Las denuncias por violencia sexual han crecido un 60% en los últimos seis años
893 cada mes. 28 al día. Más de una cada hora. Es el número de denuncias interpuestas por agresión y abuso sexual en 2018. La cifra no ha dejado de crecer en los últimos años y ha pasado de las 6.732 en 2012 a las 10.727 del año pasado, un aumento del 60%, según los datos del Ministerio del Interior. Las denuncias de delitos sexuales en general (que además de agresión y abuso incluyen acoso sexual y pornografía de menores, entre otros) tampoco han dejado de incrementarse, en concreto un 53% en los últimos seis años. El Gobierno publica periódicamente los balances de criminalidad sin desglosar por tipo de delito, pero eldiario.es ha accedido a los datos concretos referidos a la violencia sexual.
Interior acaba de sistematizar los datos de delitos relativos al último trimestre de 2018. Esas cifras muestran que, de los últimos seis años, el mayor aumento de denuncias por delitos sexuales, que incluyen la violencia sexual que sufren los menores, se produjo entre 2017 y 2018. Así, estos últimos aumentaron el año pasado un 23,1% con respecto a 2017, principalmente debido al incremento de los abusos con y sin penetración y de las agresiones sin penetración –las que sí la implican se mantienen prácticamente igual–. Hasta ahora, esta cifra había tenido su pico en 2016, cuando crecieron un 14,6% con respecto a 2015. El 90% de las víctimas de estos delitos son mujeres.
Fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska asocian estas estadísticas a “una mayor conciencia social” que ha posibilitado “que el umbral de la denuncia sea más bajo”. “Antes había conductas que la mayor parte de la sociedad no consideraba delito, y ahora sí”, asumen. Aunque los datos siguen representando la punta del iceberg de esta realidad, habitualmente oculta, en los últimos años se ha dado una ruptura del silencio sin precedentes. Tanto el caso de 'la manada' como el movimiento #MeToo y el #Cuéntalo español han logrado poner en el centro del debate de la violencia sexual. Junto a ello, cada vez más personas revelan que han sido víctimas de abuso en la infancia, en parte, gracias a los casos desvelados en el seno de la Iglesia Católica.
Con ello coinciden las expertas consultadas para este reportaje, que insisten en diferenciar el aumento de denuncias del aumento de casos. “Es importante decir que no es que ahora haya más violencia sexual, sino que hay una mayor sensibilización. Creo que el silencio sí se está rompiendo”, señala Bárbara Tardón, experta en violencia sexual y autora de la reciente investigación de Amnistía Internacional Ya es hora de que me creas.
En cuanto a los delitos sexuales totales, los datos del Ministerio del Interior revelan que en 2018 hubo 13.782, un 18% más que en 2017, cuando se registraron 11.692 y un 53% más que hace seis años (9.008). Este dato también experimentó su mayor alza el año pasado, puesto que el porcentaje de aumento nunca había llegado al 10%. Por tipo de delito, y con respecto a 2012, todos crecieron salvo el de corrupción de menores, los delitos relativos a la prostitución y el de agresión sexual sin penetración, que presenta los mismos niveles de denuncia.
La influencia de 'la manada'
“Yo creo que 'la manada' ha marcado un antes y un después en cuanto a la sensbilización que se tiene sobre este tema”, remarca Tardón. De hecho, el número de denuncias de agresiones y abusos registradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha experimentado los mayores ascensos desde 2016, el año en que un grupo de hombres violó a una joven en los Sanfermines. Así, en 2015 hubo 7.006 para pasar un año después a las 8.026 (un 14,6% más). En 2017 la cifra llegó a las 8.716 denuncias (un 8,6% más) hasta alcanzar las 10.727 de 2018. En los años anteriores, aunque también aumentaron, no llegaron a las 7.000.
Los datos desglosados que maneja Interior diferencian entre agresión y abuso sexual porque así lo hace el Código Penal, de forma que el primer tipo penal precisa de violencia e intimidación en la comisión de los hechos. Algo que se extiende también a los casos de niños y niñas, que mayoritariamente son víctimas de delitos calificados por los tribunales como abuso sexual. Esto es así porque al ser hechos perpetrados mayoritariamente por personas –en su mayoría hombres– del entorno del menor, no necesitan de fuerza física directa para agredir. Algo similar a lo que ocurrió con 'la manada', un caso en el que los jueces consideraron que no medió este tipo de violencia.
