“Mi niña tiene cuatro años y medio, es de origen rumano pero indocumentada, hemos sufrido todo lo que conlleva ser una niña sin papeles, invisible, como no poder pedir ayudas para su discapacidad, ni una beca, ni viajar fuera de España”, explica a Efe Justi Carretero, una de las 215 familias que tiene acogidos a menores rumanos en España.
La hija de Dionisia Segovia, una adolescente rumana de 16 años, dejó los entrenamientos de baloncesto porque no podía federarse al no tener pasaporte. “Cuando llegó al instituto se le complicaron aún más las cosas, no podía hacer intercambios, ni salir de excursión con sus compañeros, por supuesto, no tiene derecho a becas porque no existe”, relata.
Las familias de acogida de niños rumanos han vivido con angustia la falta de documentación de sus hijos -denuncian-, aunque tras varios años de lucha celebran la solución legal alcanzada entre España y Rumanía, que facilitará a los menores su pasaporte, una filiación para poder llevar una vida normal, como cualquier otro niño.
En España hay más de doscientos menores bajo la tutela de las administraciones -en centros o familias de acogida- cuyos padres biológicos son rumanos; algunos menores nacieron en España pero no están registrados, otros en Rumanía pero no tienen renovado el pasaporte, entre otras circunstancias.
“Al estar tutelados por las administraciones, la educación y la sanidad la tenían asegurada, tenían su nombre real, pero para hacer cualquier gestión había que explicar y argumentar la situación social del niño, porque son niños que para el sistema no existen, no tienen ninguna filiación”, insiste Carretero, que preside la Asociación de Familias de Acogida de España (Fades).
Esta asociación denunció ante instituciones europeas la exigencia de Rumanía de iniciar un procedimiento judicial para solicitar o renovar los pasaportes de sus hijos de acogida. Esta exigencia ha provocado que muchos de ellos hayan pasado años en un limbo legal.
Tras varias reuniones de representantes de Exteriores, Justicia y Sanidad con autoridades rumanas se ha logrado un cambio en la tramitación, que se hará a través de sus consulados en España, que ya han iniciado los trámites en algunas comunidades donde viven los niños.
Los padres han vivido esta situación con angustia, relata Justi, porque “nuestros hijos son invisibles para el sistema”, la mayoría solo tenemos una partida de nacimiento y el documento que nos legitima la acogida.
“Todavía persiste la impaciencia entre las familias, han sido muchos meses de lucha, hasta que no vean a sus hijos con su pasaporte en la mano”, cuenta.
RUMANÍA HA PEDIDO A SUS CONSULADOS QUE EMITAN LOS PASAPORTES
El director general de Servicios para las Familias y la Infancia, Ángel Parreño, explica que la legislación rumana establece que cualquier decisión sobre un menor debe ser adoptada por un juez y ese país trasladaba esa interpretación a la aplicación de la normativa europea para resolver una resolución administrativa, la expedición de los pasaportes.
“Finalmente se convencieron de que no era así y han cursado una instrucción general a todas las embajadas y consulados rumanos en España, que son los que emiten la documentación para estos niños, de origen rumano y sin posibilidades de volver con sus familias porque se desconoce su destino o porque las condiciones de esa familia no son las adecuadas”, asegura a Efe Parreño, que ha sido unos de los interlocutores con la administración rumana.
“El proceso ha comenzado y los resultados son muy satisfactorios porque ya se ha empezado a documentar a los niños”, añade el director de Familia, quien ha destacado que consulado y administración autonómica que los tutela deberán estudiar caso a caso.
Una vez obtenido el pasaporte rumano, el objetivo de muchas familias es solicitar la nacionalidad española para sus hijos, apunta Dionisia Segovia, que pertenece a la Asociación de Familias Acogedoras (ASEAF). “Muchos de ellos han nacido en España y los que no, han vivido muchos años aquí y han roto los lazos familiares con sus familias rumanas, se sienten españoles”.
Ana Rodrigo