Demandado un historiador por publicar que Jaime del Burgo era jefe de requetés cuando se produjo la mayor matanza de republicanos de Navarra

El historiador Fernando Mikelarena Peña, profesor universitario desde hace 30 años, autor de media docena de libros y de más de un centenar de artículos publicados en revistas científicas, ha sido demandado por Arturo del Burgo Azpíroz, hijo del exdiputado de UPN-PP Jaime Ignacio del Burgo y nieto de Jaime del Burgo Torres.

El asunto de la denuncia gira en torno a un hallazgo del historiador sobre Jaime del Burgo. Tanto en su libro Sin piedad, limpieza política en Navarra 1936. Responsables, colaboradores y ejecutores, como en el artículo Saca de Tafalla-Moreal de 21/10/1936, publicado hace unos meses, Mikelarena relata que Jaime del Burgo fue jefe de requetés de Navarra desde el 18 de octubre del 36 hasta, al menos, el 27 del mismo mes, por designación de Esteban Ezcurra.

Así consta en una nota publicada en varios diarios, como Pensamiento Navarro, con fecha de 16 de octubre de 1936, donde Ezcurra informa de que “teniendo precisión de ausentarme de esta plaza y en tanto dure mi ausencia, vengo a disponer: que en mi ausencia actual me sustituya con plena representación de las facultades que me han sido conferidas el capitán don Jaime del Burgo Torres”.

Según ese hallazgo de Mikelarena, durante esos días en que del Burgo ocupó la jefatura de requetés se produjo en Navarra la mayor matanza de republicanos, conocida como la saca de Tafalla, donde 64 personas fueron fusiladas en La Tejería de Monreal el 21 de octubre de 1936. La jefatura de requetés se ubicaba en Escolapios, “donde había una cárcel privativa de los carlistas y se ubicaba dicho Tercio Móvil, la unidad represiva de los tradicionalistas”, señala el historiador en el artículo por el que ahora le demandan.

En él relata que hay elementos “que hacen pensar que el Tercio Móvil [dirigido por Del Burgo] no pudo estar en Monreal”, donde se produjo la matanza, y explica que nadie vio a Del Burgo en el lugar de la saca “a pesar de que era una persona muy conocida en Pamplona y en toda Navarra”.

Sí añade que la única persona citada explícitamente en algún testimonio “como actuante en Monreal”, el sacerdote Luis Fernández Magaña, “era precisamente el capellán castrense del Cuartel de Requetés de Escolapios, lo que hace pensar que personal de dicho cuartel [donde estaba la jefatura y Del Burgo al mando de la misma] estuvo involucrado en los asesinatos”.

También menciona que la viuda de León Pérez Echarri, uno de los 64 asesinados en la matanza de Monreal, solicitó “que fuera citado para comparecer como testigo el peralés Antonio Tapiz Díaz, en cuya ficha de combatiente se manifiesta su pertenencia al Tercio Móvil, donde había desempeñado 'admirablemente todos los servicios encomendados por sus jefes”.

Entre los compañeros de Tapiz Díaz en dicha unidad estuvo Juan Mañú Flamarique, “de 43 años de edad, casado y con cinco hijos, que afirmó que había ingresado en ella el 9 de septiembre en Pamplona ”para el fusilamiento de enemigos detenidos“.

La demanda

Todo este relato es el objeto de la demanda de conciliación presentada por Arturo del Burgo Azpíroz, paso previo requerido para interponer una querella criminal por injurias y calumnias. En la misma, del Burgo Azpíroz exige que Mikelarena Peña “reconozca la autoría del libro La [des]memoria de los vencedores. Jaime del Burgo, Rafael García Serrano y la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz, publicado por editorial Pamela en 2019, así como del artículo que con su firma y bajo el título Saca de Tafalla-Moreal de 21/10/1936 se publicó el 17 de octubre de 2020”.

También solicita que el historiador reconozca “que no ha encontrado prueba alguna que implique a Jaime del Burgo, ni directa ni indirectamente, en la comisión de ningún asesinato ni acto alguno de represión, incluidos los asesinatos conocidos como la saca de Tafalla de octubre de 1936”. Y se le pide además que “reconozca que no era su intención dañar el honor y buen nombre de Jaime del Burgo, implicándolo en unos hechos que le fueron del todo ajenos”.

