Defensa se desentiende de más de cien militares enterrados en una fosa común en San Fernando (Cádiz) tras ser fusilados por mantenerse leales a la República en 1936. Se trata de oficiales y soldados de la Armada que fueron víctimas del terror franquista por defender la legalidad republicana oponiéndose al golpe de Estado de 1936. La cartera dirigida por María Dolores de Cospedal no ha contestado a las preguntas de eldiario.es sobre si tiene algún plan.
“De los 204 muertos, 108 son militares”, resume el investigador Miguel Ángel López Moreno. Todos ejecutados y arrojados de forma anónima a una tumba ilegal por mostrarse contrarios al “glorioso Alzamiento Nacional”, según los documentos oficiales a los que ha tenido acceso en exclusiva este periódico.
“La inmensa mayoría fueron asesinados en el periodo que conocemos como 'terror caliente', de julio del 36 a febrero del 37”, en aplicación del Bando de Guerra golpista, señala el historiador que ha indagado sobre el caso.
La fosa del franquismo ubicada en el cementerio de la localidad gaditana está siendo intervenida en estas fechas. Los trabajos arqueológicos dirigidos por la Dirección General de Memoria Democrática y coordinados por la asociación memorialista local han deparado la recuperación de los restos óseos de una decena de víctimas de Franco a las que, por el momento y a falta del análisis genético, no es posible poner rostro. De la mayoría se buscan todavía a sus familiares.
“Fusilamientos” a demócratas
Las muertes documentadas en la antigua Isla de León “se inician el 25 de julio de 1936 y terminan el 7 de julio de 1941”, precisa López Moreno. Sumando, en total, 204 muertes a tiros “sobre personas vinculadas a San Fernando”. Bien vecinos o soldados y oficiales. A partir de esas fechas “sólo” hay “fusilamientos consecuentes a Consejos de Guerra” que daban una apariencia de legalidad a las ejecuciones.
La investigación de Miguel Ángel López Moreno apunta que en la fosa de San Fernando hay “oficiales, marinería, infantería, cuerpos auxiliares, fogoneros, radiotelegrafistas, dotación del Ferrándiz, del Cánovas…”. Y detiene el relato. “Hasta poder hacer una estadística más fina”, dice.
Todo en una zona, el suroeste peninsular, donde casi no hubo conflicto bélico.Las fosas son el ejemplo del terror franquista del que nada quiere saber, al menos por ahora, el Gobierno de España. Con anterioridad, Defensa ya ha estado inmersa en otros episodios polémicos relacionados con el franquismo. Como la estatua de Franco cedida para su exposición pública, las biografías del Ejército del Aire, charlas de historiadores revisionistas o mensajes de Cela a Millán Astray usados para animar al tenista Rafael Nadal.
Por su ubicación, la provincia gaditana resultó determinante en el desarrollo de la guerra civil española. El control de este territorio sentó las primeras fases del triunfo golpista. Al tiempo, permitió la entrada en la península de las tropas africanistas dedicadas a sembrar el país de represión y muerte como herramienta clave en la estrategia de aniquilación del adversario social y político. Y en este plan, el acuartelamiento de San Fernando era otra suculenta plaza.
“Muriendo” por oponerse al “glorioso Movimiento”
Los militares enterrados en la fosa isleña eran miembros en activo de las Fuerzas Armadas españolas que decidieron no adherirse al golpe de Estado de 1936. Y esa decisión les costó la vida. “Incluidos algunos trabajadores del Arsenal”, completa el historiador. Como al resto de personas pasadas por las armas por las tropas de Franco, nativas y militares con destino en la Isla de León y cuyo delito en este caso fue permanecer leal al Gobierno de la Segunda República.
En esas centenas de historias hay “casos de militares que son emblemáticos”. Como el capitán de Corbeta Virgilio Pérez Pérez o el Comandante de Infantería de Marina Manuel de Sancha Morales. “Ambos tuvieron la valentía de oponerse abiertamente a la sublevación militar y acabaron dando su vida en el acto de permanecer leales al juramento que ofrecieron a la República”, narra López Moreno.
Los documentos descubiertos por el propio investigador, y hasta ahora inéditos, confirman la causa contra estos militares. “En los archivos de esta Comisaría no parece (sic) afiliado a ningún partido político de los que componían el funesto Frente Popular”, dice sobre Virgilio Pérez los informes firmados entre junio y agosto del 41 por el capitán de Fragata e Inspector Jefe de Investigación y Vigilancia de San Fernando, José García de Lomas.
“Sin embargo era elemento de confianza del citado Frente”, continúa el texto. Como Jefe de la Escuela Naval recibe por radio órdenes “directamente de Madrid” que derivan en un apoyo decidido a la legalidad republicana. Una decisión que lo sentencia: “Como elemento peligroso fue detenido, muriendo más tarde por oponerse al triunfo del Movimiento Nacional”.
Además de la oposición al golpe de Estado fascista “este individuo fue también el que mandaba el España número cinco que llevó a Bata los deportados de derechas por orden del siniestro Casares Quiroga y a los que dio un trato indigno”, escriben las fuerzas golpistas.
La “probada lealtad a la República” que define Miguel Ángel López Moreno acabó descerrajada a balazos. Como la de otros militares, que se negaron incluso a “sacar las tropas a la calle”.
