El Defensor del Pueblo exige a Gobierno e Iglesia “compromisos conjuntos” para la reparación de las víctimas de abusos
Día histórico para las víctimas de la pederastia clerical. Para Juan, Ana, Teresa, Francisco. Javier, Laura, Amor, Patricia... supervivientes de abusos a menores en la Iglesia católica y que esta mañana asistieron, como invitados, a la presentación del informe del Defensor del Pueblo ante el pleno del Congreso. Las víctimas han entrado en el Congreso, todavía queda que lo hagan en otra plenaria, la de la Conferencia Episcopal.
“Nos comprometimos a escuchar su palabra y su voz, pero no limitarnos a eso”, abrió su intervención Ángel Gabilondo, quien lanzó una petición pública a políticos, Gobierno e Iglesia. “Considero imprescindible que, por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos”.
“Las víctimas esperan una respuesta concreta a su situación y que no se postergue”, indicó Gabilondo en su intervención, en la que recalcó que “se ha de anteponer la reparación a las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica o de creencia”. Y es que, recalcó, “lo que ha sucedido ha sido posible por el silencio de quienes pudieron hacer más para evitarlo”.
Un año y medio después de que la Cámara Baja se lo encomendara, el Defensor del Pueblo entregó un informe que, en su opinión, “responde a lo que las víctimas vienen requiriendo: ser atendidas, escuchadas y correspondidas”. “Que no se postergue”, clamó, insistiendo en que “nuestro país está entre los últimos en haberlo hecho”. “El tiempo es decisivo”, subrayó.
Tras agradecer el trabajo de los medios de comunicación, sin los que –aseguró– “hubiera sido mucho más difícil” este trabajo, Gabilondo repasó algunas de las conclusiones del informe: la Unidad de Atención a las Víctimas se ha podido tener “constancia y conocimiento expreso de un total de 674 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica”. De todas ellas, el Defensor ha señalado que 563 fueron hombres, el 84,19%, y 110 mujeres, el 15,61%. La gran mayoría tenía entre 30 y 75 años en el momento de la entrevista, siendo la franja de edad más numerosa la comprendida entre los 50 y los 65 años, con 186 víctimas, el 39%. Se trata de “un informe vivo”, pues tras la publicación del informe han continuado llegando testimonios.
Los testimonios recogidos “han hablado de daños cognitivos, de daño espiritual, de dificultades en la vida afectiva y sexual y en la relación con los propios hijos, de la repercusión que ha supuesto para el resto de la familia, que por extensión muchas veces también han sufrido toda su vida por ello. Incluso las expectativas laborales se han visto condicionadas negativamente en muchos casos”.
La respuesta de la Iglesia
“Una parte es contestar, y la otra responder”. Así habló el Defensor del Pueblo de la “respuesta dispar” de la Iglesia. “Hubo una tendencia a minimizar los casos, manzanas podridas.... De la minimización se ha pasado a un progresivo reconocimiento de los hechos, y a una mayor comprensión de las víctimas, aunque queda mucho por hacer”, subrayó. Otra cosa es “la percepción de las víctimas” respecto a la actuación de la Iglesia. Ellas han relatado que “las respuestas han sido insuficientes, incluso dilatorias”.“ Las víctimas siguen sin formar parte del proceso penal canónico. Espero que esto se haga”, denunció Gabilondo, aunque reconoció que ha habido avances. Eso sí, “todavía insuficientes”.
“Durante años ha habido voluntad de ocultamiento o protección de los abusadores”, condenó Gabilondo, poniendo como “ejemplos de malas prácticas” los numeroso casos de traslado de parroquias o a otros países, de los religiosos acusados de abusos sexuales, que en esos nuevos destinos siguieron cometiendo estos delitos. También habló el Defensor del Pueblo de la “responsabilidad” de otros poderes, que durante años también miraron para otro lado.
