El Defensor del Pueblo insta al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a estudiar de forma “urgente” qué hacer para incrementar el servicio de atención a la salud mental en España: la ratio de profesionales en la sanidad pública era en 2018 de 6 por cada 100.000 habitantes, tres veces menor que la media europea, de 18. Las cifras son resultado de una actuación de oficio de la Institución que comenzó a mediados de 2018 y que publica en enero de 2020. A la vista de los datos, exigen al Ministerio de Sanidad que se aborde “lo antes posible” en un Consejo Interterritorial.
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha analizado la oferta asistencial tras pedir documentación sobre hospitales, centros de Atención Primaria y centros específicos de salud mental de todo el Estado. Una investigación sobre un ámbito que, recuerda “están demandando y utilizando los ciudadanos” y “está previsto en la cartera del Sistema Nacional de Salud (SNS)”.
Las conclusiones sirven además para actualizar las cifras de referencia hasta ahora, que se remontaban a 2009. Entonces, un informe del Senado sobre el mismo tema calculó que había 4,3 psicólogos en el SNS por cada 100.000 habitantes. Una de las preocupaciones principales que expresa el Defensor del Pueblo es, por tanto, que el número de profesionales y la ratio “no ha variado” significativamente a lo largo de una década, y sigue alejado de la del resto de Europa como en 2009.
Más de tres meses entre consultas
La Defensoría pidió informes al Ministerio, a las comunidades y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) “para conocer si la oferta de atención psicológica clínica” existente en el SNS “se adecua a las verdaderas necesidades de la población”. Lo hacía motivado por “las quejas ciudadanas llegadas” constantemente a su buzón, que reflejaban que “a pesar del gran esfuerzo que realizan los profesionales y las entidades sociales (...) existe una insuficiencia estructural de recursos humanos y materiales que se traduce en una pobre respuesta a la fuerte demanda existente”.
La Defensoría ha denunciado especialmente las diferencias que existen entre Comunidades Autónomas en cuanto a recursos. Madrid, Canarias y Navarra han doblado el número de psicólogos en la última década. En otros territorios, “la variación es mínima”. Algunas comunidades (Aragón, Catalunya, Euskadi, Galicia y Castilla-La Mancha) no han suministrado toda la información acerca del número de profesionales. La ratio en algunos casos la ha calculado la Defensoría teniendo como base también otros parámetros, como el número de pacientes derivados. “Los datos aportados por las administraciones son heterogéneos y en muchos casos incompletos, lo que hace que no siempre quepa establecer la comparación”, explican.
Aunque las administraciones coinciden en la necesidad de que el servicio esté integrado y coordinado entre la Atención Primaria y la especializada, “las experiencias de atención psicológica en el primer nivel son muy limitadas”. Destacan en positivo la iniciativa desarrollada en 2016 en Asturias, que incluía psicólogos clínicos en las plantillas de algunos centros de salud.
Las carencias provocan que sea “habitual” que los tiempos de espera entre consulta y consulta de un mismo paciente en la sanidad pública “puedan alargarse hasta los tres meses, para tratamientos que requerirían una periodicidad mucho mayor”. La Institución liderada por Marugán pidió concretamente informes sobre estos tiempos de espera, pero no están disponibles “en ninguna comunidad”.
Todos los datos que proporciona la Defensoría se corresponden con lo que han denunciado las entidades a lo largo de estos años. La situación actual es “grave no, muy grave”, declaraba Fernando Chacón, Decano del Colegio de Psicólogos de Madrid, a eldiario.es. “La salud mental ha sido la hermana pobre de la sanidad, entre algunas razones históricas, por el estigma. Después de la crisis no se ha hecho ningún esfuerzo por revertir lo que se recortó en sanidad. Todo revela una profunda injusticia social: quien tiene recursos para un tratamiento continuado para trastornos como la ansiedad o depresión, se lo paga en el privado”.
Viene a paliar parcialmente la falta de cifras oficiales que se tenían acerca de las necesidades en España en cuanto a atención a la salud mental, sin renovarse desde 2009: “Ni siquiera sabemos bien cuáles son las necesidades de la población, dónde hay más y en qué”, lamentaban desde la Confederación de Salud Mental España. La Estrategia de Salud Mental continúa sin ser modificada desde 2013.
La Defensoría solicitó información también acerca de las plazas de formación en psicología (PIR) para ver si se habían incrementado o no. La oferta es “insuficiente” pero “se observa un grupo de comunidades autónomas que apuestan año tras año por un incremento” y otro “que mantiene más o menos congelado el número de plazas”. Para clasificarlas ha comparado las convocatorias de plazas del primer semestre de 2019 con las de 2020. La subida global es del 34%, “la especialidad sanitaria que más crece”. Las autonomías que la incrementan son Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco y Extremadura. Las que los reducen, Baleares, Aragón y Galicia.