Varios juzgados tendrán a partir de este miércoles sobre la mesa denuncias contra 38 alcaldes por desobediencia. Se les acusa de haber incumplido presuntamente la ley de memoria histórica por no haber retirado los símbolos que conmemoran la Guerra Civil y la dictadura franquista. Una de las demandadas es Ana Botella, que, según recoge el texto que se presentará este miércoles en el juzgado de plaza de Castilla, dirige un Ayuntamiento, el de Madrid, que mantiene un total de 12 “vestigios” de esa etapa.
El abogado Eduardo Ranz Alonso, que impulsó la querella contra el portavoz del PP por acusar a las víctimas del franquismo de acordarse de sus antepasados solo al hablar de subvenciones, presentará sendas denuncias contra los regidores de 38 ciudades en las que aún quedan rastros de homenajes a los franquistas.
Los escritos acusan a los alcaldes de desobediencia por haber incumplido la normativa vigente desde 2007, que establece que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.
Según el demandante, que se ha apoyado en el trabajo de campo de un historiador, en la capital todavía hay 12 “vestigios” franquistas que deben ser retirados, como el Arco de la Victoria, que se encuentra en la entrada a Madrid por la carretera de A Coruña.
El Arco de la Victoria
El texto dirigido contra Botella, al que ha tenido acceso eldiario.es, también destaca la presencia de dos escudos de la dictadura en el edificio que alberga el Ministerio de Exteriores, así como una placa colocada durante la inauguración de ese espacio, que reza “fue erigido por gracia extraordinaria iniciado siendo supremo gobernador español Francisco Franco Bahamonde”. Incluye, además, otros cinco lugares pertenecientes a Defensa que siguen haciendo apología del franquismo y varios escudos presentes en edificios oficiales.
El impulsor de la denuncia considera que Botella ha incurrido en un delito de desobediencia, recogido en el Código Penal y castigado con una pena de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años, al haber incumplido la normativa. El redactor del texto recuerda que no solo no se han retirado los símbolos, sino que el Ayuntamiento tampoco ha elaborado el “catálogo de vestigios” que fijaba el texto legal aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El denunciante aprovechará el aniversario de la proclamación de la primera República para demandar a otros 37 alcaldes por la misma conducta. Entre ellos se encuentran los regidores de Huelva, Córdoba y Salamanca. También Vigo y Zaragoza, gobernadas por el PSOE.
Además de los 12 lugares franquistas localizados en Madrid, el abogado enumera más de 40 incumplimientos de la ley de memoria histórica en las demás localidades.