El abuso sexual denunciado en Gran Hermano hace dos años: doble violencia ante las cámaras sin casi repercusiones
El reality de Telecinco Gran Hermano grabó a la concursante Carlota Prado mientras los responsables le enseñaban el vídeo de lo ocurrido la madrugada anterior. Era noviembre de 2017 y, dos años después, José María López, su entonces pareja dentro de la casa, está a punto de ser juzgado acusado de haber cometido un delito de abuso sexual, según las revelaciones hechas por El Confidencial. La magistrada ha finalizado la instrucción del caso y ha encontrado indicios de delito en los hechos. Esos hechos que el programa le mostró a Carlota sin previo aviso.
El caso supone, según las expertas consultadas, una vuelta de tuerca de la revictimización de las mujeres que sufren violencia sexual; es decir, el daño extra al que son sometidas por parte del sistema, la justicia y la sociedad. “Es el ejemplo de cómo se suele articular la respuesta ante las víctimas: naturalizando el hecho en sí. Forma parte de la cultura de la violación, que está integrada en la mirada social y que lleva a que el programa no haya asumido ninguna responsabilidad”, explica Montse Pineda, especialista en violencia sexual y coordinadora de la ONG Creación Positiva.
Los acontecimientos se sucedieron en la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid) durante una fiesta en la que el acusado se habría aprovechado del estado de embriaguez de la concursante para abusar de ella. Ello sin que los responsables del programa interrumpieran lo que estaba ocurriendo más allá de las llamadas por megafonía –según publicó El Confidencial– ni avisaran al personal de seguridad que está disponible para entrar en cualquier momento. Gran Hermano sí denunció a la Guardia Civil, pero Carlota ha cargado contra el reality porque considera que “podría haber evitado que abusasen de mí”.
Aunque la denuncia se interpuso menos de un día después –y tras un mes, hizo lo mismo ella–, la exconcursante critica que tardaran en expulsar a José María López unas horas, durante las que “estaba con él como si nada”. En ese momento, Carlota no sabía lo que había ocurrido la noche anterior y solo se enteró cuando el 'Súper' –la persona que les habla por megafonía– le llama al 'Confesionario', la sala que usan para comunicarse con los concursantes, y le ponen las imágenes.
En el vídeo que ha trascendido esta semana (no fue emitido), se puede observar cómo la víctima pregunta en reiteradas ocasiones qué ocurre, empieza a comprender lo sucedido mientras ve las imágenes y entra en estado de nerviosismo al tiempo que pide salir de la sala. Aunque ella solicita hablar con sus amigos de la casa, el programa le asegura que la organización “ha tomado una decisión por una actitud” (sic), pero “esto quedará con José María y contigo, no puede extenderse a la casa”.
En un momento dado, GH le ofrece atención psicológica, pero ella ya ha visto lo sucedido sin ni siquiera ser consultada ni avisada de lo que estaba a punto de contemplar. “Si me llegan a preguntar, hubiera dicho que no. No hubiese querido tener para el resto de mi vida esa mierda en la cabeza”, ha dicho ella misma dos años después. Ni la productora, Zeppelin TV, ni Mediaset España están acusadas en el procedimiento. En aquel momento, la edición de Gran Hermano se siguió emitiendo y la cadena llegó a 'explotar' el caso en la siguiente gala. Zepelin no ha respondido a las cuestiones planteadas por este medio y Mediaset se remite al comunicado que publicó cuando ocurrieron los hechos.
Una exposición “brutal” a las imágenes
Para las expertas consultadas el caso va más allá y evidencia la “ceguera social” que “suele desplegarse ante la violencia sexual” porque “pasaron las horas hasta que se dieron cuenta de que lo que se había producido podía ser una agresión sexual”, señala Encarna Bodelón, doctora en Derecho y directora del Grupo de Investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona. “Y no solo eso. Es que la respuesta no es la adecuada. Que expongan a la víctima a la grabación de su propia violación es de una gravedad y de un impacto emocional brutal”.
Con ella coincide Pineda, que asegura que lo ocurrido es en sí mismo “una multiplicidad de violencias” que no solo se reducen al hecho, ya de por sí de extrema gravedad. “El primer daño es la agresión, pero además es que nadie le ofrece ayuda en ese momento, nadie interviene de manera eficaz y además le exponen a las imágenes. No hay un acompañamiento y no se le ofrece apoyo desde el principio. Esto va más allá de la revictimización, es una violencia muy grave”.
Según el auto de la jueza, José María se introdujo en la cama de la mujer y tapó a ambos con el edredón “observándose una manipulación interna en la que él pudiera ser que estuviera quitando los pantalones y las bragas a Carlota”. Ella “le comunicó, sin apenas fuerza, la frase 'no puedo' y le hizo un gesto con la mano con el que pudo manifestarle que parase su acción”. Ella se encontraba “sin apenas moverse, boca arriba y con los ojos cerrados” y llegó incluso a decir “quita” a José María y “darle la espalda”.
“¿Qué hubiera ocurrido si hubiera sido una bofetada?”, se pregunta Montse Pineda. “Que el programa hubiera intervenido sí o sí. Esto revela que socialmente pensamos que la violencia sexual es algo 'normal' y esto está integrado en la mirada de quien la ve”. A ello se suma la inexistencia de un protocolo de actuación y medidas de prevención para enfrentar estas situaciones y proteger a las víctimas. En España, según los últimos datos del Ministerio del Interior, se interponen casi 40 denuncias al día por delitos contra la libertad e indemnidad sexual –7.258 de enero a junio de 2019– y la cifra se ha incrementado en los últimos años.
El hecho de que la situación se produjera entre los miembros de una pareja es otro de los elementos que, de acuerdo con las expertas, normalmente influyen en la minusvaloración de este tipo de violencia, puesto que “aunque se da mayoritariamente entre conocidos, el estereotipo sigue siendo el de un desconocido agrediendo a una mujer por la calle y de noche”, señala Bodelón, para la que esto implica “una normalización de la violencia sexual en el seno de las parejas”.
Por último, cuestiona una vez más la diferencia que el Código Penal hace entre el delito de agresión sexual –para el que debe existir violencia e intimidación– y abuso sexual. Una distinción que ya puso sobre la mesa el caso de 'la manada' y el de la violación de Manresa, sentenciada hace escasas semanas, y que, tanto el ámbito político como jurídico, coincide en eliminar. “¿Qué pasa cuando una mujer es agredida estando borracha? Que es abuso y no violación. Sin embargo, para ella tiene un impacto emocional brutal y se está vulnerando igual la libertad sexual de la mujer”.