Hablando de la polémica encuesta encargada a GAD3 y que, extrapolando los datos, hablaba de 440.000 posibles víctimas de la pederastia clerical, Gabilondo defendió su importancia “para enmarcar las dimensiones del problema y fijar la incidencia de los abusos sexuales en cualquier ámbito de la sociedad española, además del religioso”.
El muestreo se elaboró sobre una base de 8.013 personas, revelando que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años y que un 1,13% asegura que esos abusos se produjeron en un ámbito religioso. Extrapolando ese porcentaje, supondría que hay en España más de 400.000 víctimas de abusos vinculadas a la Iglesia y que 240.000 fueron agredidas por curas o personas consagradas. Un 3,36% de los encuestados manifiesta que los abusos sufridos se produjeron en el ámbito familiar.
Finalmente, Gabilondo desgranó algunas de las 24 recomendaciones contenidas en el informe, dirigidas “al Legislativo, al Ejecutivo, al conjunto de los poderes públicos, a la Iglesia y a la misma sociedad española”, con el objetivo principal de “dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra forma cubierta por un injusto silencio”.
Hay que separar la infancia de una institución que no hace nada por atajar el escándalo de violencia sexual. Es una obligación democrática
“Considero imprescindible que, por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos”, finalizó el Defensor del Pueblo, quien desgranó algunas de las propuestas incluidas en el informe: entre ellas, celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas “por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020”. También, “la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial –creado para la ocasión– sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica”. Junto a ello, la apertura de los archivos eclesiásticos y la reforma de la prescripción de los delitos de pederastia.
Gabilondo acabó su discurso con un llamamiento a los legisladores: “Se acabó el silencio. Su ruptura no se debe sin más a esa comisión asesora, se debe al esfuerzo de tantas víctimas, que merecen y necesitan una respuesta. Todo dependerá, en gran medida, de su respuesta, señorías”.
“Borrachera de revancha contra la Iglesia católica”
Todo el Parlamento, excepto VOX, recogió el guante tendido por el Defensor del Pueblo. Los grupos exhibieron un apoyo (casi) unánime a las víctimas, y a la necesidad de que el Parlamento “pase de las palabras a los hechos” y tome medidas efectivas para atajar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Solo la ultraderecha de Vox aprovechó sus siete minutos para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de llevar a cabo una “borrachera de revancha histórica contra la Iglesia católica” con la encomienda (aprobada en su día por la Cámara Baja) de que el Defensor del Pueblo llevara a cabo un informe sobre la pederastia clerical.
También resultó muy crítica la intervención de Ione Belarra (Podemos), quien lamentó que “el PSOE se equivocó en el enfoque” del informe, al que calificó de “proceso a puerta cerrada” que “ha usurpado a las víctimas y a la ciudadanía el debate público”, lo que “contribuye a perpetuar el silencio”. “A la jerarquía le da igual lo que han hecho los agresores. No contarán con nuestro silencio ni complacencia”, resaltó Belarra, quien exigió revisar los acuerdos en materia educativa con la Iglesia y “separar la infancia de una institución que no hace nada por atajar el escándalo de violencia sexual. Es una obligación democrática”.
En este Estado no dimite ni Dios, nunca mejor dicho en este caso. No tenemos que pagar nosotros por los delitos de otros
Por su parte, el PNV avaló el “informe serio, objetivo y empático” del Defensor del Pueblo, y criticó, como prácticamente todos los grupos, la “respuesta de minimización” por parte de la Iglesia católica. “Las víctimas deben ser escuchadas, tienen derecho a la verdad y se debe hacer justicia, la iglesia tiene que hacer una reflexión seria”, recalcó Joseba Andoni.
¿Quién debe pagar las indemnizaciones?