Basta con leer su libro y su artículo para ver que certifican su cometido de historiador y no traspasa esa línea, señala el comunicado de apoyo a Mikelarena

Apoyos al historiador

Varias personas, algunas historiadores o del movimiento memorialista, integrantes del Ateneo Basilio Lacort, han expresado públicamente su apoyo al demandado, con la publicación de un artículo en el que destacan que Mikelarena “es un reputado y respetado historiador a quien esta vez le ha tocado en desgracia una querella de las que la familia Del Burgo tiene depositadas en su arsenal de querellas, y que viene motivada por algunas consideraciones que el historiador realiza en sus trabajos, a lo largo de su labor histórica e investigadora, y que han soliviantado el honor de la familia Del Burgo”.

También señalan que cuando se produjo la matanza de Monreal “Del Burgo era jefe de Requetés de Navarra, temporalmente, sí, pero a todos los efectos. Jefe es una palabra que todo el mundo entiende y, aunque se le busquen matices, equivale a superior, director, principal, gerifalte, jerarca, caudillo, mandamás, nagusia, etcétera”.

Y añaden: “Las afirmaciones de Mikelarena ahí están. Basta con leer su libro y su artículo para ver que certifican su cometido de historiador y no traspasa esa línea, aunque sí nos ilustra de lo que el Requeté y su Tercio Móvil realizaba en su cuartel de Escolapios de Pamplona, lugar siniestro para la memoria”. Además afirman que Jaime del Burgo Torres consideró la Guerra Civil una cruzada y “la justificó llamándola guerra santa”.

“Datos y testimonios”

En conversación con elDiario.es Mikelarena señala que en sus publicaciones él se limita a aportar y reproducir “diversos testimonios sobre la cuestión y algunos datos objetivos” y explica que el artículo publicado en octubre de 2020 es un resumen de lo que ya contó antes en su libro Sin piedad, limpieza política en Navarra 1936. Responsables, colaboradores y ejecutores, que ganó el Premio Euskadi de Literatura en su modalidad de ensayo en lengua castellana, concedido por el Gobierno vasco.

“Yo mismo remarco en el artículo que sencillamente nadie vio a del Burgo allí [en la matanza]. Simplemente Jaime del Burgo estaba al frente de la Jefatura de Requetés de Navarra, en el cuartel de Escolapios, donde había una cárcel requeté”, cuenta.

Asimismo recalca que trabaja “con datos documentados y objetivos” y se define como un historiador “muy pegado a lo que dice la documentación, no voy más allá de lo que dicen los documentos. Incluso me gustaría señalar que hay una parte de mi libro en la que exonero a Jaime del Burgo de una acusación que lo vinculaba con el asesinato de una persona en Pamplona. Él no pudo tener relación con ese caso porque, en el momento de ese asesinato, Del Burgo ya había partido hacia el frente de Somosierra. Estoy siempre muy pegado al dato y no hay animadversión alguna por mi parte”, subraya.

No es la primera vez que la familia Del Burgo presenta una demanda por injurias. Lo hizo en 2016, en esa ocasión a través de Jaime Ignacio del Burgo, diputado de UPN-PP entre 1989 y 2008, contra el pintor José Ramón Urtasun, por una exposición sobre memoria histórica en el Parlamento de Navarra. Jaime Ignacio del Burgo –quien, según Bárcenas, habría recibido sobres con dinero negro– consideró que en esa exposición su padre resultaba injustamente tratado.

“Lo cierto es que su padre ni siquiera aparecía en los cuadros”, explica el pintor Urtasun en conversación con elDiario.es. “Consideró que salía injustamente tratado en unos comentarios del catálogo de la exposición, que ni siquiera son míos, sino de un grupo de escritores, artistas y familiares de asesinados que colaboraron desinteresadamente. Y parte de ese catálogo recoge testimonios de los propios ofendidos”.

“Aprovechamos para montar de nuevo la exposición en un pueblo cercano a Pamplona el día en que yo tenía que acudir al acto de conciliación”, relata Urtasun y comenta que Jaime del Burgo dedicó uno de sus libros a Millán Astray. “En él incluía fotos que mostraban cómo entrenaban para preparar el golpe contra la República. Él siempre iba armado, fue a la Italia fascista a entrenarse en tácticas militares y guerrilla urbana”.

No es la primera vez que un historiador o académico es demandado en España por escribir sobre determinadas personas o familias y vincularlas a la represión golpista. Los casos del historiador Dionisio Pereira, denunciado por la familia de un alcalde falangista, o el del catedrático de literatura Juan Antonio Ríos, demandado por el hijo de Antonio Luis Baena Tocón, han sido algunos de los más sonados, pero no los únicos. Ante ambas denuncias, diversos académicos e historiadores salieron en defensa de los demandados y de la libertad de investigación y publicación.