Madrid, 6 may (EFE).- La pandemia ha mostrado “un estancamiento” de la función de ascensor social de la educación y ha puesto al descubierto la necesidad de reforzar las ayudas a las familias con dificultades, según refleja el último informe anual del Defensor del Pueblo.
En su informe de gestión correspondiente a 2020, entregado este jueves al Parlamento, la institución dedica un extenso capítulo al sistema educativo ante la covid, uno de los asuntos por los que recibió más de 2.500 quejas, el número más alto tras inmigración, justicia y empleo.
“La pandemia ha mostrado un estancamiento de la función de ascensor social, que la educación venía realizando, poniendo al descubierto el carácter limitador con el que actúa. Es el caso que padecen muchas familias al no disponer de recursos suficientes para obtener los medios que permitan a sus hijos acceder en igualdad de condiciones con otros de distinto nivel de renta”, subraya.
Entre las mayores preocupaciones expresadas figura el impacto académico por la suspensión de las clases presenciales y no disponer de medios y conocimientos para seguir el curso de forma telemática.
MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
El Defensor, pese a las inversiones realizadas en 2020 en la formación del profesorado y en equipos tecnológicos, señala que la pandemia ha mostrado que “es necesaria una mayor inversión”.
“En la realidad actual, toda persona que pretenda acceder al sistema educativo deberá tener necesariamente acceso a un dispositivo electrónico (ordenadores o tabletas) y una conexión con un ancho de banda razonable”, subraya.
NO TENER QUE PAGAR UN LIBRO DIGITAL VARIAS VECES
El Defensor aboga por asegurar que los centros publiquen sus proyectos educativos antes del proceso de admisión para garantizar el derecho a la libre elección del centro e intervenir cuando “impongan la adquisición de un producto determinado, excluyendo otras alternativas”.
A través de las quejas, la institución ha comprobado que muchos centros han optado por libros digitales que exigen el pago de la licencia para acceder al material complementario -audios de actividades o vídeos de apoyo-, que caduca al acabar el curso. Ello impide que pueda ser usado por el mismo alumno si repite o cederlo a un hermano o amigo.
Según la actual ley educativa, los libros de texto deben tener una vigencia de cuatro años.
Aunque muchos centros negocian con las editoriales para que la licencia digital se prolongue cuatro años, en otros casos es la duración que ofrecen las editoriales (un curso). Ello obliga a las familias con varios hijos o cuando sus hijos repiten curso a “pagar por el mismo libro varias veces”.
El DEFENSOR PROPONE GRABAR LAS CLASES
En general, añade, los padres cuestionan la modalidad semipresencial implantada en Secundaria, Bachillerato, FP y otras enseñanzas por entender que viola el derecho a la educación en igualdad y critican la brecha digital que esta situación generará, pues no todas las familias pueden comprar dispositivos para la actividad online.
Al respecto, la Institución pide a las administraciones que den los recursos y medios digitales necesarios y sugiere la transmisión o grabación de clases por el profesorado, tanto para los grupos que tengan reducido el horario presencial como para aquellos que tienen suspendida temporalmente -por cuarentena— o durante todo el curso —por patologías de riesgo o por convivir con personas sensibles al virus— su asistencia a clases presenciales.