El Ministerio de Defensa ha sacado a subasta una parcela en la ciudad de Madrid por la que ha discurrido históricamente una vía pecuaria. La existencia de la cañada haría imposible el negocio porque el suelo de estas veredas es dominio público y no pertenece al Ministerio. Sin embargo, la encargada de proteger este tipo de vías, en este caso la Comunidad de Madrid, se ha desentendido. Sin su acción, la venta puede continuar.
El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) pretende vender 58.000 m con calificación de residencial en el sur de la capital. El primer precio de salida es de 9,5 millones de euros. Una cañada desbarataría la operación prevista para el 27 de abril. La superficie asignada a “usos residenciales lucrativos” es de 26.100 metros. Los edificios de viviendas podrán llegar a las seis plantas, según los pliegos de la operación.
Las vías pecuarias son patrimonio público y están protegidas por ley. Son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Pero para gozar de esa protección, la responsable competente tiene que clasificarlas. Este es el concepto clave. Clasificar significa: declarar su existencia, anchura y trazado. No son un sendero estrecho, la amplitud estándar es de 75 metros.
Así que, por la parcela que Defensa está dispuesta a vender, se cree que discurre una franja de 75 metros de ancho de terreno que no pertenecería al vendedor. La vía se denomina Cañada Real de Madrid.
La Comunidad de Madrid responde que “a efectos jurídicos esa vía no existe” porque ella misma no la tiene clasificada. Su argumento es que si no hay clasificación, no hay protección legal y por lo tanto “no tenemos nada que decir”.
Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Madrid ha contestado a eldiario.es que “en el hipotético caso de que por allí pasara una vía pecuaria, tendría que haber una petición de titular para investigarlo”. Es decir, que Defensa lo solicitara.
Sin embargo, la ley admite que sea la propia administración regional la que se interese por posible cañadas al establecer que tiene “el derecho y el deber de investigar la situación de los terrenos que se presumen pertenecientes a la Vías Pecuarias”. La investigación puede iniciarse de “oficio” o por comunicaciones de otras administraciones o “colectivos interesados”.
De hecho, el 11 de noviembre de 2015, la asociación Ecologistas en Acción remitió un escrito a la subdirección general de Recursos Agrarios en la que insta a los responsables a indagar sobre esta cañada cuya existencia “se reconoce en la cartografía de la Comunidad de Madrid”.
La autora de la reclamación, Mª Ángeles Nieto, explica que esta situación se ha repetido más veces. “Es una pescadilla que se muerde la cola. La Comunidad de Madrid es la propietaria de las cañadas y tiene la obligación de conservarlas pero se lava las manos y deja que se las queden particulares. Al no haberlas clasificado argumenta que no puede reclamar la titularidad”.
Metros y metros de suelo
En el famoso plan de ampliación norte de la ciudad de Madrid (la operación Chamartín), los planos también se han superpuesto a dos vías pecuarias. Y también se ha reclamado para que se reconozca su existencia y se acoten. La Comunidad de Madrid repitió la contestación en un escrito de junio de 2015: “No se encuentran clasificados estos tramos por lo que no cuentan con protección”, según el documento remitido por el Área de Vías Pecuarias.
Se da la circunstancia de que estas vías son suelo. Metros cuadrados de terreno, en estos casos, en la ciudad de Madrid que pertenecen al patrimonio público. Si las cañadas no sirven ya para el tránsito de ganado, la ley admite que pierdan su carácter pecuario y se enajenen. Venderlas. Un ingreso para las arcas públicas.
Incluso el Ayuntamiento de Madrid aprobó en su pleno de 30 de marzo una moción de urgencia en la que pide que se paralice la subasta y que se clasifique la cañada. “No hay razón alguna que avale la convocatoria urgente de esta subasta”, aduce el documento municipal.
Esta subasta es parte de una operación por la que el Invied piensa ganar más de 37 millones de euros al deshacerse de suelo en varias localidades: Zaragoza, A Coruña, Sevilla... El Ministerio de Defensa no ha contestado a eldiario.es acerca de si es consciente de la situación de la parcela que planea vender en Madrid.