El Defensor del Pueblo afea a Ayuso que niegue becas de comedor a familias pobres mientras da ayudas a rentas altas

El Defensor del Pueblo ha pedido este jueves a la Comunidad de Madrid que “revise los criterios de renta establecidos en su normativa reguladora para la concesión de becas y ayudas al estudio con la intención de que éstas cumplan la finalidad de compensar al alumnado con desigualdades socioeconómicas desfavorables”.

La recomendación llega tras una denuncia de la FAPA Francisco Giner de los Ríos (la principal asociación de AMPAS de la región) y justo el día después de que se publicara un desglose de los centros y beneficiarios que han recibido las llamadas becas Bachillerato (realmente son cheques) del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que está financiando esta etapa educativa postobligatoria a uno de cada tres estudiantes de los colegios privados, incluidos varios que segregan por sexo.

Sostiene la institución que dirige Ángel Gabilondo en una nota que el Ejecutivo madrileño rompe el “principio de equidad” al “facilitar el acceso a ayudas para estudios a alumnado con rentas altas y negar el acceso a becas de comedor escolar a alumnado que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza”. El programa de becas Bachillerato de la Comunidad permite optar a dinero público para estudiar en centros privados a familias con ingresos de hasta 35.913 euros per cápita (107.739 euros anuales para una de tres miembros, 143.652 euros si son cuatro).

La Giner de los Ríos manifestó en su queja que la regulación establecida por la Comunidad de Madrid no atendía a la finalidad de las becas de garantizar, en la medida de lo posible y dentro de las limitaciones presupuestarias, la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación con el objeto de evitar discriminaciones por razones económicas.

El Defensor del Pueblo preguntó a la Comunidad, que alegó que la concesión de las becas está ligada a la defensa de la excelencia académica y a la voluntad de apoyar la libertad de elección de centro de las familias. Sin embargo, el organismo que dirige Gabilondo asegura que sobre todo lo primero no ocurre, ya que “las ayudas se conceden sin tomar en consideración el expediente académico”.

“El Defensor subraya en la recomendación que acaba de emitir que 'aunque no le corresponde a esta institución determinar los umbrales de renta que dan acceso a las ayudas', sí ha analizado el informe recibido de la Consejería de Educación 'para determinar si los criterios para la fijación de esos umbrales, que constituyen el elemento troncal del sistema de becas, son compatibles con la finalidad que las justifica de atender a los ciudadanos con condiciones socioeconómicas desfavorables'”.

Y concluye recomendando a la Comunidad que revise los umbrales porque no se está cumpliendo con la función que tienen las becas.