El compromiso internacional alcanzado en 2014 para frenar la pérdida de bosques está lejos de cumplirse. El objetivo de la Declaración de Nueva York es reducir a la mitad el ritmo de deforestación en 2020: el máximo de desaparición forestal se fija en 10 millones de hectáreas. En 2017 se rozaron los 30 millones, según el informe de situación elaborado por los evaluadores de la declaración en septiembre pasado. España apoya este plan mediante la firma de la Unión Europea.
Los bosques tienen potencial para aportar un tercio del esfuerzo necesario en la contención del calentamiento global como hizo notar la ONU al promover este acuerdo, sin embargo, “están desapareciendo más rápido que nunca”, sentencia la evaluación. De hecho, la media de deforestación desde que se adoptó este compromiso ha sido un 42% superior al de la década anterior.
La expansión de la agricultura comercial está detrás de la mayoría de la deforestación del planeta: aceite de palma, soja, ganado y madera suponen el 80% de la pérdida de bosques, según explica el informe. Su producción se ha llevado 113 millones de hectáreas boscosas entre 2000 y 2012. El problema surge de que la Declaración de Nueva York no es obligatoria, no tiene “carácter vinculante”. Se trata de un “compromiso voluntario” que firmaron 90 estados, entre ellos supranacionales como la Unión Europea.
Así, mientras el 65% de la producción de aceite de palma está cubierto por compromisos explícitos para no deforestar, el dato desciende acusadamente para los mercados de soja y productos ganaderos que se quedan en el 11% de su producción cubierta. La obtención de pasta de papel, en el 12%. “Algunas empresas pueden mostrarse reacias a apoyar esfuerzos como el que implica la Declaración de Nueva York porque el objetivo para 2020 de tener cadenas de distribución libres de deforestación deja poco tiempo para ponerlos en práctica”, analizan los evaluadores.
Con la advertencia sobre la mesa del panel de expertos de la ONU sobre la urgencia de tomar medidas para paliar lo peor del calentamiento global, cumplir este objetivo de la Declaración recortaría las emisiones de CO entre 4,5 y 8,8 millones de toneladas anuales (“equivalente a las emisiones de EEUU”, ha explicado la ONU). Sin embargo, en 2017, los bosques tropicales emitieron 4,6 millones de toneladas de CO. Es la segunda marca más alta de la historia tras la de 2016. Los árboles al ser destruidos liberan a la atmósfera el carbono que han ido reteniendo a lo largo de toda su vida.
Además de provocar alteraciones climáticas, la deforestación implica la pérdida de biodiversidad y la degradación del hábitat, pero también “la pérdida del ciclo del agua” y otros impactos sociales como la falta de “recursos naturales para la población” e incluso “en ocasiones lleva a la migración”, como recopila la ong WWF.
Árboles jóvenes, árboles maduros
En Europa, la superficie boscosa ha ganado terreno. “Contrariamente a la opinión extendida el área de bosque crece, al contrario de lo que ocurre en otras partes del mundo”, según informa Eurostat que indica que en la UE hay 182 millones de hectáreas de bosques “y otras tierras arboladas”. Sin embargo, también la Unión Europea está detrás del impulso del cultivo de por ejemplo, la soja y la palma, dos de los cuatro productos cuya obtención más deforesta.
La UE es uno de los principales importadores mundiales de soja y aceite de palma (no cultivados en sus estados miembro). La producción mundial de las semillas ha escalado de los 250 millones de toneladas en 2010 a los 350 millones en 2017, según el Consorcio Internacional de Cereales.
La UE compra una media de más de 13 millones de toneladas anuales de soja. Y España es uno de los principales actores con más de tres millones. A eso hay que unirle la importación de harinas de soja. Casi el 90% de la producción va destinada al pienso para ganadería y acuicultura. España utilizó en 2017 3,6 millones de toneladas de harina de esta semilla para fabricar piensos (un 4,8% más que en 2016), según el Ministerio de Agricultura.
Respecto al aceite de palma, la UE importó más de siete millones de toneladas en 2016. España es el segundo comprador, detrás de los Países Bajos, con 1,5 millones de toneladas aproximadamente. Apenas un 26% tenía certificación de “sostenible”, según la Organización Europea de Palma Sostenible. Una suerte de deforestación externalizada.
España también muestra estadísticas sobre el aumento del terreno boscoso: un 30% de ganancia desde 1990 hasta ocupar 18 millones de hectáreas aunque los bosques están cada vez en peor estado. El Inventario de Daños Forestales del Ministerio de Transición Ecológica muestra “un claro empeoramiento del estado general del arbolado”. El porcentaje de árboles sanos controlado ha pasado del 85% en 2014 al 72% en 2017. WWF añade que los bosques españoles solo ocupan un tercio de su espacio potencial.
Y las amenazas, en España y el resto de la Unión Europea, siguen ahí. Los analistas de la Declaración de Nueva York explican que hasta un 19% de la deforestación se produce por la búsqueda de recursos: petróleo, gas y minería.
No hay que buscar muy lejos: el pasado 5 de octubre, un juez paralizó la tala del bosque de Hambach (Alemania) para ampliar la explotación de carbón de la minera RWE. La decisión final está pendiente. En España, se vive un repunte de los proyectos mineros que intentan aprovechar la escalada de precios de materiales como el wolframio, el cobre o el litio. Solo los trabajos previos del proyecto de mina de uranio en el este de Salamanca ya se ha cobrado la tala de cientos de encinas.
Las compañías esgrimen sus medidas compensatorias, como la plantación de nuevos ejemplares, a modo de salvaguarda ambiental. Los analistas de la deforestación dejan claro que no es lo mismo un bosque maduro que otro recién plantado: “Es improbable que los bosques jóvenes compensen las emisiones de carbono. Su estructura y funciones son muy diferentes”.