De hecho, este ha sido uno de los debates clave del último año a raíz de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que condena a los cinco hombres por un delito de abuso sexual con prevalimiento y les absuelve de la agresión sexual que pedían la Fiscalía y la acusación particular. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra el pasado diciembre, pero el voto particular de dos magistrados sí vio la comisión de un delito de agresión sexual por la intimidación ambiental que observó en los hechos.
El caso generó ya desde que se hiciera pública la denuncia de la joven una enorme repercusión mediática que tuvo dos momentos importantes posteriores con una enorme contestación en la calle: por un lado, la celebración del juicio en noviembre de 2017 y por otro, la sentencia, que generó una masiva respuesta social y del movimiento feminista. Estos dos puntos coinciden con picos de intensidad de búsqueda en Google de palabras como “violación” o “la manada”, según muestra Google Trends.
Para Montse Pineda, coordinadora de la ONG especializada en violencia sexual Creación Positiva, el caso de 'la manada' ha tenido dos efectos claros y menciona la dificultad de discernir cuál de los dos influye más y de qué manera. Así, considera que el periplo judicial y social que tuvo que atravesar la víctima, que incluso llegó a estar vigilada por detectives contratados por la defensa, y la sentencia, con su polémico voto particular, “pusieron de manifiesto la revictimización a la que el sistema somete a las mujeres, lo que puede hacer que nos lo pensemos tres veces antes de denunciar”. Sin embargo, la respuesta de la ciudadanía y el “yo sí te creo” hace “que las mujeres perciban que es algo que como sociedad nos empezamos a tomar en serio y se sientan acompañadas, lo que favorece la posibilidad de que muchas inicien el proceso”.
Más allá de la denuncia
Lo mismo está ocurriendo, señalan las expertas, con la violencia sexual cometida contra contra los menores de edad. Una realidad silenciada que cada vez tiene una mayor presencia en el debate público. Las personas que sufren este tipo de violencia, recuerda Pineda, suelen tener plena consciencia de lo sucedido y empezar a hablar pasados bastantes años, cuando ya ha prescrito el delito, por lo que “hay que tener en cuenta que estas denuncias son recientes”. De hecho, varios colectivos de víctimas se han movilizado en los últimos meses para exigir el aumento de los plazos de prescripción de estos delitos, algo que el Gobierno incluyó en su proyecto de ley de violencia contra la infancia que finalmente no podrá aprobar.
Aunque las expertas celebran que cada vez más casos llegan a las instituciones, también apuntan a que las agresiones y abusos sexuales son un tipo de delito caracterizado por “una enorme bolsa de criminalidad oculta”, en palabras de la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, María Acale. La experta reivindica una “correcta” respuesta penal y judicial, puesto que “las víctimas que denuncian siguen viviendo un proceso absolutamente revictimizador” y lamenta que el Gobierno no haya modificado el Código Penal para eliminar la distinción entre agresión y abuso. Esta previsión fue la que el grupo de expertos nombrado para tal fin propuso al Ministerio de Justicia a raíz del caso de 'la manada', pero que aún no se ha llevado a cabo.
Al margen de la denuncia, las expertas urgen en saber qué ocurre después, cuántas siguen su curso y si acaban o no en sentencia condenatoria, una información que ni el Ministerio del Interior ni el Consejo General del Poder Judicial ofrecen. “Es fundamental que sepamos en qué quedan. Si al final el sistema judicial no te cree, da igual que se interpongan denuncias porque la reparación no será suficiente”, argumenta Tardón. A ello se suma el déficit en recursos públicos, tal y como denuncia Amnistía Internacional, que señala la práctica ausencia de políticas públicas sobre violencia sexual y apunta a un dato: ni siquiera la mitad de las comunidades autónomas cuentan con centros especializados para víctimas de este tipo de delitos.