Por su parte, Bildu exigió el desarrollo de una normativa que obligue a la Iglesia “la reparación en un proceso transparente”, y la creación de un fondo estatal “financiado solo con la contribución de la Iglesia”, algo que también defendieron Junts y ERC. Por parte de los republicanos, Jordi Salvador denunció la “inaceptable impunidad que todavía persiste” y destacó la dimensión del problema: “400.000 niñas y niños no son sino la punta del iceberg de una sociedad que produjo un nacionalcatolicismo criminal (…). Es intolerable en una democracia que se dice justa”, recalcó.
“Hemos de exigir acciones concretas, asunción de responsabilidades. En este Estado no dimite ni Dios, nunca mejor dicho en este caso”, recalcó Salvador, quien incidió en que ha de ser la Iglesia la que cargue con las indemnizaciones: “No tenemos que pagar nosotros por los delitos de otros”. Al tiempo, propusieron, junto al resto de la izquierda, la imprescriptibilidad retroactiva de los abusos, y la revisión del Concordato, “una reliquia del pasado que otorga privilegios inaceptables”.
Al PSOE no importan las víctimas, ni los victimarios, simples peones en su borrachera de revancha histórica contra la Iglesia católica
“Hemos fallado como sociedad, y ahora toca pedir perdón y hacer política de verdad para enmendar ese error”, señalaron desde SUMAR, que propuso crear una comisión de trabajo “con la mayor premura posible” para cumplir con las recomendaciones del informe.
Sin lugar a dudas, el protagonista fue el diputado de Vox Ignacio Hoces Íñiguez quien, tras exigir “las penas más duras para los autores de estas atrocidades: que de por vida vean la luz del sol desde los barrotes de sus celdas”, arremetió contra Gabilondo asegurando que “el Defensor del Pueblo es el defensor de Pedro Sánchez”, y vertiendo dudas sobre los testimonios de las víctimas. “Estamos seguros de que muchos casos son verdad, pero muchos otros han dejado mucho que desear. Gabilondo no ha estado a la altura”, señaló el diputado de la ultraderecha, quien acusó al PSOE de ser “expertos en utilizar la miseria ajena como herramienta política” y de “estar dispuestos a todo con tal de tapar la corrupción”.
“Al PSOE no importan las victimas, ni los victimarios, simples peones en su borrachera de revancha histórica contra la Iglesia católica”, lanzó Hoces, que acusó a Pedro Sánchez de utilizar a las bvíctimas como “munición para atacar a al iglesia”, y denunciando a la izquierda de “introducir la ideología trans a los niños”. “Es una aberración de perturbados, una enferma promoción de la pederastia”, finalizó.
Sus palabras fueron contestadas por el diputado del PSOE Herminio Rufino Sánchez, quien acusó a Vox de “no tener entrañas” y “revictimizar a las víctimas”. Utilizando los testimonios de varias de ellas, el PSOE defendió que “es necesario responder”. “Ahora es el turno de las instituciones y poderes públicos” para ofrecer respuestas y reparación a los supervivientes de la pederastia, con un plan de respuesta cuyo objetivo sea “saldar una deuda con todas las víctimas que han estado olvidadas y silenciadas” y llamando a la Iglesia católica a “dar pasos en ese sentido”. En este punto, anunció, “la voluntad del Gobierno de España sigue siendo la de llegar a un acuerdo e implementar las recomendaciones del Defensor del Pueblo”. “El PSOE siempre estará con las víctimas, nunca con los agresores”.
Finalmente, Marta González Vázquez, por el PP, lamentó las ausencias de los ministros Félix Bolaños (Justicia) y Sira Rego (Infancia) en el debate, y saludó el informe del Defensor, aunque matizó que sus datos son “útiles pero distorsionados” al no tener en cuenta el fenómeno global de los abusos, sino únicamente su impacto en la Iglesia católica. Al tiempo, defendió la progresiva toma de postura de la Iglesia, y avaló la “reparación integral” propuesta por los obispos en el plan PRIVA. “A los poderes públicos nos corresponde la tarea de atajar y eliminar esta lacra en todos los ámbitos”, finalizó.
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